Los agronegocios exigen la expansión agrícola, y el Gobierno brindó todo el apoyo a través de la promulgación de diferentes leyes y decretos para ampliar la frontera
La quema de pastizales es una práctica común entre los ganaderos, una parte significativa de los incendios recientes se han dado en las zonas de ampliación de la ganadería extensiva y a costa de tierras fiscales, publicó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en su Facebook.
Colque señala que los incendios si bien se registraron en zonas de ampliación ganadera, también en tierras fiscales. En una entrevista con la Deuch Welle, opinó que el gobierno cree que la agricultura a gran escala será la nueva locomotora de la economía, convirtiendo a Bolivia en exportador de soya y productor de biocombustibles.
“Especialmente en la zona de San Ignacio de Velasco y San Matías, la suma de las grandes propiedades ganaderas y tierras fiscales representa fácilmente más de la mitad del área incendiada, todo esto dentro de la franja de expansión futura estimada por Muller y otros. En la zona, en menor medida aparecen tanto nuevos asentamientos como menonitas”, opina en su Facebook.
Explica que al menos dos hechos deben llamar la atención, el primero es que los datos sugieren que los grandes ganaderos están apropiándose de tierras fiscales a un ritmo acelerado mediante la titulación expedita de sus tierras y cambiando el uso del suelo mediante la quema de tierras fiscales.
El segundo punto que observas el director de la Fundación Tierra es que al parecer los brasileños tienen control creciente de las haciendas ganaderas (y de la cadena de producción de carne bovina).
“Esta presencia de capitales brasileños es mucho más visible en las zonas adyacentes a la frontera, no es nueva y tampoco exclusiva del sector ganadero, sino que tiene vínculos con el negocio de la soya”, apuntó.
ACUERDO CON LA NORMA
Tanto el Gobierno como los ganaderos están de acuerdo con el decreto Supremo 3973, que autoriza desmontes y quema de pastizales, aunque las autoridades señalan que la norma amplia a Beni, las mismas tareas.
Como se recordará hace algunos días atrás Diego Ayo reveló el negocio que se estaría gestando en la zona del incendio, y en donde estarían involucrados familiares del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras.
Este medio envió el audio a los responsables de comunicación del Ministerio, pero a la fecha no hay una respuesta.
En los últimos días presentaron cronogramas de reuniones entre el sector campesino de Santa Cruz con ejecutivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), así como listas de distribución de hectáreas a organizaciones comunitarias.
ARGUMENTO
También la Plataforma Agroecológico del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores agroecológicos, apicultores, recolectores, transformadores, consumidores, centros académicos, organizaciones públicas y privadas, científicos y activistas, denunciaron que la causa del incendio obedece al modelo agronegocio, que ha impuesto sus intereses inmediatos a costo del presente y del futuro del país.
En Bolivia, en los últimos años, se ha aprobado decretos supremos, leyes y resoluciones que favorecen y protegen la expansión de ese modelo. La ley 337 perdonó los desmontes ilegales; la 741 autoriza y amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas; la 1098 promueve el uso de aditivos de origen vegetal o ley del etanol; la 1171 autoriza el «uso y manejo racional de quemas»; y el Decreto Supremo 3973 se autoriza desmontes para incrementar la frontera ganadera y agrícola en los departamentos de Beni y Santa Cruz, sin respetar los Planes de Uso de Suelo, que establece claramente que la región donde se quemó, más de un millón de hectáreas, tiene vocación forestal.
REPORTES
Mientras los reportes señalaban que el fuego consumió alrededor de un millón de hectáreas en la Chiquitania, las autoridades se empeñan en indicar que la afectación a la zona boscosa no es la superficie total.
Entre tanto, los últimos reportes señalan que los incendios afectaron a 2,1 millones de hectáreas de bosques y pastizales, y que el mismo alcanzó a 8 áreas protegidas, y que la mayor superficie quemada se encuentra en Santa Cruz.
Según un reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza, a la fecha, los municipios con mayor superficie quemada en Santa Cruz son San Matías con 321.088 Ha, Charagua con 289.803 Ha, San Ignacio de Velasco con 209.493 Ha, Puerto Suárez con 137,340 Ha, San Rafael con 137.340 Ha, San José de Chiquitos con 110.622 Ha, Roboré con 95.742 Ha y Carmen Rivero Torrez con 83,896 Ha, según informó ANF.
Entre tanto, en el departamento de Beni, los municipios más afectados son San Ramón con 194.070 Ha, Exaltación con 151.780 Ha, Santa Rosa con 57.748 Ha y Reyes con 53.212 Ha. En La Paz, se han cuantificado 59.313 Ha quemadas en el municipio de Ixiamas.
Fuente: Periódico El Diario
