El Gobierno autorizó la exportación de 880 mil toneladas de grano, una medida que mejora el mercado interno, pero el sector insiste en que la competitividad solo llegará con una liberación plena y sostenida
La autorización del Gobierno para exportar 880 mil toneladas de grano de soya marca un punto de inflexión en la campaña agrícola 2025-2026. Para los productores, se trata de una señal positiva en un momento clave, cuando se aproxima la cosecha de verano y se requiere dinamizar la comercialización. Sin embargo, el sector insiste en que la medida sigue siendo parcial y que el objetivo estratégico continúa siendo la liberación plena de las exportaciones de soya y sus subproductos.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) informó que la autorización fue establecida mediante la emisión de un único certificado de abastecimiento interno, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Este mecanismo elimina la necesidad de gestionar permisos individuales por cada operación de exportación, permitiendo que el volumen autorizado pueda salir de manera inmediata.
Para el presidente de ANAPO, Abraham Nogales, la medida representa un avance práctico en un escenario de restricciones prolongadas. “No se dio en los términos que habíamos solicitado, pero sirve en lo inmediato y es un avance para mejorar los precios de esta cosecha”, señaló.
Un respiro para el mercado interno
La liberación de 880 mil toneladas llega en un momento sensible. Con una producción nacional estimada en 3,5 millones de toneladas para la campaña 2025-2026, el volumen autorizado representa alrededor del 25% del total, cuando el sector había solicitado que se libere al menos el 60%, como lo establecía el Decreto Supremo 3920.
Este desbloqueo parcial permite que el productor tenga mayor poder de negociación frente a la industria, lo que tiende a mejorar los precios internos. En campañas anteriores, las restricciones a la exportación provocaron sobreoferta interna y caída en el precio del grano, afectando directamente la rentabilidad.
Desde ANAPO destacan que la medida ayuda a evitar cuellos de botella en los centros de acopio y reduce la presión logística en plena cosecha. No obstante, advierten que mantener un sistema de autorizaciones temporales genera incertidumbre para el productor, que no sabe si podrá vender libremente su producción más adelante.
Subproductos: señales mixtas
Entre los aspectos positivos, el sector resalta la eliminación de cupos y bandas de precios para la harina y la cascarilla de soya, lo que permite que los acuerdos se definan directamente entre privados, especialmente entre la industria aceitera y los sectores pecuarios.
Sin embargo, persisten mecanismos de control como los convenios de abastecimiento y la obligación de reportar compras y ventas cada 15 días. Para ANAPO, estos controles siguen siendo una traba administrativa innecesaria que entorpece la cadena productiva.
Otro punto sensible es la fijación de un precio máximo para el aceite de soya, extendido también al aceite de girasol. “Más allá del valor establecido, preocupa la señal que se envía al mercado cuando el Estado fija precios”, advirtió Nogales. Desde la óptica productiva, esta intervención distorsiona la formación de precios y desalienta la inversión.
“La autorización para exportar soya es un alivio para los productores, aunque el control estatal y las restricciones siguen siendo una barrera para la inversión y el crecimiento”
La batalla de fondo: liberar totalmente
Aunque la liberación parcial es vista como un paso en la dirección correcta, el sector no pierde de vista su demanda central: una liberación plena y sostenida de las exportaciones de soya y sus derivados.
La experiencia de años anteriores demuestra que las restricciones afectan directamente la adopción de tecnología. Cuando el productor no tiene certeza sobre la comercialización, reduce la inversión en semillas mejoradas, fertilización y manejo agronómico. El resultado es menor productividad, menor producción nacional y menos divisas para el país.
Desde ANAPO señalan que, según compromisos preliminares, en aproximadamente dos semanas el Gobierno podría emitir un nuevo decreto supremo que restituya la liberación plena. Este nuevo marco normativo debería eliminar autorizaciones discrecionales y establecer reglas claras y estables para el comercio exterior del complejo soya.
Impacto macroeconómico
La soya es el principal cultivo de exportación agrícola del país y una fuente clave de divisas. Cuando el mercado externo se restringe, no solo pierde el productor, sino también el Estado, al reducirse los ingresos por exportaciones.
Además, la cadena soya tiene un fuerte efecto multiplicador: genera empleo en transporte, almacenamiento, industria aceitera y producción pecuaria. Una política restrictiva frena ese dinamismo.
Por ello, el mensaje del sector es claro: la liberación parcial ayuda, pero no resuelve el problema estructural. “Mantener autorizaciones y controles innecesarios solo genera incertidumbre, reduce productividad y termina en menos producción y menos exportación”, reiteró Nogales.
Un alivio con fecha de vencimiento
La autorización vigente hasta diciembre de 2026 ofrece un margen de planificación a corto plazo, pero no garantiza estabilidad a largo plazo. Para los productores, la previsibilidad es tan importante como el precio.
La agroindustria necesita reglas claras para proyectar inversiones en maquinaria, semillas, infraestructura y tecnología. Sin un mercado externo abierto, el productor se ve obligado a producir con cautela, cuando el potencial del país permitiría crecer mucho más.
En este escenario, la liberación de 880 mil toneladas es vista como una victoria parcial. Es una señal positiva en medio de años de restricciones, pero también un recordatorio de que la discusión de fondo sigue pendiente.
Redacción: Publiagro
