La reunión dejó como primeras conclusiones la auditoría a procesos agrarios, el retorno del INRA a un rol técnico y la coordinación interinstitucional para desalojos legales
Luego de más de 20 años sin funcionamiento pleno, el Comité Agrario Departamental de Santa Cruz volvió a sesionar con quórum y participación multisectorial, marcando un hecho histórico para la gestión de la tierra en el departamento más productivo del país. La reunión, considerada inédita por su alcance político e institucional, dejó claras sus primeras conclusiones: auditar el proceso agrario, revertir tierras mal dotadas, devolver al INRA su carácter técnico y enfrentar los avasallamientos con coordinación estatal.
El encuentro reunió a autoridades nacionales, departamentales, sectores productivos, academia y organizaciones sociales, en un contexto marcado por la conflictividad agraria, la inseguridad jurídica y la presión creciente sobre la tierra productiva. Las voces más contundentes fueron las del gobernador Luis Fernando Camacho y del viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, quienes coincidieron en que el problema central no es solo la ocupación ilegal, sino la distorsión institucional que permitió que ese fenómeno se reproduzca.
Camacho sostuvo que uno de los incumplimientos más graves ha sido el principio constitucional que prioriza la dotación de tierras a las personas del lugar. “No se ha respetado lo que dice la Constitución, que las tierras dotables deben priorizar a la gente de la zona. Eso no se ha cumplido”, afirmó. En ese marco, anunció que se realizará un trabajo exhaustivo de verificación para no solo desalojar a quienes cometen el delito de avasallamiento, sino también para revertir aquellas tierras que fueron mal dotadas en procesos anteriores.
La auditoría al proceso agrario surge como una de las principales conclusiones del Comité. Esta revisión será apoyada por diversas instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el Comité pro Santa Cruz, la CAO y Fegasacruz, con el objetivo de acelerar el levantamiento de información técnica y jurídica. Camacho recordó que el INRA departamental cuenta con apenas una veintena de funcionarios, lo que hace imprescindible el apoyo externo para enfrentar un problema que se acumuló durante años.
El INRA vuelve a ser técnico
Desde el nivel central, el viceministro de Tierras fue enfático: el mensaje político de la reunión es que el INRA debe volver a ser eminentemente técnico, tal como fue concebido cuando se creó en 1996. “Ese es el cambio que la gente quería. El INRA vuelve a ser técnico”, remarcó Vaca Diez.
Según la autoridad, una de las causas estructurales de los avasallamientos fue la existencia de una red informal de tráfico de información y de influencias dentro del propio sistema agrario. “Había mafia de tráfico de datos desde el INRA para enviar a los avasalladores a las propiedades. Eso se acaba”, aseguró. En ese sentido, instruyó a la nueva directora departamental del INRA, Mónica Justiniano, a actuar con independencia técnica y bajo estricto apego a la ley para concluir el saneamiento pendiente.
De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 6% de la tierra en el país aún no ha sido saneada, una cifra que concentra gran parte de los conflictos actuales. El desafío, según el Viceministerio, es cerrar ese proceso sin presiones políticas y con criterios técnicos claros, evitando nuevas distorsiones.
“Después de dos décadas, la tierra vuelve al centro de la agenda departamental con decisiones que buscan orden, legalidad y seguridad jurídica”
Avasallamientos: prioridad inmediata
Uno de los temas centrales del Comité fue el de los avasallamientos, considerados por los sectores productivos como la principal amenaza a la seguridad jurídica rural. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), existen cerca de 90.000 hectáreas afectadas por ocupaciones ilegales en Santa Cruz, una superficie que no solo representa pérdida productiva, sino también un riesgo ambiental y social.
Las conclusiones apuntan a una acción coordinada entre el INRA, la Policía, el Ministerio Público, la Gobernación y las organizaciones productivas, para identificar predios avasallados, verificar su situación legal y ejecutar desalojos conforme a derecho. Camacho confirmó que ya existe un contingente policial listo para actuar y que las Fuerzas Armadas están disponibles si la situación lo requiere, siempre dentro del marco legal.
“No se trata solo de desalojar, sino de hacer seguimiento para revertir tierras mal dotadas”, subrayó el gobernador. Es decir, el enfoque no se limita a la ocupación actual, sino a revisar el origen de muchos predios que fueron entregados irregularmente en el pasado y que hoy se convirtieron en focos de conflicto.
Una mesa que vuelve a ordenar la tierra
Más allá de las medidas inmediatas, la reunión del Comité Agrario Departamental deja una señal política: la tierra vuelve a discutirse en una instancia colegiada, donde confluyen el Gobierno central, el Gobierno departamental y los actores productivos. Para analistas agrarios, este espacio es clave para evitar decisiones aisladas y avanzar hacia un ordenamiento territorial más coherente.
El rol del Comité no es operativo, pero sí estratégico: articular información, generar consensos técnicos y recomendar acciones a las instituciones con competencia directa. En ese sentido, la presencia de universidades y gremios productivos busca dar respaldo técnico a un proceso históricamente marcado por la confrontación política.
Mirada al futuro
Las primeras conclusiones del Comité Agrario Departamental apuntan a tres líneas de acción:
- Auditoría técnica y jurídica de procesos agrarios pasados.
- Reinstitucionalización del INRA como ente técnico.
- Acción coordinada contra los avasallamientos.
Para el agro cruceño, estas definiciones pueden significar un cambio de rumbo si se traducen en hechos. La seguridad jurídica es una condición básica para invertir, producir y planificar a largo plazo. Sin ella, la expansión agrícola y ganadera queda expuesta a conflictos permanentes.
Después de más de 20 años, Santa Cruz vuelve a tener un Comité Agrario activo. Las primeras conclusiones muestran una intención clara de ordenar el pasado para poder construir futuro. El reto será sostener este espacio en el tiempo y demostrar que la ley puede volver a ser el eje del proceso agrario en el departamento más productivo de Bolivia.
Redacción: Publiagro
