Algunos productores como Vicente Gutiérrez y Enzo Landivar señalan que la medida era inevitable para garantizar el suministro energético
Luego del anuncio que marca un giro en la política energética de Bolivia, el país pone fin a un esquema que por más de 20 años mantuvo subvencionado el precio del combustible, sosteniendo valores internos de la gasolina y el diésel en torno a los 0,53 dólares por litro. Esta política, que durante años permitió precios artificialmente bajos en el mercado interno, representaba un costo fiscal superior a los 2.000 millones de dólares anuales y, según datos oficiales, actualmente demandaba más de 56 millones de dólares por semana para garantizar el abastecimiento interno.
Con la entrada en vigencia del decreto presidencial, el Gobierno anunció una nueva estructura de precios para los carburantes. La gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a alrededor de 1 dólar; la gasolina premium se fijó en 11 bolivianos por litro (1,58 dólares); mientras que el diésel tendrá un precio de 9,80 bolivianos por litro, aproximadamente 1,40 dólares. Estas modificaciones buscan reducir la presión fiscal y asegurar el suministro de combustible en el mercado interno.
Para Vicente Gutiérrez, past presidente de Promasor y productor, la medida es compleja, pero inevitable. “Hubiésemos querido que esta medida sea gradual, por etapas, porque es necesario armonizar y actualizar los precios internos del país con el mercado mundial, creo que hubo un sinceramiento, es difícil para la población porque es un golpe duro, pero, necesario”, afirmó. En su criterio, Bolivia no es ajena a la dinámica inflacionaria que atraviesa el mundo y, al igual que otros países, debe adecuar sus precios y acciones a las condiciones del mercado internacional.
“Hubiésemos querido que esta medida sea gradual, por etapas, porque es necesario armonizar y actualizar los precios internos del país con el mercado mundial, creo que hubo un sinceramiento, es difícil para la población porque es un golpe duro, pero, necesario”
Gutiérrez también sostuvo que la coyuntura actual no debería sorprender. “Que no nos cause extrañeza que esta situación se de en estos momentos, pero esto es la acumulación de los años de mala administración que hicieron los gobiernos socialistas, el Gobierno actual está acomodando la casa en función del desastre administrativo que dejaron”, señaló. A su juicio, la eliminación de la subvención era una deuda que el país debía asumir, ya que de no hacerlo se corría el riesgo de volver a escenarios de escasez y largas filas en los surtidores.
En ese sentido, remarcó que la medida permitirá contar con los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento. “Con esta media, habrá los recursos, habrá el diésel cuyo precio aún está por debajo de lo que estaban importando los productores que era a 12 bs, pero, hay cosas que hacer como eliminar los intermediarios paraguayos y chilenos que son quienes encarecen el producto e importarlo directamente de los organismos productores”, puntualizó.
Por su parte, Enzo Landívar, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), consideró que la medida era urgente y señaló que no debería afectar de manera directa al transporte, recordando que, durante el año pasado, cuando se agudizó la escasez de combustible, ya se habían realizado ajustes en las tarifas del transporte público y de carga.
“La gente aprovecha para especular, así como con los precios de los productos en nuestro caso el pollo y el huevo que los últimos meses han bajado muchísimo, pero los revendedores siguen subiendo el precio”, denunció.
Landívar insistió en la necesidad de un mayor control sobre los intermediarios y los mercados para evitar que la especulación siga empujando al alza los precios de la canasta familiar, especialmente en un contexto de ajustes económicos que afectan directamente al consumidor final.
Entre tanto, desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, su presidente Rolando Morales informó que, junto a sus afiliados, se convocó a una reunión de emergencia para analizar el alcance de las nuevas medidas y definir una posición institucional. El sector aguarda además una respuesta de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para emitir un pronunciamiento conjunto y dirigir su postura al país frente a los cambios en la política energética.
Fuente: Publiagro
