Luego del anuncio realizado por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, sobre la regulación de los centros de remates —con el objetivo de establecer precios estables y fijos según la calidad del ganado, además de implementar controles que podrían derivar en clausuras por incumplimiento de normas—, el sector de la cadena cárnica se reunió este lunes en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) para expresar su unidad y un rechazo rotundo a lo que consideran intentos de «intervención» por parte del Gobierno.
A través de un comunicado dirigido al país, leído por Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, los gremios agropecuarios, transportistas, instituciones del sector privado y empresas de servicios ganaderos manifestaron su más enérgico rechazo a cualquier intento del Gobierno de intervenir o regular la actividad bajo el argumento de control de precios o beneficios sociales.
«Ratificamos nuestro compromiso con Bolivia, proveyendo la proteína roja que necesita la población, esencial para su alimentación y la seguridad alimentaria, a precios más bajos que los de países vecinos», señala el documento.
“No se va a permitir la intervención de los centros de remate. Si ahora comienzan por allí, después querrán controlar farmacias, tiendas de barrio y cualquier otro sector productivo»
Asimismo, el sector confrontó las recientes restricciones impuestas tanto por el Gobierno nacional como por algunos municipios, señalando que no tienen competencia para aplicar dichas medidas. Afirmaron que esta situación pone en riesgo la actividad ganadera, la formulación de políticas públicas adecuadas y desincentiva la producción.
«Exigimos nuestro derecho a producir, innovar, comercializar y exportar en condiciones de competitividad y transparencia. Las retenciones a la exportación y la imposición de precios atentan contra toda la cadena cárnica», denunciaron.
El comunicado advierte que, si el Gobierno persiste en enfrentar al sector productivo con la población, será el propio Estado el responsable del incremento de precios que ya afecta a los bolivianos.
Por su parte, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), aseguró que el Gobierno busca culpar al campo por una crisis generada por sus propias decisiones, y advirtió que no se permitirá ninguna intervención a la propiedad privada.
«No se va a permitir la intervención de los centros de remate. Si ahora comienzan por allí, después querrán controlar farmacias, tiendas de barrio y cualquier otro sector productivo», concluyó.
Fuente: Walter Ruíz y Klaus Frerking
Redacción: Publiagro
