En 2012, Bolivia daba un paso audaz en el apoyo al sector lácteo: nacía el Fondo Pro Leche, un instrumento estatal creado por la Ley N° 204 para fortalecer la cadena productiva de la leche y garantizar seguridad alimentaria a través del aumento del consumo nacional. Doce años después, el fondo ha desembolsado Bs 325 millones, ha incrementado el consumo per cápita de leche de 42 a 69 litros, y ha beneficiado a más de 15 mil productores en casi todos los departamentos del país.
No obstante, mientras el Gobierno busca ampliar su vigencia hasta el 2040 a través del proyecto de ley 470/2024-2025, el debate en el Legislativo se ha tornado áspero. El fondo, según denuncia el diputado opositor Alejandro Reyes (Comunidad Ciudadana), “es un nuevo Fondo Indígena en potencia”, sugiriendo una posible desviación de recursos. El legislador asegura que en 14 años se han recibido más de Bs 576 millones, de los cuales “solo Bs 74 millones habrían sido invertidos”, sin que exista claridad sobre el destino de los fondos restantes.
Desde el oficialismo, la respuesta ha sido contundente. El director de Pro Bolivia, Vidal Coria, desmintió las acusaciones y afirmó que “Bs 325 millones fueron transferidos directamente a la industria láctea, conforme a lo establecido por ley”, e insistió en que las críticas tienen un trasfondo político, en el marco de una pugna preelectoral. “No podemos permitir que se frene una política pública que ha fortalecido al sector productivo y ha dinamizado las economías regionales”, sostuvo.
La estructura del fondo y sus avances
El Fondo Pro Leche se financia con retenciones específicas: 10 centavos por cada litro de cerveza comercializada y de bebida alcohólica importada, además de un aporte de la industria láctea. Anualmente genera entre Bs 35 y 40 millones. Este dinero ha sido destinado al mejoramiento genético, provisión de forraje, campañas de concienciación y apoyo directo al productor primario, según el Gobierno.
Los resultados son visibles en cifras: el consumo de leche ha aumentado considerablemente y se han impulsado programas escolares, industriales y de concienciación alimentaria. Además, el fondo ha sido una herramienta de política pública para sostener a un sector que lidia con precios bajos, problemas estructurales y condiciones adversas como los bloqueos, el contrabando y la escasez de insumos importados.
“El Fondo Pro Leche ha impulsado el consumo y apoyo al sector lácteo, pero ahora enfrenta su mayor desafío: demostrar eficiencia y transparencia para merecer su continuidad hasta 2040”
Voces en contra: ¿falta de transparencia o cortina política?
Pero no todos comparten esta visión optimista. Reyes insiste en que hay recursos no justificados y ha pedido una auditoría completa antes de pensar en una ampliación. Desde la oposición, se señala que el fondo no cuenta con un sistema de monitoreo público ni con informes de impacto de fácil acceso. “No se trata de atacar al productor, sino de exigir claridad y responsabilidad con los recursos públicos”, afirmó el legislador.
Frente a estas acusaciones, Coria anunció acciones legales contra el diputado y lo acusó de actuar bajo directrices de precandidatos presidenciales de oposición. También lanzó una advertencia política: “Bloquear el fondo es bloquear el desarrollo del sector”.
Ampliación en debate: ¿reformar o ratificar?
El proyecto de ley que busca extender la vigencia del fondo hasta 2040 ya fue aprobado en comisión y será tratado en el pleno de Diputados. El Gobierno considera que garantizar su continuidad es clave para una política pública sostenible, especialmente en tiempos donde el sector lechero enfrenta presiones por los costos de producción y bajos precios pagados por la industria.
No obstante, el debate en la Asamblea será una prueba de fuego. ¿Debe continuar un fondo que ha mostrado avances, pero cuya administración ha sido puesta en duda? ¿No sería más oportuno revisar, auditar y reformar el fondo antes de sellar su vigencia por otros 16 años?
Conclusión:
El Fondo Pro Leche es, sin duda, una herramienta relevante para el agro boliviano. Pero su futuro inmediato dependerá no solo del respaldo político, sino de su capacidad de responder con transparencia y eficiencia a las críticas que hoy lo colocan en el centro del debate agroproductivo nacional.
Fuentes: ABI, Erbol, MDRyT, Pro Bolivia
Redacción: Publiagro
