La cadena láctea boliviana atraviesa una de sus etapas más complejas de los últimos años. Entre reclamos, cierres de unidades productivas y señales de alerta desde el sector industrial, la urgencia de una política nacional justa y sostenible se vuelve cada vez más evidente.
Tanto los productores lecheros, que han visto desplomarse su rentabilidad, como las empresas procesadoras, presionadas por normativas rígidas y márgenes cada vez más estrechos, coinciden en una demanda compartida: el Estado debe actuar, y pronto.
El grito silencioso del productor: entre el abandono y la asfixia
La realidad es cruda. Solo en Santa Cruz, al menos 100 lecherías han cerrado en los últimos dos años, según datos de la Federación de Productores de Leche (Fedeple). Esto representa una caída de más de 4 millones de litros de leche en el último año, con una disminución diaria del 14,5% en la entrega del producto.
“Estamos produciendo a pérdida. Los insumos han subido, el alimento es caro, y el precio que nos paga la industria no cubre ni los costos”, lamenta Eduardo Cirbián, presidente de Fedeple. A esto se suma lo que él llama una «camisa de fuerza legal»: resoluciones biministeriales que impiden al productor negociar mejores precios.
La propuesta del sector es clara: Bs 4,50 por litro como precio base, acorde a los costos actuales y la calidad de la leche que se entrega. El Gobierno ha planteado Bs 4,30 con calidad, pero no ha oficializado ninguna respuesta, generando un estancamiento que alimenta el desconcierto.
Y el problema va más allá del bolsillo del productor: si las lecherías cierran, desaparece el eslabón esencial que sostiene al sistema, afectando el empleo rural, el consumo interno y la autosuficiencia alimentaria del país.
«La crisis de la leche en Bolivia no es solo del productor ni de la industria: es un problema estructural que necesita voluntad política, reglas justas y un compromiso real por parte del Estado”
La industria también tambalea: sin reglas claras, no hay sostenibilidad
Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el panorama no es menos preocupante. Si bien reconocen la necesidad de mejorar el precio al productor, alertan que las normativas impuestas generan un desequilibrio fatal: se les exige pagar más por la leche, sin poder ajustar el precio al consumidor.
“La actual normativa del Fondo Proleche ya no responde al equilibrio necesario entre productor, industria y consumidor”, dice el comunicado oficial. Y aunque se permitió reducir el contenido de ciertos envases, eso no ha compensado las pérdidas, menos aún con la extensión del Fondo por 15 años más, sin rendición de cuentas de sus resultados.
La industria lechera exige un diálogo urgente y técnico, que contemple ajustes proporcionales y sostenidos en toda la cadena. “No se trata de enfrentarnos con los productores, sino de encontrar un marco que nos sostenga a todos. Si una industria cierra, ¿a dónde irá esa leche? ¿Quién la transformará? ¿Quién garantizará el abastecimiento nacional?”, cuestionan.
La incertidumbre, los costos fijos y la falta de previsibilidad también golpean a un sector que invierte, innova y genera empleo, pero que hoy ve amenazada su capacidad de operar en condiciones mínimamente viables.
Fuente: Fedeple y CIN
Redacción: Publiagro
