En el Cuarto Ampliado Multisectorial realizado en la ciudad de Tarija, diversas instituciones y sectores productivos ratificaron su rechazo a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613, exigiendo su derogación inmediata. La normativa, incluida en el Presupuesto General del Estado 2025, es señalada como una amenaza para el empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país.
El encuentro estuvo liderado por el Comité Cívico de Tarija y contó con la participación de representantes de diferentes sectores económicos y productivos, quienes manifestaron su preocupación por la crisis generada por la escasez de dólares, la falta de carburantes y el manejo del gasto público. Según el pronunciamiento final de la reunión, la crisis económica es cada vez más insostenible y afecta directamente a las familias bolivianas.
Ante la falta de respuesta del Gobierno y la Asamblea Legislativa Nacional, los sectores movilizados han determinado sumarse a las medidas de presión, incluyendo un paro nacional el próximo lunes 10 de febrero si no se atiende su demanda.
Ante la falta de respuesta del Gobierno y la Asamblea Legislativa Nacional, los sectores movilizados han determinado sumarse a las medidas de presión, incluyendo un paro nacional el próximo lunes 10 de febrero si no se atiende su demanda.
Exigencias del Gobierno
Los sectores productivos y cívicos emitieron una serie de exigencias a las autoridades nacionales, entre ellas:
La convocatoria inmediata a una sesión de la Asamblea Legislativa Nacional para derogar la disposición cuestionada.
Que el Poder Ejecutivo tome acciones urgentes para garantizar la estabilidad económica del país, resolviendo la escasez de dólares y carburantes.
Que el Gobierno asuma sus responsabilidades para evitar la profundización de la crisis y la migración de jóvenes por falta de oportunidades.
El Comité Cívico de Tarija anunció que la coordinación con otros departamentos se mantendrá de manera permanente, con el objetivo de evitar que la Disposición Adicional Séptima entre en vigencia y afecte a la cadena de abastecimiento y la producción nacional.
Las organizaciones recalcaron que las medidas de presión continuarán hasta obtener una respuesta efectiva del Gobierno.
Fuente: CAO
Redacción: Publiagro
