El rechazo y la exigencia de derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 han movilizado a diversos sectores productivos y comerciales del país, que este martes cumplieron un paro movilizado a nivel nacional. La jornada de protestas inició con una concentración en la plaza del Cementerio General, desde donde partió una masiva marcha con destino a las oficinas de Impuestos Nacionales y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz.

La convocatoria fue organizada por el Comité Interinstitucional, logrando reunir a representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el transporte pesado, los gremiales, el sector industrial y el exportador. Todos ellos manifestaron su oposición a la mencionada disposición, que otorga facultades al Estado para decomisar productos y mercancías, afectando directamente al sector privado.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, fue enfático al señalar que ya no habrá nuevas reuniones con el Gobierno hasta que se derogue la enmienda. 

«Nosotros, como sector productivo, vemos que este día es histórico porque toda la cadena productiva está unida. Una cadena productiva que alimenta al país y genera divisas con exportaciones, y hoy estamos todos juntos para pedir que nos dejen trabajar», expresó Frerking durante la movilización.

Asimismo, el líder agropecuario cuestionó la gestión del INRA, señalando que en cuatro años de gobierno solo ha entregado 10 títulos de propiedad, lo que refleja una falta de atención al sector productivo. Destacó, además, que el 80% de las tierras cruceñas y de las áreas afectadas por incendios son tierras fiscales, por lo que responsabilizó tanto al INRA como al Gobierno de la falta de acción para evitar los desastres ambientales.

Por su parte, el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, se sumó a la protesta multisectorial y reiteró el llamado a la derogación de la disposición séptima de la Ley 1613 del PGE 2025. En su intervención, Ruiz señaló que, si bien es importante garantizar el cumplimiento de la ley, no se debe criminalizar ni perjudicar el esfuerzo de las empresas privadas que operan bajo normativas establecidas. También advirtió que la prohibición de exportaciones de carne no resolverá el problema de la fijación de precios en el mercado interno y alertó sobre el incremento del contrabando de productos cárnicos.

«Se debe liberar la exportación de carne, abrir los mercados y trabajar en conjunto para definir medidas que beneficien a todos», subrayó Ruiz.

«Nosotros, como sector productivo, vemos que este día es histórico porque toda la cadena productiva está unida. Una cadena productiva que alimenta al país y genera divisas con exportaciones, y hoy estamos todos juntos para pedir que nos dejen trabajar»

En tanto, el dirigente gremial de Santa Cruz, Édgar Álvarez, respaldó la unidad de los sectores movilizados y aseguró que las protestas continuarán hasta lograr la derogación de la medida.

 «Vamos a seguir en las calles mientras el Gobierno mantenga esa posición tozuda e incompetente, sin poder resolver los conflictos y sin escuchar al pueblo, un pueblo que hoy está movilizado», declaró Álvarez.

La jornada de protestas reflejó el creciente malestar de los sectores productivos ante políticas que, según los manifestantes, afectan la economía, la estabilidad del sector agropecuario y el desarrollo empresarial del país.

En esta ocasión, Humberto Rivero, presidente de la Federación de Cañeros, y Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte, se unieron a la manifestación, expresando su preocupación por los efectos que tendría esta normativa en la economía y la seguridad jurídica de los productores.

Ambos dirigentes coincidieron en que la disposición atenta contra la propiedad privada y que su implementación solo generaría un mayor desabastecimiento de alimentos en el país, afectando directamente a la población boliviana.

«Esta es una ley confiscatoria. Con tantos problemas que agobian al productor, el Gobierno debería enfocarse en lo que realmente importa, como el abastecimiento de diésel y la obtención de divisas, para amortiguar la difícil situación económica que atravesamos en estos momentos», afirmó Humberto Rivero, en representación del sector cañero.

Su declaración refleja la creciente preocupación de los sectores productivos por las dificultades que enfrentan, particularmente en cuanto al acceso a combustibles y la estabilidad del mercado, factores fundamentales para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria y de transporte en Bolivia.

Fuente: Publiagro