El reciente anuncio por parte del Gobierno sobre la suspensión de las exportaciones de aceite por un tiempo de tres meses, ha causado rechazo y alarma en el sector productivo del país. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener en un momento crítico para la economía nacional.
«Justo cuando Bolivia más necesita ingresos de divisas y certidumbre para la siembra de soya en la campaña de verano, se produce este anuncio que genera no solo preocupación, sino también incertidumbre y desasosiego en el sector agroproductivo y agroexportador», afirmó Rodríguez.
Rodríguez subrayó que Bolivia tiene una vocación natural para la exportación de alimentos, pero para lograrlo es imprescindible generar excedentes a través de una producción que satisfaga primero las necesidades del mercado interno.
«Esto se ha logrado en el sector oleaginoso y en la industria aceitera, quienes han garantizado la soberanía alimentaria en el mercado interno», destacó.
Según datos del sector, aproximadamente el 20% de la producción total de aceite se destina al mercado interno, mientras que el 80% se orienta a la exportación. Sin embargo, medidas como la suspensión de exportaciones interrumpen este ciclo virtuoso de inversión y sobreproducción.
«No entendemos cómo, si el sector privado ha cumplido con garantizar el producto, se tomen medidas que perjudican al agroexportador debido a problemas originados por especuladores y contrabandistas. Desde nuestro punto de vista, estas acciones no son una solución»
El representante del IBCE enfatizó que el aumento en los precios del aceite en los mercados no es responsabilidad del sector productivo ni agroindustrial.
«El problema radica en la comercialización, donde se presentan prácticas como el acaparamiento de aceite, la especulación y el contrabando», explicó Rodríguez.
Además, cuestionó las decisiones gubernamentales, tomando en cuenta que días antes se habían sostenido reuniones con sectores productivos y agroindustriales.
«No entendemos cómo, si el sector privado ha cumplido con garantizar el producto, se tomen medidas que perjudican al agroexportador debido a problemas originados por especuladores y contrabandistas. Desde nuestro punto de vista, estas acciones no son una solución».
Impacto en la economía y el comercio
La suspensión de las exportaciones no solo afecta a las empresas exportadoras y a las industrias aceiteras, sino también a la economía nacional en su conjunto. Rodríguez advirtió sobre las consecuencias:
- Castigos por incumplimiento de contratos internacionales.
- Pérdidas económicas por logística mal aprovechada.
- Daño a la reputación del país y pérdida de clientes y mercados internacionales.
«Esta medida se suma a una serie de desafíos que han enfrentado los productores, como la pérdida de más de 800 mil toneladas de grano de soya por la sequía, los bloqueos, la irregularidad en el abastecimiento de diésel, la caída de los precios internacionales y ahora el freno a las exportaciones. Todo esto solo genera más incertidumbre», lamentó Rodríguez.
Finalmente, el IBCE y el sector productivo esperan que el gobierno revise esta decisión lo más pronto posible.
«Suspender las exportaciones no soluciona los problemas de especulación ni contrabando. Por el contrario, pone en riesgo la estabilidad y competitividad del sector agroindustrial, que ha demostrado ser clave para la economía boliviana», concluyó.
Fuente: IBCE
Redacción: Publiagro
