La decisión del Gobierno de mantener el veto a las exportaciones de aceite sigue causando malestar en el sector productivo oleaginoso. Esto ocurre incluso después de que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, junto con el Ministerio de Defensa del Consumidor, verificaran que las fábricas cuentan con suficiente stock y que la distribución del producto se está normalizando.
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó su preocupación y señaló que, a pesar de los esfuerzos del sector por invertir, producir y generar excedentes para garantizar el abastecimiento interno, la problemática se deriva de factores ajenos al sector productivo.
Rodríguez enumeró cuatro problemas clave que, según él, dificultan la normal presencia de aceite en los mercados del país, acaparamiento, ocultamiento de los productos, especulación y el contrabando.
«Esto no tiene nada que ver con el giro empresarial; tiene que ver con las responsabilidades del Estado a través de sus instituciones para controlar a quienes delinquen con estas acciones», afirmó Rodríguez.
«No es un problema de oferta ni del sector productivo agroindustrial; es un problema de comercialización, y el Estado debe intervenir y poner en orden las cosas»
Además, destacó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha recibido 165 toneladas de aceite, superando las entregas programadas. Sin embargo, insistió en que el problema central radica en el diferencial de precios entre el mercado interno y los países vecinos.
«El precio del aceite en Bolivia está congelado desde 2008 en Bs. 11 por litro, mientras que, en países como Chile, Perú y Brasil, el producto puede valer hasta tres veces más debido al tipo de cambio», explicó.
En su opinión, la solución requiere intervención estatal para controlar la comercialización. «No es un problema de oferta ni del sector productivo agroindustrial; es un problema de comercialización, y el Estado debe intervenir y poner en orden las cosas», enfatizó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Fernando Romero, advirtió que la medida está afectando a los productores y que tendrá un impacto directo en los precios.
«Ya hemos escuchado que algunas empresas han decidido pausar la compra de soya de la cosecha de invierno. Cualquier distorsión al mercado o medida que afecte la formación de precios en los mercados internacionales tendrá consecuencias negativas para el productor», señaló Romero.
Romero insistió en que esta situación afecta la estabilidad del sector, ya que las decisiones del Gobierno podrían desencadenar una disminución en la capacidad de compra de soya, perjudicando a largo plazo tanto a productores como a la cadena productiva en general.
Ambos representantes coincidieron en que es necesario un enfoque integral y coordinado para resolver el problema del aceite en Bolivia, destacando la importancia de equilibrar el abastecimiento interno con la sostenibilidad del sector productivo.
Fuente: IBCE – ANAPO
Redacción: Publiagro
