En un pronunciamiento conjunto, las principales instituciones representativas de la cadena alimentaria y productiva del país, entre ellas CADEX, CAO, Gremiales, Cámara de Transporte, CANIOB, CAINCO, y el Comité Pro Santa Cruz, manifestaron su profunda preocupación ante el proyecto del Presupuesto General del Estado 2025 y las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional.
El comunicado destaca que el presupuesto propuesto pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de los bolivianos. Asimismo, expresa un contundente rechazo a la suspensión unilateral de las exportaciones de aceite y a la intervención de los ingenios arroceros, calificándolas como acciones que afectan negativamente al sector productivo, a la economía nacional y a la generación de divisas.
Impacto de las Medidas Restrictivas
Según las instituciones, las políticas restrictivas aplicadas en los últimos 18 años han resultado contraproducentes, limitando las exportaciones y promoviendo una dependencia de productos importados. Estas acciones, sumadas a la falta de dólares y un contexto de incertidumbre económica, han generado escasez, incremento en los precios de los alimentos y debilitamiento de las cadenas productivas.
El comunicado enfatiza que restricciones como las prohibiciones de exportación no contribuyen a reducir los costos de la canasta familiar, sino que provocan desabastecimiento y perjuicios tanto para productores como para consumidores.
«El comunicado enfatiza que restricciones como las prohibiciones de exportación no contribuyen a reducir los costos de la canasta familiar, sino que provocan desabastecimiento y perjuicios tanto para productores como para consumidores»
Exigencias al Gobierno Nacional
Las instituciones firmantes exigen la implementación de soluciones concretas para enfrentar la crisis económica y proteger el aparato productivo del país. Entre las principales demandas se encuentran:
- Rechazar el proyecto de Presupuesto 2025 en tanto no contemple medidas que enfrenten la crisis económica, incluyendo la eliminación de la cláusula transitoria séptima.
- Garantizar la seguridad jurídica para fomentar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, dejando de lado las prohibiciones de exportación y otras acciones arbitrarias.
- Resolver el desabastecimiento de diésel, indispensable para el mantenimiento de la producción.
- Promover políticas económicas adecuadas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares para estabilizar el país.
Estado de Emergencia
Las instituciones declararon un estado de emergencia y se comprometieron a permanecer en reunión permanente para velar por la seguridad alimentaria, los derechos de las familias bolivianas y la estabilidad económica del país.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa para priorizar medidas que beneficien a todos los bolivianos y reafirmaron su compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un futuro más justo y próspero para Bolivia.
Fuente: CAO
Redacción: Publiagro
