El sector arrocero nacional se encuentra en alerta máxima tras el decomiso y precintado de depósitos de arroz en los ingenios de Montero, Santa Cruz. Desde el Beni, principal región proveedora de arroz para los ingenios cruceños, David Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Beni, expresó su preocupación, indicando que la medida pone en riesgo la comercialización de su cosecha.

«Estamos en plena cosecha, y esta camada de arroz que estamos produciendo se vende a los ingenios a Bs. 1,000 la fanega, debido al costo de producción. Ahora el gobierno quiere que se comercialice a Bs. 400 el quintal en Montero. Ese precio es completamente irreal», señaló Pérez.

El líder gremial explicó que, aunque el arroz salga de Montero a Bs. 400, en los mercados se vende a precios que oscilan entre Bs. 600 y 700, una diferencia que, según él, no es responsabilidad de los productores ni de los ingenios, sino de la cadena de comercialización y del contrabando.

«Nos han cerrado la industria, lo que significa también cerrar a los productores. ¿Dónde llevaremos nuestro arroz ahora? El gobierno no nos ha consultado cuánto nos cuesta producir un kilo de arroz. Ellos quieren imponer precios sin considerar que producir una hectárea de arroz tiene costos elevados», enfatizó Pérez.

Según las estimaciones del sector, el precio del quintal de arroz para esta campaña debería estar entre Bs. 500 y 550, un monto que refleja los factores adversos enfrentados, como el aumento de costos de producción y problemas logísticos.

Pérez anunció que este sábado se llevará a cabo una reunión de emergencia con representantes de los ingenios de Santa Cruz para coordinar una respuesta conjunta.

«No nos quedaremos con los brazos cruzados. Vamos a defender nuestro trabajo y nuestro esfuerzo», afirmó.

«Nos han cerrado la industria, lo que significa también cerrar a los productores. ¿Dónde llevaremos nuestro arroz ahora? El gobierno no nos ha consultado cuánto nos cuesta producir un kilo de arroz. Ellos quieren imponer precios sin considerar que producir una hectárea de arroz tiene costos elevados»

Reacción de los ingenios arroceros
Por su parte, Jimmy Prado, presidente de Ingenor, se unió al rechazo de las medidas gubernamentales y advirtió que no permitirán el precintado de más ingenios arroceros.
«Todos los ingenios han estado abiertos para las autoridades y hemos sostenido reuniones previas. Si esto continúa, como sector nos movilizaremos para defendernos ante este atropello», declaró.

Prado destacó que las acciones del gobierno afectan no solo a los productores de Montero, sino también al suministro de arroz en todo el país.

«Con estas medidas, los ingenios ya no querrán procesar el arroz, lo que generará un desabastecimiento aún mayor a nivel nacional. Esto no es solo un problema local, es un problema que afecta a toda Bolivia», afirmó.

El líder industrial también expresó su intención de unirse a otros sectores afectados por políticas gubernamentales recientes, como el freno a la exportación de aceite.

«Hemos respetado el precio establecido por el gobierno, a pesar de las dificultades que enfrentamos. Ahora nos acusan de agio y especulación, algo que no aceptamos», concluyó Prado.

La situación deja al sector arrocero y a otros sectores productivos en un escenario de incertidumbre, marcado por restricciones, costos crecientes y medidas que, según los productores, desincentivan la inversión y perjudican el desarrollo agrícola del país.

Fuente: David Pérez y Jimmy Prado
Redacción: Publiagro