Los propietarios claman se establezca el orden rápidamente pues faltan solo dos semanas para la cosecha del maíz sembrado y sus inversiones corren grave riesgo
A las 19:00 horas de ayer, una turba violenta volvió a avasallar los predios Santa Rita, Santa Rita C y Laguna, ubicados en el municipio El Puente, en el Norte Integrado de Santa Cruz. Este ataque se produjo apenas cuatro horas después de que se retirara el resguardo policial que el Gobierno había instalado en el lugar desde el 10 de julio. La preocupación de los propietarios, basada en la experiencia del primer avasallamiento, se materializó nuevamente.
Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), expresó su preocupación por estas acciones de los avasalladores, que se sienten impunes y continúan cometiendo hechos delictivos, generando zozobra entre los agricultores que producen alimentos para el país. Hernández destacó que los predios avasallados están en proceso de saneamiento por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El 10 de julio, el INRA había emitido medidas precautorias para preservar el derecho propietario, que claramente establecen la obligación de desalojar las propiedades.
“Pedimos que, en el marco de la normativa vigente y de la ley contra el avasallamiento de tierras, la Policía Boliviana actúe nuevamente de forma rápida y oportuna para desalojar a los avasalladores”
“Pedimos que, en el marco de la normativa vigente y de la ley contra el avasallamiento de tierras, la Policía Boliviana actúe nuevamente de forma rápida y oportuna para desalojar a los avasalladores”, solicitó Hernández. Anapo recurre al compromiso realizado por los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Desarrollo Rural, Santos Condori; y el viceministro de Tierras, quienes aseguraron que no se permitirían más avasallamientos en el país.
Los predios avasallados cuentan con cultivos de soya, maíz y sorgo. Hernández reflexionó sobre la desesperación de los productores, a solo dos semanas de la cosecha de maíz, y el riesgo que corre toda la inversión realizada.
En el primer avasallamiento, ocurrido el 9 de julio, los grupos delincuenciales quemaron una camioneta, robaron otra, sustrajeron 15.000 litros de diésel y agroquímicos, y destrozaron los campamentos. La pérdida tras el ataque se valúa en más de 400.000 dólares, afectando más de 5.000 hectáreas. Hernández exigió que se tomen medidas para apresar a los cabecillas, quienes además tienen orden de aprehensión, y así desmantelar estos grupos irregulares.
De la primera invasión, al menos 10 trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica, con dos de ellos sometidos a cirugías reconstructivas de nariz y clavícula. Ante la retirada de la Policía, los trabajadores temieron por sus vidas y aceptaron la instrucción de desalojo de los propietarios, quienes cuidaron su seguridad. Los propietarios volvieron a gestionar con la Policía para conocer la razón del retiro del resguardo y solicitar protección, pero hasta el mediodía de este jueves 25, no obtuvieron respuesta.
“Como sector productivo, esperamos señales claras de que el Gobierno brindará seguridad jurídica a las tierras productivas que producen alimentos para el país y cumplirá su compromiso de cero tolerancias con los avasalladores, ya que se pone en riesgo la actividad productiva que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria para los bolivianos”, concluyó Hernández.
Fuente: ANAPO
Redacción: Publiagro
