Agricultores creen que gran parte de las tierras dotadas en Santa Cruz no cumple una actividad productiva. Ven que la falta de institucionalidad es la principal debilidad y Fundación Tierra se suma al pedido de auditoría.
Una semana después de la posesión de Magdalena Panduro Shinto, como nueva directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, relevó a Adalberto Rojas quien -según fuentes oficiales- presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo- el agro cruceño, un especialista en derecho agroambiental y una organización dedicada a la investigación y acción en desarrollo rural sostenible exigen una revisión integral al proceso de dotación de tierras y distribución de tierras fiscales a escala departamental y nacional.
En opinión del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, los problemas que arrastra el INRA no pasan únicamente por el cambio de director departamental, acontecen por los hechos sucedidos en los ‘avasallamientos’ a predios productivos. “Se ha sentido una falta de actuación oportuna de acuerdo a sus competencias, generando falta de credibilidad y susceptibilidad en los productores”, mencionó.
El dirigente agrícola cree que el primer desafío que debe afrontar la nueva administración es recuperar la credibilidad, transparentar la información de saneamiento, titulación y distribución de tierras y trabajar de manera conjunta y coordinada con todos los sectores productivos para lograr el objetivo de culminar el saneamiento a la brevedad posible.
“Debe proceder con una revisión integral de las dotaciones de tierras en el departamento y esto no pasa solo por evaluar solo la gestión del anterior director departamental, sino también de sus antecesores. Se sabe que 1,3 millones de hectáreas se dotaron solo en Santa Cruz, pero no se ha sentido un importante incremento en la producción agropecuaria, por lo que se presume que gran parte de esas tierras no cumplen una actividad productiva. El proceso de auditoría debe hacerse independiente de la persona que ha ocupado la función en el INRA, sino como un mecanismo de control permanente”, insinuó Flores.
El martes, con motivo del 26 aniversario del INRA, el presidente Luis Arce en su cuenta en Twitter posteó que la tierra es para quien la trabaja y tiene que ser utilizada para la producción. “Por ello, nuestro compromiso es garantizar la seguridad jurídica del pequeño, mediano y gran productor”, anotó.
Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, el tema principal para la nueva dirección del INRA es concluir el saneamiento de tierra y la titulación. “Los productores, comunitarios y comunidades, necesitan seguridad jurídica”, expresó, al instar a ser más efectivos con los procesos en los que les compete en el tema de ‘avasallamientos’ y cumplir con los desalojos pendientes, de los que dijo son extremadamente lentos.
Según la CAO, con información consignada por el INRA, son 37 los predios tomados. “No se tiene datos sobre los procesos en los juzgados agroambientales y nuestra institución solo registra siete casos, en los que el productor requiere asistencia del comité jurídico de control social”, sentenció.
Desde La Paz, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, aclaró que Rojas presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo, descartando trascendidos de supuestas presiones de organizaciones sociales afines al MAS en la dimisión de la ex autoridad.
Acerca de los lineamientos encomendados desde INRA nacional a la nueva directora de la entidad agraria en Santa Cruz, Núñez refirió que se delegó la tarea de seguir avanzando en la conclusión del saneamiento de tierras rurales en el departamento de Santa Cruz (están pendientes 2,8 millones de hectáreas -10%-), para cumplir con el mandato del presidente Luis Arce, que es concluir este proceso durante su gestión (2025).
A la par, resolver los conflictos agrarios vía diálogo y conciliación, y seguir avanzando en la evaluación de la función social en comunidades con autorizaciones de asentamientos. “No tolerar avasallamientos”, enfatizó Núñez.
En los últimos 26 años de vida institucional, el INRA entregó 2,3 millones de títulos de tierra. No obstante, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, indicó que 800.000 titulaciones son ‘unidades productivas’ y el resto -1,5 millones, casi el 66% de las tierras tituladas- tendrían que ser revertidas. Los títulos de tierras improductivas se otorgaron en el gobierno de Evo Morales.
Desde la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz ‘Apiaguaiki Tüpa’, el secretario ejecutivo Franklin Vargas, expresó que la falta de agua es el factor que limita las actividades agrícolas en comunidades campesinas que cuentan con resoluciones de asentamientos en áreas dispersas, principalmente en municipios chiquitanos.
El dirigente sindical puso nota de aprobación a la gestión del ex director del INRA y dijo que esperan que la nueva autoridad cierre el proceso de titulación comunitaria de asentamientos consumados en Pailón, varios municipios de la región chiquitana y en Guarayos. Además, que retome el proceso de dotación de tierras fiscales disponibles a quienes no las poseen para que las trabajen, no las trafiquen.
Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), su presidente Adrián Castedo, afirmó que los productores de este sector ven con ‘buenos ojos’ el cambio del director departamental del INRA, dado que evidentemente hubo parcialización en algunos procesos, favoreciendo a los avasalladores de tierra, como se pudo evidenciar en el caso Las Londras, tanto en las imágenes televisadas, como en las conversaciones obtenidas por la Fiscalía del celular del ex director del INRA Santa Cruz.
“Hay problemas de fondo que tiene que resolver la nueva directora, los trámites de saneamiento demoran mucho tiempo y hay muchos reclamos de productores que no han sido atendidos de forma oportuna y de acuerdo a la norma. Sería razonable que se revisen los actuados del ex director departamental, porque hubo muchas denuncias por parte de productores sobre su actuar”, expresó Castedo.
Institucionalidad, tema de fondo
El director nacional de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, considera que los problemas del INRA son de orden estructural y para resolverlos, la decisión de cambiar a la dirección departamental debe venir acompañada por la voluntad y el mandato para institucionalizar procesos y aplicar apropiadamente lo establecido en las leyes. Infiere que la inequidad en el acceso a la tierra, manejo político de la intervención institucional y la distribución de tierras y corrupción son los problemas de fondo en la institución. “Es esencial realizar una auditoría al proceso de distribución nacional de tierras fiscales”, remarcó.
En la misma línea, Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, asegura que el problema del INRA no es un director, no es una persona, es institucional. “Tenemos un INRA que desde 2003 viene con directores interinos, tanto departamentales como nacionales, puestos por factor y decisión que obedece a un mandato político y no a un precepto institucional. Vemos un INRA cuoteado, donde diversas oficinas regionales pertenecen a una u otra organización de carácter social. Esto debilita aún más la institucionalidad”, enfatizó.
Complementó que el INRA se ha convertido en un factor político. “Se ha convertido la tierra en un escenario de disputa por el poder y esto, sin duda, es un factor que dinamiza los conflictos y la pugna por la tierra”, anotó Vadillo, al insinuar que se tiene un INRA demasiado politizado y eso implica falta de credibilidad, de legalidad, de imparcialidad y falta de transparencia. Así, dijo que Fundación Tierra, desde hace varios años, exige una auditoría al proceso de distribución de tierra, en condiciones de transparencia y de legalidad.
Para el abogado especialista en derecho agroambiental y desarrollo rural, Fernando Asturizaga, el primer problema que debe enfrentar la nueva a autoridad del INRA Santa Cruz es demostrar que es idónea para el ejercicio del cargo. Asimismo, intentar recuperar la credibilidad institucional y, para ello, deberá facilitar la integración y funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD).
“Debe realizarse una revisión externa al INRA de las dotaciones de tierra en el departamento de Santa Cruz y entre tanto deben paralizarse las dotaciones colectivas, considerando que una de las bases fundamentales del modelo productivo cruceño se asienta en la propiedad individual sobre la tierra”, puntualizó Asturizaga.
Fuente: El Deber
