El Ministerio de Justicia prevé que pronto se conocerán las sentencias del Tribunal Agroambiental (TA) para recuperar, al menos, 31 propiedades que fueron entregadas de manera irregular a los “amigos” del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“Hemos presentado los recursos ante el Tribunal Agroambiental, a través del viceministro de Tierras, el doctor Ramiro Guerrero, muchos de los casos están ya pronto a emisión de sentencias y decisiones para dejar sin efecto esas irregularidades que se dieron en el gobierno de facto de Áñez”, reveló el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Señaló que el objetivo de las acciones judiciales es “recuperar para el pueblo boliviano las más de 31 propiedades que se han consolidado de forma irregular en beneficio de los amigos del gobierno de Áñez”.
Durante la gestión del gobierno de facto de Áñez, más de 7.000 trámites de titulación fueron paralizados; sin embargo, se prioriza la emisión de resoluciones para dar derecho de propiedad de terrenos por encima de las 5.000 hectáreas (ha), en clara vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE).
Entre 2019 y 2020, el INRA emitió resoluciones de saneamiento para 507 predios, de los cuales 46 tienen «indicios de irregularidad» con una superficie de 272.000 ha. Entre esas se encuentran las tierras de Branko Marinkovic, que fue ministro de Economía de Añez.
Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, informó, en abril de este año, que se revertirán las tierras entregadas a Marinkovic porque se vulnera la normativa.
De acuerdo con información del INRA, de las 33.480 ha de tierras que recibió la familia del exministro, 26.246 ha serán revertidas al Estado.
A la familia del exministro le corresponden solo 7.274 ha, 2.274 ha en Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Norte.
En el marco del Decreto Supremo 4494, el INRA encontró indicios de irregularidades en la titulación de 51 predios (269.209 ha) durante el gobierno de facto, dichos procesos fueron notificados al Viceministerio de Tierras y demandados ante el Tribunal Agroambiental.
Además, el INRA encaró procesos administrativos y penales contra de exfuncionarios del INRA comprometidos en esos hechos.
De acuerdo con Lima, este proceso irregular devela que operó una “organización criminal”, en desmedro de las comunidades que se encontraban asentadas en esos predios.
Anunció también que “una vez que el Tribunal Agroambiental tome las decisiones se asumirán todas las decisiones que sean necesarias, inclusive las que tienen que ver en la vía penal, porque no es admisible que se cometan tantas irregularidades”.
Para Lima, esta dotación irregular de tierras en el gobierno de facto de Áñez, es solo la síntesis de cómo se actúa en gobiernos dictatoriales, porque de igual manera lo hizo el dictador Hugo Banzer, luego del golpe de Estado de 1971.
“La Comisión de la Verdad ha evidenciado que muchos de los grandes terratenientes que tenemos en el país, son resultado de este afán de las dictaduras de apropiarse de los bienes públicos”, refirió.
Citó el caso de la Planta de Amoniaco y Urea “Marcelo Quiroga Santa Cruz” que fue paralizada en la gestión inconstitucional de Áñez con el fin, al parecer, de “ser privatizada, capitalizada o entregada a intereses particulares”.
Con la llegada de Luis Arce a la presidencia, en 2020, la estatal petrolera trabajó para poner al 100% de capacidad a la industria, que se consolidó el jueves 18 de agosto de este año. Resultado de esta labor, YPFB prevé que este año se generen $us 400 millones en ventas, superando con creces las registradas desde el año 2018.
Fuente: RTP
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