Los permisos datan de 2012 y 2020. La defensa de los menonitas pide que se titulen las 7.000 hectáreas legalmente establecidas y que se precise dónde está el error de las restantes 2.000 ha que son observadas por el INRA
El conflicto de la tenencia de tierra, en la colonia menonita Valle Verde, de la región chiquitana, tiene otra arista y es que para obtener la autorización para realizar los respectivos desmontes del área y dedicarlas al cultivo obtuvieron el permiso de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Alejandro Altamirano, abogados de los menonitas, precisó que los desmontes legales a lo largo de los diferentes años tuvieron el aval de la ABT a tiempo de precisar que hay documentación de 2012 y 2020 que demuestran que se actuó dentro de la ley.
Al respecto, José Ernesto Serrate, presidente con licencia de los Comités Cívicos Provinciales de Santa Cruz, lamentó que se trate de complicar las cosas y hacer creer que los habitantes de Valle Verde están en tierras fiscales, cuando -desde la ABT- otorgaron 98 permisos de desmontes legales.
“Si los papeles no están regla, no te dan esos permisos. Si no se demuestra la legalidad en cuanto a la propiedad de la tierra, la ABT jamás otorga dichos permisos. Entonces, ¿qué es lo que se está observando?”, cuestionó Serrate.
Califica de cínicos a autoridades del INRA
Serrate calificó de cínicos a los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que llegaron hasta el lugar para indicar que las 2.000 hectáreas son tierras fiscales, pero que de forma paralela informaron a los integrantes de la comunidad intercultural 19 de Noviembre, que ellos se iban a quedar en el lugar.
“Son cínicos porque dicen uno cosa y hacen otra. Tenemos documentación donde se indicaba a la Policía que iba quedarse en el lugar uno cinco días para resguardar a los interculturales que se iban a quedar en ese predio habitado por familias, entre mujeres y niños”, criticó Serrate.
Sobre el giro que dio el INRA, después de calificar de ilegal a este grupo y de llamarlos extranjeros, el miércoles 16 de febrero, aseguró que su asentamiento es legal, pero que se excedió en su extensión, por lo que solo tendrán que recorrer su colonia unas 2.000 hectáreas. Para Altamirano, este cambio de criterio demuestra graves incongruencias entre la dirección departamental del INRA Santa Cruz y la nacional.
El abogado sostuvo que no es un argumento válido indicar que nos pasamos 2.000 hectáreas, sino que técnicamente se debe demostrar si eso es correcto y dónde se encuentra la falla, porque esta superficie fue adquirida legamente y en su momento no se identificó que estas eran tierras fiscales.
Fuente: El Deber
