El gobernador Luis Fernando Camacho hizo el anuncio al señalar que las autoridades están para hacer su trabajo, alertar las irregularidades y cuidar del patrimonio de los cruceños. Igualmente presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por graves daños al medio ambiente del departamento. Señaló además que quienes dieron los permisos para la construcción de la carretera de 15 km y el puente fueron la ABT, el INRA y el gobierno indígena de la zona.
El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, destituyó al subgobernador de la provincia y procedió a la presentación ante la Fiscalía de una denuncia penal por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional a raíz de la construcción de una carretera de 15 kilómetros y un puente de 200 mts. sobre el río Parapetí, ejecutado por una comunidad menonita.
La autoridad departamental pronunció su decisión en una conferencia de prensa en la cual mostró la indignación que siente al igual que todos los cruceños al enterarse de la construcción de la carretera y del puente, por considerar que se violaron una serie de leyes que protegen el medio ambiente y la biodiversidad de la región.
Destacó que habían procedido a la destitución del subgobernador de la provincia porque entiende que «las autoridades están para hacer su trabajo, alertar las irregularidades y cuidar del patrimonio de los cruceños», recalcó.
El problema proviene desde el año 2020, pero el gobernador indicó que harán ajustes institucionales de manera interna removiendo el personal que sea necesario y que hubiese estado dentro del problema o por cualquier incapacidad o negligencia no haya actuado a tiempo para defender el medio ambiente.
«Los cruceños hemos luchado por la autonomía y esa autonomía y sus estatutos nos otorgan la responsabilidad de cuidar los recursos que son nuestro patrimonio y es en nombre de esa autonomía que no vamos a permitir que nadie se tome atribuciones parciales para dañar nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente», subrayó.
De igual forma, puntualizó que quienes ilegalmente ejecutaron esas obras «deben ser procesados y llevados ante la justicia».
Todos están sorprendidos e indignados
El gobernador se refirió, asimismo, a los 14 km de carretera que se habían construido y el puente de casi 200 metros sobre el río Parapetí, aspecto que consideró una acción que ha indignado a la ciudadanía y los había dejado preocupados.
Reiteró que la gestión que realizan en la Gobernación está dirigida a proteger el medio ambiente, la naturaleza y la obligación que tienen es llevar adelante una lucha contra todo lo que vulnera la biodiversidad del departamento.
El propio gobernador inspeccionó la zona
Tras conocer las denuncias sobre este caso enviaron dos comisiones a la zona afectada y en una de ellas el propio gobernador estuvo presente y constataron que evidentemente se ha causado múltiples daños al medio ambiente.
Destacó que en los Bañados del Isoso y el río Parapetí se produjo un grave daño, sin embargo, señaló que habrá que esperar los informes correspondientes de la inspección realizada.
Dijo que se trata de un sitio Ramsar donde hay varios tipos de propiedad entre ellos la privada, zonas de propiedad indígena y zonas públicas de los cruceños.
INRA y ABT dieron los permisos
«Se ha procedido de manera irregular, se ha verificado en la zona todas las autorizaciones y documentos que se han dado, sin embargo, en la recaudación de estos documentos encontramos la información de que esto fue autorizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), así como la comunidad indígena originaria del lugar», señaló en forma categórica.
Esa acción fue realizada, a su juicio, con una documentación parcial y sin ningún fundamento de tipo legal por la comunidad menonita de Kuarirenda que procedió a construir los 14 km de carretera y los casi 200 mts. del puente sobre el río Parapetí desde octubre de 2020.
Fue claro en señalar que las atribuciones que poseen las comunidades indígenas originarias no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales, pues sostiene que la única autoridad competente para autorizar obras de ese tipo es el Gobierno Departamental y aseguró que no habían emitido ninguna autorización al respecto.
«De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en sus artículos 345 y 347 se establece que en el cumplimiento de las normas de protección medio ambiental y la ejecución de actividades que generen perjuicios al medio ambiente son plausibles a responsabilidades de tipo civil y penal», aclaró.
En ese sentido dijo que tanto la carretera como el puente han atropellado leyes nacionales, entre ellas la ley de Medio Ambiente 1333 y la Ley Departamental 98 relacionadas a la conservación de patrimonio natural y departamental de Santa Cruz.
Por otra parte, informó que habían remitido varias notas a la ABT, al gobierno municipal indígena de la zona a fines de que remitan la documentación que poseen sobre la cual supuestamente se habían ejecutado lo que considera obras ilegales que causen un daño medio ambiental a la región.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
Redacción: Publiagro
