Denuncian que en el municipio cruceño de San Rafael realizan desmontes masivos para expandir la frontera agrícola. Apuntan a que en esa zona la exconcesión forestal Romano ha sido delimitada por una brecha abierta en el bosque, a modo de cordón, que rodea cerca de 45 mil ha de manera ilegal pues toda esa superficie es tierra fiscal.
El pasto tiene casi dos metros de alto y se dobla dócil frente al avance del vehículo 4×4. El camino cubierto de hierba lleva hacia una zona del municipio de San Rafael donde una empresa ha abierto inmensas brechas en el bosque para delimitar su propiedad. Eso dice la denuncia. Desde el suelo sólo se ve una gran abertura desmontada en el bosque. El dron muestra una brecha de 25 metros de ancho y varios kilómetros en línea recta.
La zona es una exconcesión forestal dentro del Bosque Seco Chiquitano convertida ahora supuestamente en tierra agrícola. En este lugar, a 150 kilómetros de la zona urbana de San Rafael, en el departamento de Santa Cruz, no se ven plantaciones ni ganado.
“Nos trasladamos acá porque recibimos denuncias de comunarios sobre desmontes masivos. Esto se viene dando no solamente en este lado de la Chiquitania. Sabemos que hay una expansión agrícola tremenda y leyes que la favorecen”, dice la diputada María René Álvarez, de Creemos. Ella encabezó una inspección a la zona el pasado 22 de enero.
La preocupación de Álvarez tiene que ver con la recurrencia anual de incendios en el Bosque Seco Chiquitano y la deforestación asociada a este fenómeno. En 2019 se quemaron 3,6 millones de ha en las regiones de la Chiquitania y el Chaco del departamento de Santa Cruz, según la Fundación Tierra.
Los incendios forestales afectaron menos superficie en los siguientes años, pero no han cesado, y la situación se agrava con el incremento de temperaturas y la sequía de hasta siete meses en cada gestión.
El terreno es tan vasto que en los 150 kilómetros de ruta hacia una de las brechas no hay comunidades chiquitanas o campesinas visibles para pedir información. Apenas un grupo de personas en carpas provisionales ponen estacas y manejan maquinaria.
La denuncia
Para llegar al lugar donde se ve una de las brechas, se transita primero por un camino habilitado, por donde ocasionalmente se cruzan zorros, iguanas, ratones de monte… Otros usuarios de la vía son motociclistas que circulan en sentido contrario, como si vinieran desde San Matías rumbo a San Rafael. El guía sugiere con seriedad que muchos son “mulas” que trasladan droga.
En un segundo momento se desvía para ingresar por rutas menores, casi intransitables y cubiertas de vegetación, y con la guía de un conocedor del terreno.
La denuncia es que la exconcesión forestal Romano ha sido delimitada por una brecha abierta en el bosque, a modo de cordón, y rodea cerca de 45 mil ha de manera ilegal pues toda esa superficie es tierra fiscal.
“Esta parcela, que son 5.000 ha, fue vendida por el último dueño de la concesión Romano no sé a quién, pero le vende a esta Hacienda San Salvador-Empresa Agropecuaria Bellaluna. Los de esta empresa hicieron este deslinde de 45 mil ha”, dice el denunciante Carmelo Gomez, comunario de la zona. Se presume que la empresa ha acumulado tierra comprando por retazos a uno u otro ocupante.
El Gobierno ha dado autorización de asentamiento a 28 comunidades interculturales dentro de la misma exconcesión forestal, dice la denuncia, y este año se vence el plazo para que éstas demuestren su función social. Será difícil que lo hagan puesto que no viven en la zona y la tierra podría ser revertida. Se habla también de palos blancos y de venta de tierras a siete y 10 dólares la hectárea.
Gómez tampoco tiene título de propiedad o autorización de asentamiento sobre el espacio de 500 ha que reclama y ocupa en la exconcesión. Mientras conversa con la diputada Álvarez y la prensa, su joven esposa registra todo con su teléfono celular. Él presume que cuando se revierta el asentamiento de las comunidades interculturales, la empresa se quedará con la tierra.
Su sospecha coincide con las de muchas personas y autoridades en la Chiquitania: los interculturales terminarán vendiendo a los grandes propietarios.
Por cualquier vía, la Agenda Patriótica 2025 que define los planes de desarrollo del Gobierno ve un escenario dentro de tres años en el que “los bosques ya no son considerados como tierras ociosas para la agricultura” y en el que “habrá concluido el proceso de distribución y redistribución de tierras y territorios”.
Después de ocho horas de incursión la diputada Álvarez explica: “Lamentablemente hemos visto mucho bosque abajo, como podemos decir vulgarmente, está pelado. Nosotros vamos a preparar las peticiones de informe tanto a la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra) como al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria)”.
Además de algunos espacios deforestados -al parecer con autorización-, sí se pudo verificar las inmensas brechas abiertas en el bosque, a modo de vías, que no sirven para circulación de vehículos porque no tienen mantenimiento.No se sabe a dónde van y se supone que rodean unas 45 mil ha.
El desmonte de un bosque alto requiere gran inversión puesto que es imposible hacerlo a mano. Se necesita maquinaria pesada que en promedio tiene un costo de 350 dólares por hectárea trabajada.
En esta zona, “alrededor de 40 kilómetros no hay una sola alma, no vive nadie, nadie hay que pueda decir esta tierra era mía hace 10 años”, dice el denunciante.
Al salir de la zona por la noche, cerca de la urbe de San Rafael, la quema de largos cordones de vegetación recién tumbada llama la atención. No tiene que ver con las brechas supuestamente ilegales en el monte, pero es un indicio de que otros propietarios están desmontando con maquinaria y quemando en época de lluvias.
San Rafael es un municipio que forma parte de la ruta de las antiguas misiones jesuíticas, y cuenta con 21 comunidades indígenas chiquitanas afiliadas a la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv). Ellas tienen la propiedad colectiva de sus tierras. En los papeles, el número de asentamientos campesinos migrantes supera al de comunidades nativas.
La Acisarv tiene además pendiente una demanda sin respuesta para declarar la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Esecatato en 173 mil ha. En su momento, el propósito de la central indígena fue resguardar esta zona del avance de las concesiones forestales.
Apuntar a los interculturales
En su oficina en la zona urbana, el alcalde de San Rafael, Humberto Vargas, confirma que las concesiones forestales Romano, Caimán y Surutú están ahora repartidas para trabajo agrícola. Calcula que en total son cerca de 150 mil ha que han sido dispuestas con ese propósito. “Tres concesiones forestales dejaron de serlo, volvieron al Estado y el Estado las está redistribuyendo como tierras fiscales para asentamientos humanos”, explica el alcalde Vargas. Asegura que no sabe nada sobre la repartición a favor de empresas.
El edil rafaeleño saca un conjunto de folders amarillos, rotulados con nombres de comunidades, que contienen demandas de servicios. Toma un archivo al azar. Es la comunidad “Wasa Valle 7 de Febrero B” que pide un camino de cinco kilómetros, un atajado (para contener agua), el desmonte de dos ha por persona y apoyo con semillas.
La autoridad se queja de que esto no sólo sucede con las exconcesiones forestales, sino además con el área protegida municipal de 69.143 ha, una importante reserva de madera morado.
“No sabemos cuántas comunidades son, a quiénes se les ha dado, o sea, hay un hermetismo total del Gobierno central. Debería ser el municipio el primero en saber a quién se le está dotando la tierra porque como municipios vamos a tener que dar salud, educación, camino, infraestructura, agua. La plata que tenemos presupuestada (tiene base en) el anterior censo, o sea, vamos a sacarle a nuestro hijo para darle a gente que viene de afuera”, dice.
En los folders de cada comunidad también se adjuntan fotocopias de reportes del INRA en los que figuran los nombres de los miembros de la comunidad, en algunos casos con observaciones de que son poseedores de tierra en otra región del país.
Otro fólder tomado al azar dice “Comunidad La Providencia”. En la Gaceta Oficial este predio tiene la Resolución 10243, de julio de 2013, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Este medio gestionó una entrevista y pedido de información con el director del INRA en Santa Cruz pero no obtuvo respuesta.
Por ahora en el municipio de San Rafael aún existen dos concesiones forestales de la empresa Cimal y tres ASL (asociaciones sociales del lugar) con autorización para explotar madera. El alcalde Vargas explica que el 70% del municipio tiene vocación forestal.
El Bosque Seco Chiquitano es una zona de transición y conectividad para las áreas protegidas de la región: al norte el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, la reserva municipal San Ignacio, el Área Natural de Manejo Integrado Laguna Marfil y al sureste el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis y el Pantanal.
Este reportaje fue elaborado en colaboración entre el periódico Página Siete y la Red Ambiental de Información – RAI.
Menos concesiones, pero más negocios en madera
La explotación y exportación de madera sube a pesar de la reducción de áreas sujetas a actividad forestal. En 11 meses de 2021, la exportación de madera y manufacturas de madera del país registró 75,2 millones de dólares, una cifra record si se considera los 53,9 millones y 48,6 millones de 2020 y 2019, respectivamente.
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, confirma la reversión de derechos forestales y explica que el régimen forestal ha tenido inseguridad jurídica desde 1996, cuando se aprobó la Ley INRA y la Ley Forestal 1700.
“Puede ser que un derecho forestal sea revertido, pero el suelo no cambia de aptitud, el suelo sigue siendo de vocación forestal y ahí debería respetarse la capacidad de uso mayor del suelo”, dice Ávila.
A nivel nacional, el régimen forestal arranca en 1997 con 5,9 millones de ha con derechos de concesión forestal; actualmente esa superficie se ha reducido a dos millones de ha con autorización transitoria especial.
“Del 100% de las áreas forestales que hemos perdido en Santa Cruz, el 80% están en manos de comunidades interculturales especialmente de la Chiquitania, de Guarayos y de las provincias Sara e Ichilo”, dice Ávila. “Cerca del 20% están en manos de grandes empresas agropecuarias, especialmente en la zona de Guarayos y el Choré”.
A pesar de esas circunstancias, Jorge Ávila explica que en los últimos dos años la actividad maderera ha comenzado a mejorar porque las importaciones de madera están reguladas, se han recuperado los mercados de exportación y alrededor del 80% de la madera producida proviene de operadores comunitarios indígenas o campesinos.
Fuente: Página siete
