La Asociación Nacional Industriales Vitivinícola alertó que la situación que atraviesa el sector es crítica, hay riesgo de que muchas bodegas pequeñas y medianas cierren o quiebren. Jubileo señala que después de los hidrocarburos esta es la actividad más importante de Tarija.
Cuatro de 10 vinos son del contrabando, este es el dato que refleja la crítica situación del sector productor de vinos, que además, pierde cada año Bs 350 millones por la actividad ilícita. Varias bodegas pequeñas y medianas están en riesgo de cerrar o quebrar, alerta la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
El sector está desesperado y lanza un grito de auxilio, atraviesa uno de los momentos más difíciles, primero por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y por el contrabando que “crece día a día” y está llenando el mercado de productos que son de la actividad ilegal.
“Varias empresas que han invertido mucho capital y tienen deudas no están pudiendo acomodarse en el mercado y vender su producción, porque el contrabando está copando el mercado y es un flagelo que cada día crece y no hay un freno ni alto”, declaró a la ANF el gerente de la ANIV, Fernando Galarza.
En el país hay cerca de 68 bodegas entre grandes, medianas, pequeñas, microbodegas y familiares, que trabajan con fines comerciales; están ubicadas en Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca específicamente en los Cinthis. Aunque el mayor potencial está en tierra chapaca con una producción del 75%.
Estas empresas están legalmente constituidas, aunque por su “formalidad” están obligadas a cumplir una serie de responsabilidades, como las prestaciones, las que no pueden evadir porque están bajo la exhaustiva mirada de fiscalización de las instituciones.
“Pero el contrabando no paga ningún impuesto, ningún arancel. No aporta a las arcas del Estado. Lamentablemente, no hay políticas públicas determinantes que vayan a frenar este flagelo que nos tiene tan golpeados”, sostuvo Galarza.
De acuerdo a estimaciones realizadas con las propias bodegas el “contrabando ha abarcado cerca del 40% del mercado nacional. De cada 10 vinos en el mercado, cuatro son de contrabando y la tendencia va creciendo sin ningún control”.
Las pérdidas anuales están alrededor de los 350 millones de bolivianos como consecuencia del contrabando. Es más, el gerente de la ANIV dijo que está previsto que en la vendimia de 2022 la producción va a caer en un 30% o 40%, eso quiere decir que pequeños productores van a dejar de vender esas cantidades.
Las pérdidas no son solo en la comercialización sino en toda la cadena de producción, es decir, desde el pequeño productor campesino hasta la industria.
Una de las mayores preocupaciones del sector son las consecuencias sociales si el Estado no logra frenar el contrabando, porque el sector genera más de 5.000 empleos directos, 4.000 familias se benefician de los cultivos de uva en todo el territorio nacional.
Sin embargo, por la pandemia y el contrabando “corren el riesgo de perderse (estas fuentes de empleo) por la situación crítica que están atravesando las empresas pequeñas y medianas.
Un grito de auxilio a las autoridades
Galarza informó que han sostenido reuniones con la Aduana, Senasag y la Intendencia Municipal para analizar diferentes alternativas orientadas a hacer frente a este flagelo. Uno de sus primeros pedidos fue reforzar los controles en los puntos fronterizos e intermedios, en las trancas.
No obstante, los contrabandistas siempre encuentran rutas comunales, vecinales, para el transporte de los productos ilegales que “ingresan como un virus”, un negocio que se acomoda en los mercados del país sin ningún tipo de sanción.
Acotó que también se reunieron con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde el sector planteó algunas soluciones de mediano plazo que puedan coadyuvar a frenar la ilegalidad.
Detalló que el sector paga el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que es cuantioso, un monto muy grande, porque se considera a los vinos y singanis como bienes de lujo y suntuosos imagínese», señala Galarza..
Además, tiene una alícuota de cálculo “perversa” porque está indexada a las UFV, por lo tanto, cada año que crecen las UFV también se incrementan los impuestos. “En los últimos años el impuesto ha crecido más de 200%, mientras que el precio de venta de los productos no llega al 20% de incremento”.
Galarza sostiene que es un impuesto que es absorbido por el productor, por la industria, toda vez que no se puede trasladar al consumidor, ni se lo puede compensar de ninguna forma como se lo puede hacer con el IVA.
En ese encuentro plantearon a las autoridades que parte de ese impuesto retorne al sector como proyectos de apoyo o de fomento; aparentemente el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, tomó como una sugerencia que podría ser “factible o realizable” y que iba a instruir a su personal técnico para que analice la propuesta. Aunque a la fecha no existe ninguna respuesta.
Otro pedido que hicieron es que las cuantías de los comisos del contrabando se puedan reducir, precisó que hace años se incrementó de los 10.000 UFV a 200.000 UFV, por lo tanto, es difícil que un camión de contrabando tenga mercadería de más de 400.000 dólares.
“Queremos que se restablezca la cuantía anterior, como antes, que se reduzca significativamente esa cuantía para sancionar penalmente el contrabando”, dice Galarza, quien cree que esta puede ser una medida que verdaderamente haga frente a este negocio ilícito.
Insistió que “la formalidad cuesta muy caro”, porque mientras los empresarios legales tienen que cumplir con las normas y si no lo hacen existen sanciones; el contrabando no paga absolutamente nada, sus productos se venden en todas partes sin ningún control, ni restricción.
Observó que las redes sociales sean espacios libres para la venta de productos de contrabando sin que exista ningún tipo de freno ni control. Dijo que presentado una denuncia con el objetivo de que exista un precedente de sanción a este tipo de negocios.
Después de los hidrocarburos, el sector vitivinícola es el más importante en Tarija
La Fundación Jubileo en una publicación “Más allá del gas: El potencial productivo de uvas, vinos y singanis en Tarija” establece que este departamento es identificado por su cualidad de productor de hidrocarburos, lo que representa cerca del 45% de la actividad económica.
Tarija es la región de donde se extrae el mayor porcentaje de hidrocarburos (64% del total nacional), es la que más se beneficia de los ingresos fiscales por concepto de las regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Sin embargo, también señala que Tarija cuenta con otras potencialidades económicas más allá de los hidrocarburos, aunque ningún otro sector de la economía realiza un aporte fiscal tan significativo como el hidrocarburífero.
Las bebidas se ubican en primer lugar entre las vocaciones productivas reales del departamento de Tarija. Las vocaciones productivas que promueven y dinamizan el aparato productivo a partir de las iniciativas de la población, el emprendimiento desde las micro, pequeña, mediana y gran empresa, contemplando la generación de valor.
El gerente general de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas manifestó que la segunda actividad más importante y representativa en Tarija es la producción de vinos y singanis.
Acotó que los ingresos por esta actividad se quedan en Tarija que a diferencia de los hidrocarburos se ve muy poco o nada de la renta hidrocarburífera.
“El clúster de la uva en Tarija incluye a las 37 bodegas productoras de vino y singani, pero también a más de 2.800 familias vinculadas a este sector, ya sea desde el cultivo de uva, cosecha y barriles, pero también en actividades vinculadas como la elaboración de quesos, jamones, así como el turismo vitivinícola que se viene desarrollando en esa región”, precisa en la publicación de Jubileo.
Las 10 bodegas grandes, medianas y pequeñas más importantes del país producen cerca de 7 millones de litros por año, según datos de 2014 reflejados por Jubileo con base en información de Import Intelligence Study Wine in Bolivia. Aunque se estima que actualmente la producción es de 11 millones de litros.
Galarza demandó de todas las autoridades mayor “voluntad” para atender los problemas generados del contrabando.
Fuente: ANF
