Gustavo Terrazas, de profesión abogado, benefició a una familia con el saneamiento irregular de un predio en Beni.
Una denuncia presentada en la Dirección General de Tierras señala que el exviceministro de Tierras Gustavo Moisés Terrazas Moscoso, en la gestión de Jeanine Añez, favoreció con el saneamiento irregular de 1.685 hectáreas del predio Cascajo, en el municipio Santa Rosa, Beni, a favor de la familia Gil Liegue, que además es excliente del consorcio de abogados con sede en Trinidad al cual pertenece la exautoridad.
Terrazas fue posesionado el 21 de noviembre de 2019 —a pocos días de consumarse el golpe de Estado— por el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez, que luego, en enero de 2020, sería reemplazado por Eliane Capobianco como nueva autoridad del sector.
La denuncia fue presentada por Rubén Rivero, quien menciona que junto a su esposa, Teresa Antelo, son propietarios del predio en cuestión, el cual, en años anteriores, fue respaldado por el Tribunal Agroambiental y una sentencia constitucional que reconoció los derechos de propiedad; sin embargo, mediante artimañas jurídicas y bajo el argumento de que dicho espacio de tierra es parte de otra propiedad, la familia Gil Liegue fue favorecida con los informes legales emitidos por Terrazas.
Según la documentación presentada a la Dirección de Tierras, el exviceministro Terrazas, en tiempo récord, es decir en menos de un mes de ejercer el cargo, emitió un informe desde su despacho que instruyó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitir una resolución de saneamiento en favor de su cliente del consorcio de abogados, la familia Gil Liegue, sin el debido control de calidad. Este documento fue el primer obrado que emitió la institución al inició de la gestión 2020.
Terrazas es socio del abogado Adolfo Barbery Julio, quien es el apoderado de la familia Gil Liegue desde 2013.
El predio Cascajo, de propiedad de los esposos Rubén Rivero y Teresa Antelo, actualmente se encuentra en un proceso contencioso administrativo en la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, con la finalidad de reconsiderar los obrados emitidos por el INRA.
Fuente: Ahora el pueblo
