El reclamo lo formulan a través de un escrito en el que establecen que el avasallamiento de tierras será siempre delito así el predio esté en proceso de saneamiento o con título. Consideran que las personas que invaden terrenos no pueden ser beneficiadas con tierras fiscales por el Estado.
La toma de predios agropecuarios producto de los avasallamientos ha dejado como saldo una grave sensación de incertidumbre para el trabajo e inversión en el campo, según lo sostienen los representantes del directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
A través de un acuerdo lamentan que productores, trabajadores y policías heridos hayan salido heridos producto de los avasallamientos de tierras que lo consideran un delito y por ende debe ser tratado como tal por las autoridades. En ese sentido mantienen la tesis de que la invasión de tierras será siempre delito así el predio esté en proceso de saneamiento o titulado.
«Por mandato legal, toda persona que avasalla tierras, así como sus cómplices y encubridores no pueden ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado», ratifican en un escrito publicado en su portal de Facebook Live.
Consideran, asimismo, que el INRA está obligado a garantizar la tenencia y producción, incluyendo el desalojo como medida precautoria, ante la evidencia del avasallamiento.
Sostienen que las autoridades del INRA deben presentarse ante la Comisión Agraria Departamental (CAO) a informar sobre el estado del proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras en el departamento.
«Es inaceptable que autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial, promueven falsas expectativas de tenencia en tierras privadas o fiscales, y tomen medidas de amedrentamiento a jueces que en estricto derecho han dispuesto el desalojo de avasalladores», recalcan.
Muestran su solidaridad con los funcionarios de la policía que han resultado heridos, «quienes han sido injustamente atacados por grupos irregulares», por lo solicitan una investigación para sancionar a los culpables.
Proponen que la tierra fiscal en Santa Cruz, no sea solo objeto de dotación gratuita a comunidades, sino que se adjudique de forma individual a personas con conocimientos en producción agropecuaria, respetando las prioridades de acceso establecidas en las leyes 1715 y 3545.
«Reiteramos públicamente nuestra solicitud de reunión con el director nacional del INRA, a fin de analizar la situación de los predios de nuestros asociados que se hallan en saneamiento o avasallados, dejando plenamente establecido que como institución brindaremos todo el apoyo legal a los productores afectados o amenazados por los avasalladores», culmina el acuerdo de los representantes de Anapo.
Fuente: Anapo
Redacción: Publiagro
