Los productores piden establecer el diálogo para construir un gran pacto productivo con el Gobierno donde reine el Estado de derecho
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió este miércoles que el paquete de leyes que aprobó y tiene en carpeta el Gobierno contra la Ley de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros delitos, “pueden devenir en muerte civil de las personas”.
La postura de la organización, que agrupa a todos los productores de soya y trigo de Santa Cruz, fue fijada mediante un pronunciamiento público, en el que hace una serie de observaciones a los textos normativos de las leyes 1386,1390 y otras referidas al Registro de Comercio, Derechos Reales e INE.
Según Anapo, este paquete de normas “no evalúa adecuadamente la realidad nacional, en la que converge un gran segmento de la población, como parte de una economía informal existente en la vida cotidiana”.
La organización productiva considera loable el hecho de que Bolivia se ponga al tono con los estándares internacionales, para la investigación y sanción de dichos delitos.
No obstante, observa el contenido de estas normas aprobadas sin ningún tipo de corrección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría oficialista.
“Existen redacciones en las leyes aprobadas y en el proyecto de Ley que fue recientemente retirado por el Congreso Nacional, que contravienen la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de apelación e imponen sanciones que pueden devenir en muerte civil de las personas, además de concentrar facultades investigativas y de sanción en entidades del órgano ejecutivo”, explica Anapo.
Los productores aclaran que ningún ciudadano o entidad puede estar de acuerdo con quienes cometen delitos que se pretenden regular. Sin embargo, consideran que deben estar demarcados claramente “el objeto y alcance de la norma, para que esta no se constituya en mecanismos de persecución, extorsión, venganza y principalmente genere incertidumbre jurídica”.
El comunicado hace notar que gran parte de las observaciones realizadas a la norma de reciente aprobación o debate en la Asamblea Legislativa, “por especialistas y sociedad civil”, encuentran fundamento “en la falta de credibilidad e independencia de quienes conforman las instituciones encargadas de la investigación y sanción de los delitos”.
“Ante ello, solicitamos que estas leyes que se encuentra aprobadas sean dejadas sin efecto y a partir de ello, generar un proceso de concentración nacional entre todos los actores de la sociedad civil, para construir un marco normativa eficaz y eficiente”, señala Anapo.
Por último, la entidad empresarial pide “construir un gran pacto productivo” mediante el diálogo “con el Gobierno donde reine el Estado de derecho y la pacífica convivencia entre todos los bolivianos”.
“Como sector productivo necesitamos certidumbre jurídica y reglas claras para seguir producción, invirtiendo y contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria del país, por lo que las sugerencias son realizadas para construir un gran pacto”, agrega.
Este paquete de normas es rechazado a escala nacional por diversos sectores. Mientras el Gobierno acusa a la oposición de lanzar una campaña de desinformación sobre el contenido de estas leyes. Como parte de la protestas, este jueves el sector gremial y los transportistas organizarán marchas y paros.
Fuente: El Deber
