Esa es una de las principales interrogantes que se plantea Juan Pablo Chumacero Ruiz, director ejecutivo de la Fundación Tierra, en un escrito en el cual describe los problemas que se han presentado para frenar el viejo anhelo de los indígenas originarios y campesinos de tener las tierras para sembrar y producir sus alimentos.
El problema de la distribución de tierras se mantiene más vigente que nunca, por cuanto, aunque el INRA asegura que ya más del 87 % de las tierras han sido saneadas, falta por verse resultados claros y es por ello que los enfrentamientos siguen creciendo como parte de un proceso que no se sabe a ciencia cierta cuando culminará con éxito.
En un amplio escrito de Juan Pablo Chumacero Ruiz, director ejecutivo de la Fundación Tierra, publicado en el portal web de su institución se describe la problemática que afecta a campesinos e indígenas de numerosas regiones del país y al respecto se hace esta pregunta: ¿Qué pasara con la distribución de tierras luego de culminado el saneamiento?
La respuesta a esta pregunta, sin dudas, no tiene todavía respuestas convincentes y de acuerdo al tenor del escrito de Chumacero Ruiz falta mucho tiempo para que se obtenga.
Al respecto aclara que las cifras del INRA a mayo de este año muestran que la superficie saneada y titulada en el país alcanza a un 87% de la superficie objeto de saneamiento. El restante 13% se encuentra pendiente ya que 5,7 millones de hectáreas están aún en proceso de saneamiento, otros 6,9 millones se hallan en conflicto y queda 1,1 millón que debe mensurar todavía.
Nace la historia
Detalla el escritor en el portal ftierra.org que la «Ley 715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) y también la Ley 3545 de Reconducción de Comunitaria de la Reforma Agraria, que modifica la primera, establecen como objeto, entre otros, garantizar el derecho propietario de la tierra, regular el proceso de saneamiento de la propiedad agraria y establecer la estructura y atribuciones del régimen de distribución de tierras en el país».
Como puede apreciarse con estos enunciados todo parecía resuelto, pero asegura que han pasado 25 años desde la promulgación de la Ley INRA y 14 de la Reconducción «y durante buena parte de este tiempo, el mayor esfuerzo en cuanto a la aplicación de estas normas ha estado dirigido al saneamiento de la propiedad agraria».
Esto significa, de acuerdo al criterio del vocero de la Fundación Tierra, que se ha avanzado muy poco en lo referente a un efectivo saneamiento de tierras y el problema se mantiene igual, incluso con signos de agravarse por los enfrentamientos que se han apreciado entre los que quieren tener la propiedad de esos terrenos.
En ese sentido, presenta una descripción del avance del saneamiento de las tierras en el país señalando, entre otros temas, que en los primeros años esa tarea se les encomendó a empresas privadas extranjeras, mientras el INRA se dedicaba a brindar un control de calidad en ese proceso.
«En esos años se priorizaron las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) más grandes en las tierras bajas del país y también el departamento de Chuquisaca, como territorio piloto para la aplicación del saneamiento integrado al catastro (CAT-SAN)». sostiene.
No obstante, indica que este período no arrojó grandes resultados por varias razones, entre ellas un presupuesto limitado, falta de voluntad política y restricciones de orden tecnológico.
Ni el MAS lo ha logrado
Con la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en 2005 parecía que el asunto quedaría resuelto al dársele un enfoque más comunitario al proceso agrario con la Ley 3545.
Es por ello que en la primera parte de ese Gobierno el INRA fue el encargado de llevar adelante el saneamiento de las tierras, pero no se lograron avances.
Solo se apreció un visible desarrollo con la titulación del TCO así como las tierras colectivas e individuales de comunidades campesinas y originarias en todo el país.
En esos años, el MAS, de acuerdo al enfoque del escritor, y en medio de un país polarizado político y socialmente se trata de asimilar la agenda indígena y campesina para tratar de contrarrestar a los planteamientos de los dirigentes de los llamados departamentos de la «media luna», en este caso, Santa Cruz, Beni, Pando, y Tarija en poder de la oposición.
«Por ende la media luna defendía los intereses de terratenientes y agroindustriales de las tierras bajas del país».
En esas circunstancias el tema del saneamiento de tierras en el oriente boliviano pasó a un segundo plano. Se volvía de nuevo al principio y los indígenas y campesinos mantenían el sufrimiento por no tener tierras disponibles para vivir y realizar sus labores agrícolas.
Considera el analista que, tras aprobarse la actual Constitución Política del Estado en 2009, y luego con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031) en 2010 produjeron un rompimiento del denominado “empate catastrófico” que caracterizó la primera gestión gubernamental del MAS, todo debido a la manera en que se negociaron y aprobaron.
La política, a juicio del escritor, se apoderó de la situación y en medio de tensiones por el poder el MAS tuvo un «correlato en las fuerzas políticas públicas y en el saneamiento de tierras».
No obstante, cambió el panorama político y el MAS abandona la agenda indígena planteando ahora una llamada política agropecuaria productiva con la Ley 144 de 2011, en la Agenda Patriótica 2020-2025.
El texto de esta Ley establecía «un desarrollo del agro articulado a los sectores productivos relacionados con la producción agrícola no tradicional y la agroexportación, de la mano de la agroindustria soyera, el uso de transgénicos y agroquímicos y últimamente, la ganadería de exportación, contrariamente a lo que se había visto en años anteriores».
Siguen las esperanzas
Para el expositor en los últimos años el tema del saneamiento de tierras ha sido llevado a diferentes partes del país, pero imbuido en la lógica de un nuevo enfoque y con las nuevas alianzas establecidas, son escasas las tierras que han sido revertidas a terratenientes.
Sostiene, sin embargo, que las demandas restantes del TCO en favor de pueblos indígenas originarios han sido escasamente atendidas.
Considera que la dimensión de la aplicación de la ley agraria no acaba con el saneamiento y la regularización de la tierra, otro de los objetivos de la ley agraria es distribuir la tierra.
Estima que el objetivo que se reclama es alcanzar la sana distribución de la tierra en los sitios donde haya tierras fiscales disponibles para su entrega a campesinos e indígenas.
«Esa es precisamente otra atribución en la cual se encuentra el meollo del debate agrario actual».
Manifiesta que en las zonas de expansión del departamento de Santa Cruz «se evidencia la creación de comunidades nuevas a partir de la otorgación de autorizaciones de asentamiento (por el INRA) en tierras fiscales disponibles».
Aclara que el proceso de la dotación de tierra debería culminar, dos años después de la autorización, cuando se demuestre que las familias de estas comunidades continúen viviendo en el área y hagan uso de la tierra de acuerdo a lo establecido por el Estado.
«Un estudio de la Fundación Tierra establece que en las zonas tradicionales y de expansión agrícola de Santa Cruz existen 1.468 comunidades campesinas, indígenas y de interculturales (colonizadores) que corresponden a cerca de 2,4 millones de hectáreas de extensión. Lo que se desconoce es cuántas de estas comunidades son de reciente conformación a partir de estos procesos de entrega de autorizaciones de asentamiento».
Uno de los principales inconvenientes que se plantea en la actualidad el directivo está centrado en que no hay un orden de preferencia establecido por Ley para dotarlas.
«Muy pocos de estos asentamientos se autorizan para gente del lugar que no tiene tierra o tiene tierra insuficiente; al contrario, buena parte de estas nuevas comunidades está conformada por personas que vienen de antiguas áreas de colonización en el Oriente, del Chapare e incluso de núcleos urbanos relativamente cercanos»
Precisa que los enfrentamientos violentos entre indígenas y colonizadores se han presentado en las últimas semanas por la situación.
Pero todo no queda allí ya que sostiene que han aparecido asentamientos ilegales en territorios indígenas titulados y en áreas protegidas. Así se vulneran los derechos de los pueblos que habitan estos espacios y se afecta el medio ambiente.
Afectos al partido de Gobierno
Y no tiene dudas al establecer en su escrito que en la mayoría de los casos estas nuevas comunidades «están conformadas por militantes del partido de gobierno, con el aval de organizaciones campesinas e interculturales a nivel nacional, y acceden a estas tierras bajo formas de prebendas de pago político y que, a la vez, encajan dentro de un proyecto de ocupación política del territorio».
¿Se pregunta cuántas comunidades son creadas por la necesidad de acceder a tierras para brindar mejores condiciones de vida a sus titulares?
«Esa es una interrogante que ojalá pueda resolverse pronto. Lamentablemente, lo más probable es que la mayoría de estos casos esté alentada por el avisoramiento de una oportunidad de enriquecimiento a partir del acceso gratuito a tierras del Estado para luego traficar con ellas a partir de la venta o alquiler de las mismas».
Los efectos de la distribución
A este respecto sostiene que en cuanto al tema ambiental son visibles los procesos de deforestación de tierras para habilitar tierras agrarias y de ganadería, lo que produce un incremento alarmante de incendios forestales.
Además, se agrava ante las pocas regulaciones estatales lo que trae el efecto directo en la provisión de agua del departamento y del país, y en la disminución de espacios vitales para la fauna y la flora.
Estima conveniente tomar acciones preventivas para impedir que los conflictos generados por el actual proceso de distribución de tierras en el oriente crezcan y se agraven en el tiempo.
Como punto final y no obstante a todos los problemas que expone considera que «el saneamiento de tierras, a pesar de todos los retrasos y problemas en su ejecución, tiene un importante avance; el reto ahora es asegurar que el proceso de distribución de tierras se lleve delante de manera técnica, justa y transparente, al margen de intereses políticos y sectoriales».
Fuente: Fundación Tierra
Redacción: Publiagro
