Los empresarios tienen tituladas 6,3 millones de hectáreas en el departamento, mientras que las TCO 5,2 millones. El sector campesino cuenta con 4,8 millones y 85.000 títulos que acreditan su propiedad. El INRA defiende esta dotación.
¿Quiénes son los dueños de la tierra en Santa Cruz?, es una pregunta que se ha hecho eco en este departamento a raíz de los diferentes conflictos por la tenencia de predios en la región. Un reciente informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) responde esta interrogante señalando al sector empresarial como el mayor beneficiado en el proceso de saneamiento, seguido de los indígenas y los interculturales. Estos últimos, según denuncias de autoridades cruceña, son los que acaparan la dotación de nuevos terrenos.
De acuerdo con el INRA las empresas medianas y grandes tienen 6,3 millones de hectáreas tituladas. Mientras que 287.730 cuentan con Resolución Final de Saneamiento (RSF) y 1,6 millones están en proceso de saneamiento.
Por su parte, el sector indígena, a través de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), cuenta con 5,2 millones de hectáreas saneadas. Por último, el sector campesino, interculturales y pequeñas propiedades tienen tituladas 4,8 millones de hectáreas. La tenencia de la tierra es actualmente un tema que caldea los ánimos.
Por un lado, autoridades cruceñas denuncian el ingreso de grupos afines al partido de Gobierno, a predios reservados para indígenas, reservas naturales e incluso predios productivos. Esto llevó a la Gobernación a convocar a la Comisión Agraria Departamental (CAD) que se declaró en cuarto intermedio, ante la inasistencia del INRA.
Las denuncias son rechazadas desde el Gobierno, que a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sostiene que en el departamento solo falta sanear un 10% de la tierra. Es más, aseguró que algunos de los asentamientos denunciados son legales.
Incluso el sector empresarial, mediante la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pidió transparentar y culminar el proceso de saneamiento de la tierra.
“Exigimos a los entes administrativos (INRA, ABT, Viceministerio de Tierras), el cumplimiento conforme la Constitución Política de Estado y la normativa agraria que establecen que se notifique de toda intervención en cualquier propiedad”, señaló Óscar Mario Justiniano, presidente de la CAO.
Respuesta del INRA
Ante estos cuestionamientos el director regional del INRA, Adalberto Rojas, señaló que desde que inició el proceso de saneamiento el sector empresarial fue uno de los mayores beneficiados.
Actualmente, según Rojas, solo resta titular un 10% de la tierra. Además, dijo que en el sector empresarial falta resolver un 6% del proceso. Incluso defendió la política de distribución en la región.
En esa línea, César Córdova, director nacional de Distribución de Tierras, sostuvo que las autoridades cruceñas hicieron aseveraciones falsas.
La autoridad sostuvo que desde 1996 el saneamiento se realizó dentro del marco normativo y en “en un principio, se favoreció al sector privado empresarial”.
Este sector, según las cifras del INRA, tiene 4.200 títulos de propiedad mediana y empresarial.
“Posteriormente, se dio cabida a sectores productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria del país. Estamos hablando que de 36 millones de hectáreas que tiene Santa Cruz, ya se tiene un 90% prácticamente saneada y titulada”, dijo Córdova.
La autoridad sostuvo que los interculturales cuentan con 4,8 millones de hectáreas, distribuidos en más de 85.000 títulos.
Córdova afirmó que, en promedio, cada parcela titulada a favor de los campesinos equivale a 17 hectáreas por familias. Mientras que “cada título promedio del sector empresarial corresponde a 2.000 hectáreas”.
Es más, la autoridad indicó que no se descuidó al sector indígena, porque se titularon 112 comunidades pertenecientes a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), “que tienen 5,2 millones de hectáreas, lo que demuestra un saneamiento equitativo en Santa Cruz”.
Ambas autoridades defendieron los asentamientos en la Chiquitania, que tienen resolución del INRA “porque son legales” y señalaron que hasta la fecha no existe de forma oficial una denuncia de ocupación ilegal de tierras.
El investigador, Alcides Vadillo, dijo que la distribución hasta el momento fue equitativa, pero observa que en los últimos días se priorizó a un sector afín al Gobierno. “El problema de fondo es que la tierra con vocación forestal hoy está clasificada como fiscal”, dijo.
El experto alertó que el INRA está dotando tierra forestal como predio agrícola a comunidades campesinas, lo que generará un gran impacto ambiental.
“Eso genera sequía, erosión por vientos y posteriormente, incendios”, dijo el especialista.
El cacique de la nación Chiquitana, Ronny Rivero, señaló que se desnaturalizó el sentido de la tierra al entregar predios con vocación forestal a los sectores afines al Gobierno como los interculturales, que no son aptos para la actividad agrícola. “El fondo es político, ellos (el MAS) quieren copar el territorio con este tipo de ocupaciones porque no han podido someter a la gente del oriente boliviano”, dijo el líder.
Fuente: El Deber
