La comisión jurídica de la Cámara Agropecuaria de Oriente demostró ante el INRA que el predio Río Grande había sido invadido ilegalmente y hoy le será devuelto a su dueño. Fegasacruz asegura, por su parte, que más de 5 mil hectáreas han sido invadidas en Santa Cruz.
El presidente de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CA0), Óscar Mario Justiniano Pinto, solicitó a todos los productores ganaderos que consideren que han sido vulnerados sus derechos por el tema de los avasallamientos de tierras a que denuncien ante el organismo que preside para poder trabajar y buscarle una pronta solución al problema que se les presente.
El anuncio fue formulado por el directivo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado, entre otros, por Walter Ruiz, vicepresidente Fegasacruz, quienes abordaron la problemática que sigue vigente por el caso de los avasallamientos de terrenos en el departamento de Santa Cruz.
Destacó el dirigente que la comisión jurídica de la CAO está lista para atender todos los casos que se presenten al punto de que ya han visitado predios para tomar nota de la gravedad de las denuncias.
«La comisión jurídica de la CAO tiene por misión analizar todos los casos que se presenten sobre denuncias de avasallamientos con la finalidad de que puedan ser acreditadas ante el INRA, al igual que en la ABT y otras instancias que tienen que ver con la problemática de tierras».
Subrayó que ya se están enviando las acreditaciones respectivas tomando en cuenta que el apoyo a los productores tiene que ser lo fundamental.
Con mucho beneplácito indicó que gracias a un trabajo de control social coordinado con el Instituto Nacional de Tierras (INRA), Fegasacruz y la CAO, se constituyeron en un predio el cual ha sido avasallado y obtuvieron ya la certificación de desalojo de la propiedad invadida.
«Esto es importante porque el trabajo en conjunto con el productor y también con las instituciones está generando los frutos que se precisan», afirmó con marcada satisfacción.
Sostiene que para los miembros de Fegasacruz fue muy importante el que la semana anterior se mantuvo una jornada completa de trabajo con productores los cuales entienden que sus derechos se han vulnerado con los avasallamientos.
En ese sentido, manifestó que se ha recopilado la documentación la cual se ha remitido a la comisión jurídica para que pueda ser tratada como tal. Ese es el tipo de trabajo, que asegura, están realizando como institución para satisfacción de los afiliados.
Se procederá al desalojo
Entre tanto, el dirigente Walter Ruiz, señala que lo logrado con el predio de Río Grande se alcanzó en base a la normativa agraria la cual permite que el INRA realice una inspección, levante la información y una vez que tomaron todos los datos se determinó que el dueño de ese predio de Pailón tiene la justa razón y por ende se le devolverán las tierras avasalladas.
Informó que este martes se dará la intimación a las personas que se encuentran asentadas en ese predio a los fines de que salgan de esos terrenos.
Señaló que esto se logró gracias a la actuación de la CAO por el cual el INRA dio su veredicto a favor en este caso del productor que había sido afectado.
«Esperamos que las personas que habían invadido el predio de Río Grande ya con este veredicto se retiren de forma pacífica, de lo contrario, corresponderá el pedido de auxilio a la fuerza pública».
Al referirse a las denuncias que ha recibido Fegasacruz señaló que le solicitaron los ganaderos que se sientan afectadas en sus derechos a que asistan a una reunión para que lleven la documentación hasta y así proceder a realizar los trámites correspondientes.
Informó que tienen además otras dos denuncias por escrito que han sido enviadas al equipo jurídico de la CAO con la finalidad de que se apersonen como control social y acompañen en el proceso jurídico al productor para que no se vulneren sus derechos.
En torno a las personas que permanecen en los predios invadidos afirmó que luego de que el INRA, la Fiscalía o el Tribunal Agroambiental se apersone al sitio como control social se comprobarán los datos que están en la denuncia.
Recalcó que lo que buscan es que se haga control social y no están denunciando a persona alguna hasta que se pueda demostrar que se encuentra en un terreno en condición de ilegalidad.
Concretamente señala que los casos que serán analizados se encuentran en San José de Chiquitos y en Pailón.
«Tenemos el dato de que son más de cinco mil hectáreas las que han sido avasalladas y si llegan más denuncias, obviamente, el caso aumentará», dijo para concluir.
Fuente: Publiagro
