La CAD determinó conformar comisiones para investigar invasión de predios. El INRA aclaró que no se invitó a sectores y esas decisiones no son vinculantes.
El avasallamiento de tierras destapa la pugna de poderes entre organizaciones del agro cruceño y el Gobierno central. Ayer se denunciaron enfrentamientos entre pobladores de la Chiquitania y presuntos avasalladores.
A convocatoria del gobernador Luis Fernando Camacho, se instaló ayer la Comisión Agraria Departamental (CAD) con representantes de la región, pero el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que es parte de esa instancia, no asistió.
En el encuentro, que se extendió por unas dos horas, se decidió la conformación de dos comisiones y una subcomisión en defensa de la tierra.
La primera se encargará de salir a defender la tierra y hará una auditoría sobre todos los avasallamientos y tráfico de tierras, sobre las denuncias existentes.
La segunda, de Justicia, realizará los estudios y análisis correspondientes para determinar las acciones legales, civiles o administrativas que se iniciarán al director del INRA por faltar al cumplimiento de sus deberes, ejecutar las medidas hasta que funcione legalmente la CAD.
Y la “subcomisión” se encargará de denunciar internacionalmente los avasallamientos y el tráfico de tierras que existen en el departamento por parte del Gobierno nacional.
Camacho calificó la ausencia del representante de INRA como un “boicot” en momentos en que Santa Cruz sufre por los avasallamientos de tierras.
Eulogio Núñez, director nacional del INRA, indicó a radio El Deber que a la reunión de la CAD, que tiene 16 miembros, no fueron invitados los representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Cidob, Conamaq, comunidades interculturales y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, entre otros.
Por lo tanto, dijo que no se cumplió con el procedimiento y aclaró además que las decisiones de la CAD no tienen un carácter vinculante. “Éste es un espacio que sirve para sugerir y no tiene aspecto vinculante.
Lamentablemente, un espacio tan importante ha sido politizado, se usa como un instrumento para confrontar a las organizaciones y atacar al Gobierno y el INRA”, precisó.
Añadió que su persona se reunirá directamente con las organizaciones sociales, porque si existe sobreposición en un predio, se puede resolver de manera más ágil que en la CAD. “A la reunión de la CAD invitaron a otras organizaciones que no contempla la ley y eso puede generar reacción y conflicto con otros sectores”, alertó.
Núñez sostuvo que el proceso de saneamiento de tierras está con un gran avance y sólo resta completar un 10%. El trabajo de campo ya se culminó.
El miércoles la Confederación de Interculturales de Bolivia mandó “¡Al carajo Camacho!” ante su convocatoria a la CAD. El sector, en un comunicado, se declaró en emergencia contra lo que consideran “atropellos y abusos que cometen grupos de élite cruceñista financiados por las empresas transnacionales que ocupan grandes extensiones de tierra”.
Mientras eso pasaba en Santa Cruz con la reunión de la CAD, el diputado Andrés Ribera denunció enfrentamientos con arma blanca entre pobladores de la Chiquitania y “avasalladores” en el Distrito 3 de San Ignacio de Velasco, hecho ocurrido hace tres días que dejó heridos que se recuperan en el hospital local.
“Fuimos a visitar a la comunidad Evenecer, que está en el lugar asentado hace 20 años, y resulta que el INRA sacó una resolución administrativa en la que se les ordena trasladarse 200 kilómetros y se entrega otra resolución de asentamiento a la comunidad Jerusalén. Al parecer, el Gobierno busca el enfrentamiento y no vamos a permitir al INRA que siga siendo cómplice de los avasallamientos. Vamos a defender a la gente que es víctima de violaciones”, advirtió el legislador de Creemos.
El miércoles, en Pailón se inspeccionó un predio tomado por comunarios. Este terreno de 17 hectáreas se encuentra en etapa final de proceso de saneamiento en beneficio del señor Hugo Ramón Gutiérrez Rojas. La CAO y Fegasacruz pidieron respeto a la propiedad privada.
Advierten más conflictos
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, advirtió que el conflicto agrario está escalando debido a que se están agotando las tierras en disputa.
Añadió que las zonas de conflicto se caracterizan por la sobreposición de grandes agropecuarios cruceños con comunidades que tienen autorizaciones de asentamiento y esto puede desencadenar violencia y enfrentamientos que nadie quiere.
Según Colque, la CAD no funcionó por muchos años y dejó avanzar el tráfico de tierras en Santa Cruz, en parte porque convenía a los agroempresarios.
Por eso el problema con la convocatoria de ayer es con sesgo político. “Está controlado por grupos de poder que lo único que quieren es expulsar a las comunidades, muchas de estas estigmatizadas sin pruebas como avasalladores ilegales”, indicó.
En opinión de Colque, el INRA hace bien en no asistir a una reunión “politizada y reaccionaria”, que sólo puede tensionar más el conflicto de tierras.
Pero, por otro lado, hace mal en no plantear una solución concreta. “El INRA causó el conflicto por la tierra por los hechos de corrupción que se acumularon en la última década. Para desactivar el conflicto, el INRA debe comenzar a transparentar la información del saneamiento de tierras, en especial la información sobre la distribución de tierras fiscales a comunidades y el saneamiento de tierras fiscales a favor de empresarios mediante justificaciones forzadas y procesos viciados de nulidad”, dijo.
El Gobierno liberará el IVA para importar maquinaria agrícola
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de Ley de Incentivos Tributarios para el Sector Agropecuario e Industrial, para la importación y comercialización de bienes de capital y que permitirá la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Cuando sea aprobada la norma, se otorgarán temporalmente incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad y maquinaria pesada para los sectores agropecuario e industrial.
Este anteproyecto de ley se diseñó en el marco de la política de reactivación económica y fomento a la política de sustitución de importaciones.
“Este incentivo también va a generar elementos favorables para importar y comercializar bienes de capital para la industrialización en el sector agropecuario e industrial. Ésta es una normativa que ha enviado nuestro presidente, Luis Arce Catacora, a la Asamblea Legislativa para su análisis, tratamiento y aprobación”, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Detalló que el Gravamen Arancelario (GA) para la importación de maquinaria agrícola y demás bienes de capital actualmente es de 0% y el nuevo incentivo se complementa, ya que por un año habrá exención del IVA. “La idea de este proyecto es incentivar la industrialización a través de incentivos tributarios en la rebaja del pago del IVA en las importaciones y el IVA de comercialización”, remarcó.
Fuente: Página Siete
