El dirigente Mario Moreno Noorthoorn asegura que actualmente venden el quintal de maíz a 45 Bs, y con ello solo cubren los costos operativos. Asegura que no tienen incentivos para seguir trabajando y todo es motivado al contrabando que llega desde Argentina.
Representantes de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor) se declararon en estado de emergencia debido al aumento del contrabando proveniente desde Argentina, según informó su presidente, Mario Moreno Noorthoorn, quien asegura que por concepto de contrabando pierden Bs. 204 millones al año.
El dirigente asegura que en la actualidad la venta del quintal de maíz en el mercado interno está en 45 bolivianos y con ello solo pueden pagar los gastos operativos, por lo que las pérdidas anuales se elevan a más de 200 millones de bolivianos.
Y si se aplica el precio óptimo de 65 Bs por quintal, que cree deberían percibir actualmente como un precio justo, están dejando de obtener 408 millones de bolivianos al año (más de 68 millones de dólares).
«Nuestro sector, en especial el maíz, sufre estas consecuencias motivado a que las instituciones públicas que deberían controlar el contrabando no lo hacen en forma eficaz y nos dejan al libre albedrío ante esa situación», recalcó el dirigente.
A ese respecto señala que debido a este gran inconveniente su sector se encuentra afectado económicamente, al considerar que son cantidades significativas.
Informó que en el sector sur producen 120 mil hectáreas de maíz que es el 71% de la cantidad estimada que se tiene en el departamento de Santa Cruz.
En cuanto a la zona este tienen un 20% las cuales ya fueron cosechadas entre los pasados meses de abril y mayo etapa en la que se llegó a conseguir un mejor precio.
En cuanto a la zona norte bordean el 8.8% del maíz que la sacan en diferentes épocas del año porque allí realizan rotación de cultivos.
«La situación es de grandes problemas para los productores de toda la región del sur donde el productor deja de percibir 10 bolivianos por quintal de maíz».
Al respecto, manifestó que actualmente tienen un precio de venta de 45 Bs por quintal y con ello solo cubren los costos operativos, pero considera que, si se coloca un precio promedio, aspecto que asegura sería lo ideal sin afectar al mercado ni a los productores que los transforman en alimentos basicos y balanceados convertidos en proteínas, el precio debería ser de 55 Bs el quintal.
Con ese precio de 55 Bs el quintal obtendrían un margen de utilidad del 15%, es decir 10 Bs. por quintal con lo cual podrían cubrir algo de ganancias.
Se han dirigido a la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) para que los apoye en la solicitud de que se apruebe ese último precio.
Recalcó que el precio óptimo que reclaman los productores de maíz debería ser de 65 Bs. el quintal.
Solicitó a varias instituciones que mejoren los filtros de vigilancia frente al contrabando en la zona de Yacuiba, Palmar Chico, Villamontes, Camirí.
En ese orden de ideas subrayó que el Senasag les implantó un Registro Único Nacional de productores agrícolas, pero no les prestan los mecanismos operativos para que los sectores pequeños y medianos que acaparan entre ambos entre el 85 al 90% de la producción y el gran productor (10 al 15%) puedan manejar el rubro.
Señala que el Registro del Senasag es un control sobre el manejo de los certificados de origen a destino y considera que la función de ese organismo es la de garantizar la inocuidad del producto para saber si es apto para el consumo humano.
Informa que así quedan expuestos los productores a realizar los trámites con el Registro y por cada camión deben cancelar un costo.
«Esta es otra situación que nos preocupa porque el productor vela por sus intereses y deberíamos ser nosotros mismos, nuestras filiales las que manejamos en nuestras sedes este mecanismo», remarca con molestia.
Y aduce que debe ser así porque son ellos los más celosos guardianes para que no se genere el problema del contrabando. La emisión de la papeleta tiene como objetivo el controlar el contrabando que ingresa del lado sur y jamás serían ellos los causantes del mismo, señala el entrevistado.
Enormes pérdidas
Una de las preguntas de los periodistas referidas al monto de las pérdidas señala que alcanza un 30%.
A ese respecto, presentó como balance el que en volúmenes tienen una afectación de 300 mil toneladas de maíz, es decir un promedio de 622 mil quintales. Existe un promedio de 7.500 camiones que ingresan al país de contrabando anualmente y cada uno transportó 35 toneladas de maíz.
En el primer semestre del año ingresaron entre 50 a 55 camiones por día y si se prorratea a los 12 meses del año se tendría que ingresarán unos 20 a 22 camiones diariamente con maíz que además no se sabe si traen el control fitosanitario y la inocuidad que se exige.
Contrabando con transgénicos
Fue enfático en afirmar que esos camiones llegan con maíz al cien por ciento transgénico.
«Nosotros hemos solicitado poder llevar adelante nuestros cultivos con el desarrollo de la biotecnología, porque tenemos la necesidad de desarrollar nuestras áreas de producción, pues tendríamos las mismas tierras, pero seríamos más eficientes», afirmó.
Los agricultores prácticamente siguen produciendo sus cosechas aun con la serie de pérdidas mencionadas por una tradición familiar y además para evitar que la maleza consuma el predio, pero señala que el contrabando ya está acabando con las tradiciones y el interés de los productores a seguir adelante.
«Por el contrabando el país pierde divisas ante el mayor poder de la moneda nacional en comparación al peso argentino. Es por ello que los argentinos tienen que sacar como sea sus cosechas al exterior y Bolivia es el país más atractivo en ese sentido», destacó.
Solicitó, en forma directa, a las autoridades que tanto los intermediarios que trabajan en las balanzas ubicadas en la doble vía de la Guardia, así como a los empresarios que tienen silos para almacenar todo tipo de granos y a todos los interesados de los sectores productivos que transforman el maíz en proteína, a reunirse para tratar la realidad de este problema.
Se tratará de una reunión para establecer además un acuerdo interinstitucional con la participación del Gobierno que se permita establecer un precio promedio óptimo con la finalidad de no desmotivar a los productores, porque con esa desmotivación se produce desocupación laboral lo que causa efecto en los contratos directos e indirectos en las fuentes de trabajo.
«He visto como en los campos agrícolas se están quedando sin trabajo centenares de agricultores.
Ya son muchos los desocupados en el país y muchos se están marchando a las grandes ciudades a aumentar los cordones de pobreza».
Fuente: Publiagro
