Bolivia posee más de 50 millones de hectáreas de bosques naturales, lo que representa cerca del 50% de territorio nacional cubierto de vegetación en diferentes pisos ecológicos y brindando muchos beneficios a la población boliviana, a la región y al mundo entero.
Desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), se tiene la difícil misión de fiscalizar y controlar que el manejo que se haga de ese bosque, sea enmarcado en las leyes y normas forestales y agrarias vigentes, sin embargo, de un tiempo a esta parte, este marco legal está en muchos casos obsoleto y no se adecua a los principios y orientaciones de la Nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 9 de febrero de 2009. Tenemos la tarea de trabajar en un marco legal adecuado a las nuevas exigencias y enmarcado en la CPE.
El impacto socioeconómico y ambiental de la actividad forestal en Bolivia, es altamente positivo, pues el mismo incide en un 0,7% en el PIB Nacional, sin embargo, falta incentivar aún más a este sector, seguir insistiendo en que todos deben enmarcar sus actividades en la legalidad, que deben promover y dinamizar las economías locales, se debe trabajar en incentivar la producción de artículos terminados, que generen valor agregado, que la riqueza generada beneficie a más gente, que mejore la economía de las familias involucradas, que se diversifique el aprovechamiento forestal; en definitiva, que se cambie el enfoque de aprovechamiento de especies maderables con alto valor comercial, a un enfoque de aprovechamiento y manejo integral del bosque.
Cadena diversa
El bosque con sus interrelaciones, debe permitir a quienes viven de él, que se puedan desarrollar actividades como el turismo, aprovechamiento de especies no maderables, frutos amazónicos, piscicultura, apicultura, medicina natural, aprovechamiento de flora y fauna silvestre, investigaciones científicas, etc.
Es cierto que el país necesita seguridad alimentaria, y por ello es importante combinar de manera eficiente y adecuada, los diversos sistemas productivos, como agricultura, ganadería, forestería comunitaria, utilizando modelos productivos que eviten el deterioro del suelo, que recreen a los ecosistemas, de modo que los ciclos de vida no se vean interrumpidos. Sistemas alternativos como ganadería semi-intensiva, agroforestería, agrosilvopaturas, horticultura, y otros, generan mayores ingresos y utilizan más mano de obra, por lo que se deben incentivar.
Por otro lado, se debe priorizar acciones tendientes a prevenir y controlar la ocurrencia de incendios forestales, empleando todas las herramientas a nuestro alcance, coordinando entre todas las instituciones, organizaciones sociales, entidades del Estado, gobiernos subnacionales, sociedad civil organizada, cooperación internacional, fuerzas armadas, bajo el lema ¡Chiquitanía sin incendios, responsabilidad de todas y todos!.
Los bosques son de todos
De los 10 millones de hectáreas bajo manejo forestal, el 80% está en manos de las comunidades indígenas y campesinas y solamente el 20% en manos privadas. Sin embargo, los empresarios privados son los que invierten para el aprovechamiento de la madera en los planes de manejo de las comunidades y TCOs.
Recordemos que la Constitución Política del Estado, en el Artículo 311 parágrafo II, numeral 2, indica que “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”, y en el numeral 4 refiere que “El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos”.
También la CPE en el Artículo 348, parágrafo II menciona que “Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”, y en el Artículo 386 se refuerza indicando que “Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas”, por lo que toda la cadena productiva, debe estar bajo el control del Estado, a través de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Dejando de lado los prejuicios
En ese sentido, en el sector forestal, se deben establecer los mecanismos para que estos preceptos constitucionales sean realidad y que los actores sociales y productivos ligados a la actividad, se beneficien de la misma.
En esa cadena productiva es necesario que, como ya se ha mencionado, se diversifique el aprovechamiento de las especies maderables y no maderables, que se industrialicen los procesos productivos, que se aprovechen la mayor cantidad de material de los árboles, incentivando la elaboración de productos terminados, de artesanías, esculturas, procesamiento de especies útiles para la salud, y que desde el gobierno nacional se priorice la compra de productos terminados para la educación, para viviendas sociales, para el equipamiento de centros de salud, etc.
Hay prejuicios sobre el sector forestal que deben terminar, y la única forma es difundiendo los beneficios que la actividad de este sector otorga a la sociedad en su conjunto.
Se requiere, por tanto, establecer alianzas estratégicas entre los diversos actores de la cadena productiva, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los municipios, la cooperación internacional, para lograr que la actividad forestal se encare con un enfoque integral del bosque, acorde a lo que se establece la Constitución Política del Estado en los Artículos 405 al 407 en lo que se refiere a lograr el Desarrollo Rural Integral Sustentable.
Fuente: ABT
