El suelo es un recurso natural esencial para la vida que usado en forma adecuada es la base del desarrollo sostenible. Es el principal capital de producción de una inversión agropecuaria porque su rentabilidad está fundamentada en la productividad. El mal uso de suelos es uno de los factores principales que ocasiona los reducidos rendimientos agropecuarios en Bolivia y los procesos acelerados de su degradación han conducido a una desertificación crítica que alcanza al 30 % de su territorio.
Las entidades que hasta el momento han consensuado opiniones a través de reuniones virtuales consideran que la ley de suelos propuesta es incongruente desde el inicio, al plantearla una dependencia cuya labor es la de titulación de tierras, invadiendo una actividad técnica como si fuera de orden jurídico.
Plantea cambios inadmisibles que contravienen artículos de la Constitución Política del Estado, como los Nºs 300, 302 y 304, al pretender desconocer las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originarias campesinas para elaborar y ejecutar Planes de Uso de Suelos.
Transgrede el artículo 94-I-I de la Ley Marco de Autonomías que prevé que el nivel central del Estado formulará sólo directrices (lineamientos técnicos) y reglas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos.
La ley está diseñada para poner en conflicto el ejercicio de la competencia de los gobiernos departamentales y municipales y propone mecanismos que buscan la exacción al productor, creando mayor burocracia centralizada que facilitará el avasallamiento de propiedades. Deja a la potestad del Estado central la forma en que va a procesar a los supuestos infractores al permitir la denuncia de mal uso de suelo por cualquier persona, lo que significa discrecionalidad y extorsión, además de inmiscuir al control social en el saneamiento de tierras. La acción de jueces y del tribunal agroambiental no es clara en cuanto procedimiento y competencia.
La ley tiene un deplorable sesgo hacia la ponderación de los conocimientos ancestrales poniendo al borde de la ilegalidad a la agropecuaria industrial y omitiendo el aporte de la ciencia, la investigación y la academia en el uso y la conservación del suelo, en vez de inculcar el acercamiento entre prácticas familiares y científicas.
La ley propuesta no se centra en temas verdaderamente trascendentales como el fortalecimiento de los sistemas de análisis de suelos, el apoyo del Estado al productor para acompañarlo a lograr los mejores rendimientos en forma sostenible – dado que al velar por su propio beneficio, el agricultor es un guardián de los recursos naturales – y proponer acciones concretas para evitar el deterioro de los suelos en base a un manejo integral enfocado en cuencas.
