El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, y las organizaciones sociales entre ellas el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta) acordaron la destitución del gerente de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo.
«Todas las quejas que fueron argumentadas por los dirigentes de las organizaciones sociales presentes serán comunicadas por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y los asambleístas del Estado Plurinacional a las autoridades superiores del Estado, por lo que se acuerda iniciar el proceso de destitución del Gerente actual de la Empresa Azucarera San Buenaventura y previa sugerencia de postulantes en el transcurso de 10 días se consolide la nueva autoridad de la empresa», se lee en el acta de la reunión a la que accedió ANF.
Los indígenas del pueblo Tacana mantenían un punto de bloqueo en la carretera de acceso a la Easba para exigir la destitución de Ramiro Lizondo, quien había sido posesionado nuevamente como gerente de la compañía, informó el pasado sábado el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Sergio Quenevo a la ANF.
La medida de presión ha sido levantada tras el acuerdo con el Gobierno. Además de la destitución de Lizondo, también se realizarán auditorías y se impulsará la reactivación de la empresa, temas que eran parte de la agenda de la organización indígena.
De la reunión con el ministro Huanca además del Cipta, participaron Futoc-PAI, Feprocai, Cimta, Bartolina Sisa, Asociación Porvenir, Fesipai, Atimai, Fesmai, además de representantes de base.
El representante del pueblo tacana el fin de semana manifestó que sus demandas no eran de los indígenas, sino de toda la provincia Iturralde del departamento de La Paz, toda vez que Lizondo -quien ya cumplió las funciones de gerente en la administración de Evo Morales- no cumplió con varios de los requerimientos de los pobladores.
«Con el exgerente y ahora de nuevo gerente no se ha podido coordinar con las comunidades indígenas en el trabajo de la siembra de caña de azúcar, siempre ha demostrado discriminación a los derechos como pueblos indígenas, vulnerando nuestros derechos como vivientes de la región, limitando a ser parte del proyecto grande del ingenio azucarero», insistió en ese momento.
Además de la destitución de Lizondo y la realización de auditorías pedían que el 80% de los trabajadores sean de la región; la ampliación del área de producción para que se extienda hasta el municipio de Ixiamas; un fideicomiso para la producción de caña en las comunidades campesinas, indígenas e interculturales, «sin discriminación, que nos llueva a todos los ingresos y progreso de la empresa San Buenaventura».
Las comunidades tacanas también denunciaron que existe un «direccionamiento» a un solo sindicato de transporte de carga del señor Ramiro Mamani, según las planillas las adjudicaciones serían de más de 11 millones de bolivianos, exigen que se rompa este «monopolio». Finalmente, solicitan que se permita la constitución de un sindicato que garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.
Denunció que los desechos de la empresa que son descargados por desagües van directamente a los ríos de la región, lo que está generando la contaminación de sus recursos hídricos, citó la realización de estudios de la Universidad Mayor de San Andrés.
Comentó que la empresa a través de Lizondo también entró en disputa por espacios territoriales en tierras fiscales, que son las mismas que habían solicitado las comunidades tacanas; esto para que el ingenio realice toda la cadena de producción bloqueando la posibilidad de generar fuentes laborales e ingresos a las comunidades.
El pliego petitorio completo será analizado con la nueva autoridad que sea designada en el cargo, según el acta de la reunión sostenida este pasado lunes.
Fuente: Los Tiempos
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