En un documento de apoyo rechazan en forma categórica la demanda penal presentada por el empresario Branko Marinkovic en contra de Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
La Fundación Tierra logró el apoyo de más de sesenta instituciones de la sociedad civil que rechazan a través de un documento entregado a los medios la demanda penal interpuesta por el empresario Branko Marinkovic en contra de Gonzalo Colque, director de la referida Fundación.
Enfatizan que esta situación se presenta por las denuncias documentadas realizadas por Colque sobre la titulación irregular de 34 mil hectáreas, en los predios «Laguna Corazón» y «Tierras Bajas del Norte» durante el gobierno de Jeanine Añez.
A través del comunicado las referidas organizaciones de la sociedad civil firmantes sostienen que las denuncias presentadas por la Fundación Tierra son parte de la labor permanente en defensa de la justicia social relacionada al problema agrario y productivo.
«Esta tarea ha representado un importante aporte a la labor de vigilancia y control desde la sociedad civil boliviana hacia las políticas públicas implementadas desde los diferentes gobiernos que han sucedido», enfatizan en el escrito llegado a nuestra sala de redacción.
Aclaran que las normas políticas y acciones del Estado en lo que se refiere a tierras y territorio afectan directamente a la vida, integridad y desarrollo de las personas, por lo que el trabajo de la Fundación Tierra implica una defensa permanente de Derechos Humanos.
En segundo término, las organizaciones sostienen que están muy preocupados al señalar que desde hace varios años «se intenta acallar a Fundación Tierra y las voces de múltiples organizaciones de la sociedad civil, cuando éstas denuncian el abuso de poder de los gobernantes y de grupos económicos acaudalados y poderosos».
De igual forma, expresan su alta indignación al rechazar el uso indebido del derecho penal, que busca criminalizar a defensores de derechos humanos, intimidar y entorpecer su labor y violentar los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política del Estado, así como los convenios internacionales que afectan el Estado de Derecho y a la democracia.
«La utilización de tipos penales contra el honor (difamación, calumnias e injurias) para evitar que la sociedad civil cuestione el trabajo de una autoridad pública atenta contra la libre expresión de la sociedad civil, fomentando un clima de criminalización y autocensura».
Asimismo, sostienen que la denuncia penal contra Colque «no es solo responsabilidad de Marinkovic, sino también de los administradores de justicia, que no adecúan su accionar a los estándares internacionales y democráticos de protección de la libertad de expresión».
Las organizaciones civiles que respaldan a Fundación Tierra argumentan además que «alarma la carencia de institucionalidad de las instituciones públicas encargadas de regular y fiscalizar lo referido a tierra, territorio y medio ambiente , el INRA, la ABT y el SERNAP han destacado un silencio abrumador y cómplice de las acciones que no solo han afectado la supervivencia de pueblos indígenas , sino que han atentado directamente contra reservas naturales y áreas protegidas que permiten la subsistencia de un ecosistema habitable para todo el planeta».
Establecen, asimismo, que la defensa del territorio y la protección del medio ambiente son fundamentales para la vida en sociedad.
«Por lo tanto, toda acción que vaya en contra de la naturaleza y más aún por intereses individuales y económicos tendrá en nuestras instituciones una respuesta contundente de rechazo, además de plena solidaridad con quienes sean víctimas de estos atropellos».
En el comunicado hacen una exigencia a las autoridades para que cumplan con sus responsabilidades de garantizar el trabajo y la labor de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
«Finalmente, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, para que pueda continuar en su labor en la defensa de los derechos humanos sin que de por medio existan presiones y obstaculizaciones promovidas por grupos de poder».
Entre las organizaciones que respaldan el referido comunicado están Fundación Agrecol, Fundación Centro Arakua Arenda, Aynisuyu, Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, Centro de Estudios y Proyectos (CEP), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), CEDIB, Centro de Investigación y Prevención del Campesinado (CIPOA), Equipo de Comunicación Alternativos con Mujeres (ECOAM). Fundación Solón, Ecotambo, Formasol.
También respaldan a Fundación Tierra, el Centro Juana Azurduy, Fundación Jubileo, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, Plataforma Nacional de Suelos, Pastoral Social Cáritas, Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de Acción Social (UNITAS), ACLO, REPAM Bolivia, ASOCIO, CIQ, ADEZA, Fundación Machapa Amawta, PRODECO, Fundación PRODIASUR, Altiplanos y Valles Interandinos, Plataforma Regional de Suelos, entre otras instituciones.
Fuente: Publiagro
