Protestan las decisiones tomadas por la nueva directora general de Saneamiento del INRA

Los denunciantes aseguran que Andrea Quispe ordenó la paralización de todos los procesos de saneamiento de Medianas y Empresas sin plazo. Se preguntan: «¿La nueva política del Gobierno será cometer arbitrariedades en contra del sector productivo del país?.

Un contundente reclamo en contra de Andrea Quispe Vargas, nueva directora general de Saneamiento del INRA, formularon un grupo de personas que se sienten afectadas por la medida que tomó la funcionaria de realizar una «auditoria y paralización de todos los procesos de saneamiento de medianas y empresas».

En el comunicado entregado a los medios los afectados sostienen que la nueva directora es además asesora legal de la organización Bartolinas y a su vez es miembro de la «comisión de transición».

«Con actitud temeraria, a nombre del ministro Cáceres está cometiendo irregularidades en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El principal reclamo que hizo al personal el día de su posesión (11-11-2020) fue del por qué se han trabajado Medianas propiedades y Empresas, arguyendo que esos propietarios son de la derecha y latifundistas y por esa razón no debían de tocarse», sostienen en el escrito.

En cuanto a la instrucción de realizar auditoria jurídica y paralización de todos los procesos de Saneamiento de Medianas y Empresas sin plazo la funcionara sostiene que «deben ser anulados solo porque fueron trabajados en el período del gobierno de transición sin marco legal que habilite dicha revisión».

Afirman que con esta medida está «causando inseguridad jurídica y serios perjuicios a los beneficiarios de los procesos de saneamiento del sector productivo y empresarial del país».

Asimismo, critican el hecho de que la mencionada funcionaria para tal fin «instaló una comisión «exclusiva» conformada por exfuncionarios y funcionarios actuales, afines a su línea política con instrucciones específicas de identificar observaciones a los procesos de saneamiento y responsabilidades para el personal técnico».

«Asimismo, instruyó la paralización de todos los procesos de saneamiento de Medianas y Empresas sin plazo, ordenando trabajar únicamente Comunidades Campesinas», destacan en el comunicado que llegó a nuestra sala de redacción.

Por otra parte, aseguran que el INRA tiene como función principal por ley la regularización y perfeccionamiento del Derecho Propietario y otorgar seguridad jurídica.

La nueva directora, Quispe Vargas, según los denunciantes, «olvida que las propiedades medianas y empresariales que está “auditando” cuentan con Resoluciones Finales de Saneamiento Ejecutoriadas y varias están Tituladas».

«Olvida también que el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante Decreto 3467 de 24 de enero de 2018, dejó sin efecto la facultad del Viceministerio de Tierras para interponer acciones Contencioso Administrativas y Nulidades de Título Ejecutorial. La única instancia Legal en el país para determinar irregularidades en procesos de saneamiento con Resolución Final y Titulados es el Tribunal Agroambiental».

Por último, en forma directa se preguntan: «¿La nueva política del Gobierno será cometer arbitrariedades en contra del sector productivo del país? ¿Será que, al paralizar procesos con actividad productiva, se busca generar nuevamente la inseguridad jurídica, el avasallamiento, la extorsión a los beneficiarios y el tráfico de tierras?».

Fuente: Publiagro