EL DEBER se trasladó hasta la TCO Bajo Paraguá para hablar con autoridades y habitantes. A pesar de ser ricos en recursos naturales, ni siquiera tienen buenos caminos, agua potable, centros de salud o escuelas; internet es un lujo en la zona.
Una Coca Cola cuesta Bs 20. Es el precio de una larga travesía: las provisiones viajan hasta 25 horas (en época seca), para abastecer a las tiendas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Bajo Paraguá, en uno de los extremos del departamento cruceño, rumbo a la frontera con Brasil.
Piso Firme, la más distante de las cuatro comunidades de la TCO, según el estatuto de creación de la Central Indígena Bajo Paraguá (Cibapa), se encuentra a 800 km de Santa Cruz, pero las horas de viaje se multiplican por el mal estado del camino. Las otras poblaciones son Porvenir, Cachuela y Florida.
Con suerte, a veces funciona la señal de Entel, las otras telefónicas son causa perdida, al menos en Piso Firme y Porvenir, las más habitadas de la TCO. Los ‘pudientes’ pueden costear internet del Tupac Katari, por 9.000 megas pagan Bs 300, previa inversión en la instalación de una antena, a Bs 2.800, al menos en Porvenir.
Esa comunidad es la única que se da el lujo del agua con calidad, tiene un pozo perforado con más de 80 metros de profundidad. En Piso Firme, el agua se encuentra a 14 metros, según la cacique, Hortencia Gómez, ya hicieron pruebas, y el líquido vital no brinda muchas garantías.
Y en medio de carencias, alrededor se levanta el paraíso, con vegetación hasta donde la mirada alcance. En la letra, esos recursos naturales deberían ser la fuente de ingresos económicos para las comunidades; sin embargo, EL DEBER visitó dos de las poblaciones, pero conversó con habitantes de tres de ellas, Porvenir, Piso Firme y Cachuela. Según ellos, desde que se aprobó el Plan de Manejo Forestal (PGM), en 2002, no han recibido recursos.
Gómez dice que para levantar la posta de Piso Firme los habitantes se dieron modos. Ignacio Macoñó, cacique de Cachuela, donde habitan unas cinco familias, coincide. “Lo raro es que del PGM no recibimos nada. Con tantos recursos que tenemos, Cachuela debería estar brillando, deberíamos tener servicios”, sostuvo.
Según estas autoridades, la TCO, que depende de la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, en cuanto a presupuesto, recibe cerca de Bs 200.000 en proyectos, nada en efectivo. “Para Piso Firme son como Bs 40.000, para Cachuela me parece que Bs 3.500 de POA”, dijo Gómez.
Divisiones
La organización matriz que debería administrar esta TCO, creada en 1998, bajo la jurisdicción indígena, es la Cibapa.
Actualmente hay dos Cibapa, una que tiene, históricamente, control del PGM, mientras que la otra no ha recibido el visto bueno de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT).
La que maneja el aprovechamiento forestal está dirigida por Richard Arteaga, y la otra por Lizandro Saucedo.
Esta TCO, que debería resolver sus asuntos por justicia indígena, ya tiene su archivo con documentos de la vía ordinaria, con denuncias de ida y vuelta, y hasta órdenes de aprehensión.
EL DEBER accedió a un expediente en el que se evidenció el traspaso de representación legal de la Cibapa ante la ABT a través de un poder notariado. En el documento, de mayo de 2018, Emilio Toledo, ya fallecido, y Víctor Hugo Salvatierra, otorgan el poder a Percy Salvatierra, actual vicepresidente de una Cibapa y representante ante la ABT, para la comercialización de todas las especies disponibles en 5.000 hectáreas aprovechables.
El Plan de Manejo Forestal
Cuando EL DEBER pidió descargos económicos documentados al actual presidente de la Cipaba a cargo del PGM, Richard Arteaga, este explicó que cuando asumió el cargo, en enero de 2020, no recibió un solo informe del saliente, pero que tomando cuidados, dejó constancia de que no se le entregaron, por escrito, rendiciones de ningún tipo. Además, aclaró que en lo poco que va de su gestión no hubo explotación forestal debido a la pandemia.
“No puedo tapar el sol con un dedo con las cosas que pasaron, cada cual es responsable de sus actos, los delitos o corrupción son personales. Se han hecho cosas malas, no hay santos. Cuando se empezó con el PGM se conformó una empresa grandísima, en esa época los recursos sí eran manejados por la directiva de la Cibapa, ellos manejaron esa plata y no sabemos dónde está”, dijo.
Según Arteaga, cuando asumió el cargo le llovieron cobranzas de anteriores gestiones y a la pregunta sobre el destino de un tractor extraviado y comprado para la TCO, en la época de Hugo Salvatierra, dice que no estaba enterado del asunto. “No voy a mentir, se han aprovechado y no dieron a las comunidades lo que les corresponde”, indicó, pero además aclaró que hoy el presidente de la Cibapa no recibe plata por concepto del PGM.
Arteaga explicó que una de las modalidades de aprovechamiento que se hicieron en el último tiempo, fue otorgar triple A (determinadas extensiones aprovechables sobre el total) a las familias más necesitadas de las comunidades.
“Se entrega al cabildo de cada comunidad, hacen su solicitud a la directiva, que les viabiliza. Esto ha sido un despelote. Por ejemplo si Porvenir solicita 1.000 ha para aprovechamiento comunal, eso se entrega al cabildo de allá, los caciques verán en sus comunidades a qué grupos van, eso es jurisdicción de los cabildos, es rotativo”, explicó.
Según Roni Ribera, de la Cidob Orgánica, el estatuto de la Cibapa manda, desde su creación, que la directiva de esta central indígena no maneje los recursos del PGM, sino un comité creado exclusivamente con este fin.
Rolvis Pérez Ribera, que forma parte del Cabildo de Porvenir, aseguró que “a más de una raspada del camino, por donde sacaban la madera, la comunidad no se ha beneficiado con nada del Plan de Manejo Forestal. Nunca informaron ni del final de la zafra, ni de las utilidades”.
De acuerdo a Pérez, como alternativa ante la ausencia de ingresos para Porvenir, se vieron empujados a trabajar con su propio manejo del asaí, que ya logran exportar a Europa.
“Si manejáramos bien nuestros recursos no necesitaríamos nada, somos riquísimos, pero la dirigencia indígena se ha prostituido por cuatro pesos”, dijo Maida Peña, cacique de Organización de la Cibapa Orgánica, y una de las que más idas y vueltas judiciales ha tenido con los administradores del PGM, desde la época de Cliver Rocha.
Según Peña, ya venció el PGM de Cibapa. “En 2002 se aprobó, y duraba hasta 2012, a los diez años debió darse revisión desde la ABT”, cuestionó.
Utilidades, un misterio
EL DEBER se comunicó con Dekma, una de las varias empresas que compró madera a la Cibapa y a la comunidad Florida. Y aunque compartieron información sobre la cantidad de madera adquirida, no así del precio. “Es un tema delicado”, dijo uno de los entrevistados que prefirió no dar su nombre.
“A Cibapa le compré casi 1.200 cubos y a Florida aproximadamente 2.000, el año pasado no fue mucho”, dijo Diego Gutiérrez, gerente de producción de Dekma.
La información que manejan, extraoficialmente, los habitantes de la TCO, es que el metro cúbico o cubo de árbol en pie, es de seis dólares. Aunque según el experto forestal Víctor Yucra, en el mercado se baraja un precio promedio de diez dólares, o incluso hasta de ocho.
Según un cálculo no tan exacto de Yucra, del PGM de la TCO Bajo Paraguá, de las 90.758 hectáreas, deberían aprovecharse como 4.000 ha. “De eso mínimo deberían salir 20.000 cubos, que vendidos cada uno a seis dólares, darían como 120.000 dólares por año”, argumentó, y ejemplificó además a Guarayos, tras un análisis de esa zona, “si produce 300.000 cubos, a una media de seis dólares, hablamos 1,8 millones de dólares los que reciben”, ilustró sobre los montos.
Yucra dijo que el problema de Bajo Paraguá es recurrente en las TCO. “El que hace el PGM al inicio, lo tiene y se siente dueño porque lo firmó y pasan presidentes de su asociación, pero no largan la representación legal, no hacen rendición de cuentas y se eternizan.
Cuando la autoridad no indígena se quiere meter, ellos se amparan en la autonomía indígena”, dijo, enfatizando en que la ABT realizó auditoría a los privados, pero no a las jurisdicciones indígenas.
El director jurídico, José Luis Terrazas, explicó que una auditoría implica verificar todos esos derechos, árbol por árbol en las 90.000 ha. “Es un trabajo de por lo menos tres meses y mucho personal técnico y jurídico que no tenemos”.
Cifras
120.000 Dólares
Cada año, es el cálculo de un experto forestal, sobre los recursos económicos por explotación forestal en Bajo Paraguá.
800 Kilómetros
Es la distancia aproximada entre Santa Cruz de la Sierra y Piso Firme, el punto más distante de la TCO.
300 Bolivianos
Es lo que pagan los habitantes de Porvenir por internet limitado del Tupac Katari. La instalación cuesta Bs 2.800, dicen.
Fuente: El Deber
