De acuerdo con el Iniaf, en ese periodo se tendrán que hacer pruebas en tres localidades diferentes durante dos campañas de siembra. Activistas alistan una batería legal para frenar el uso de nuevos eventos.
A partir de lo determinado por la justicia, que no dio a lugar a la Acción Popular presentada por distintas instituciones que rechazan el uso de semillas transgénicas, desde el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, consideran que el ingreso de nuevos eventos dependerá de las solicitudes de permiso que realicen las comercializadoras de este tipo de semillas genéticamente modificadas.
Marín Condori, director nacional del Iniaf, precisó que hasta el momento no han ingresado pedidos de solicitud de empresas que trabajan semillas transgénicas al Comité de Bioseguridad y que de hacerlo estas tienen que cumplir distintos requisitos como el cultivo y ensayo de una determinada semilla genéticamente modificada en tres localidades diferentes y durante dos campañas de cultivos.
Condori señaló que si hasta diciembre ingresa una solicitud, calcula que recién en 2022 se podría estar autorizando el uso de nuevos eventos transgénicos, a tiempo de precisar que ahora el Comité de Bioseguridad debe tomar en cuenta, en un proceso abreviado, el pedido de las empresas que trabajan con transgénicos para realizar los respectivos ensayos, en el campo, en los que se debe analizar que dichas semillas no tengan un impacto en el medioambiente boliviano.
“El Iniaf apuesta por la biotecnología de forma general sin importar si un productor es pequeño, mediano a grande. Se deben impulsar los nuevos modelos de producción que incluyen nuevos eventos transgénicos, siempre siguiendo lo que indica la normativa en cuanto a seguridad en salud y medioambiente”, dijo Condori.
Al respecto, Eliane Capobianco, ministra de Desarrollo Rural, y Agropecuario, precisó que los decretos 4232 y 4238 no vulneran ninguna norma constitucional, sino que establecen el estudio y análisis acerca de si una determinada semilla transgénica puede ser adoptada en el sistema productivo boliviano.
Capobianco remarcó que la última Acción Popular interpuesta por activistas que rechazan el uso de transgénicos, carecía de un argumento científico, técnico y legal, y puntualizó que el uso de nuevos eventos no se dará de forma automática, sino que antes debe pasar por distintos análisis y estudios para ser aprobados por el Estado.
En el plano legal, María Loham, de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, negó que la Acción Popular presentada no tenga un sustento científico y precisó que esta acción es un ejercicio real de los derechos humanos y de los derechos del ciudadano que tienen para cuidar su salud y el medioambiente.
Reinaldo Díaz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sostuvo que ahora es el tiempo de los productores que deberán demostrar la importancia de la biotecnología y cómo puede ayudar al desarrollo del país generando mayores ingresos y volviendo más competitiva la producción agropecuaria del país.
Voces productoras
Freddy García, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Productos Alternativos (Promasor), dijo que el fallo de la justicia significa que da viabilidad al decreto supremo que acorta los tiempos de evaluación de los posibles eventos que puedan cultivarse en Bolivia, previa reglamentación del Comité de Bioseguridad.
En cuanto a los plazos para concretar el uso de nuevos eventos, García calculó que dentro de un año y medio a dos, el productor podrá estar sembrando semillas transgénicas. Sin embargo, aclaró que para concretar esta posibilidad se deben seguir todos los procedimientos que exige la normativa nacional, como los ensayos en el territorio nacional de diferentes eventos de las distintas empresas que deseen desarrollar la biotecnología y que deben responder a las necesidades de los productores maiceros.
Sobre las observaciones, de grupos ambientalistas, a las semillas resistentes a los productos químicos, como plaguicidas, herbicidas e insecticidas, García precisó que justamente ese es uno de los factores más importante del porqué se utiliza la biotecnología que permite evitar esos productos químicos o se reduce su frecuencia de uso.
Un punto fuerte para los productores, es la posibilidad de mejorar los rendimientos a partir del uso de semillas transgénicas; así, para Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), lo importante del nuevo evento de biotecnología en el trigo como el HB4, resistente a la sequía, es la posibilidad de contribuir a aumentar la productividad y disminuir el déficit que existe actualmente.
Hernández consideró que los nuevos eventos de biotecnología van a contribuir a mejorar la productividad de la soya y del trigo en un 30% a un 40%, considerando que el rendimiento promedio de soya es de dos toneladas por hectárea y del trigo, de 1,7 toneladas por hectárea.
Otro aspecto que destacó el ejecutivo es que con el uso de la biotecnología el impacto económico será importante, ya que solo en el caso del maíz se van a producir 500.000 toneladas adicionales en la misma superficie de siembra que, de acuerdo con el gerente de Anapo, representa más de $us 140 millones.
“Lo principal es que los productores serán más competitivos para afrontar el contrabando de cientos de miles de toneladas de maíz transgénico que ingresa todos los años desde Argentina”, señaló Hernández.
Opiniones disidentes
La incorporación de nuevas semillas transgénicas, al sistema productivo boliviano, divide aguas.
Así, ante el rechazo a la Acción Popular planteada por distintos grupos activistas, Leonardo Tamburini, investigador de la Plataforma por el Medio Ambiente Bolivia, sostuvo que aún queda desarrollar la normativa autonómica municipal e indígena que cierre el paso al glifosato y los transgénicos porque contravienen la visión indígena de desarrollo.
También está la posibilidad de realizar la vigilancia sobre la aprobación de transgénicos sin consulta previa y su implementación, y si se busca ir más allá, Tamburini remarcó que se pueden realizar acciones internacionales ante los sistemas de protección de derechos humanos interamericano y de Naciones Unidas.
Rita Saavedra, de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, indicó que rechazan todas las semillas transgénicas porque en Bolivia hay un marco legal y constitucional que las prohíbe, como la Ley 300 que indica que los transgénicos deben ir desapareciendo gradualmente, porque según su criterio, se ha demostrado su falta de rendimiento y porque están muy vinculadas a la ampliación de la frontera agrícola y a la quema forestal.
Para Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, las corporaciones que desarrollan las semillas transgénicas han concentrado toda su energía en las semillas que están asociadas a un paquete de agroquímicos tolerantes a herbicidas como el glifosato, glufosinato de amonio, 2,4 D y Dicamba.
“Estas empresas transnacionales están interesadas en comercializar sus semillas junto a sus agroquímicos, generando dependencia y destruyendo la soberanía científica, que es la base del desarrollo de cualquier país”, observó Crespo.
Además, subrayó que Bolivia es un país megadiverso que no requiere de la producción agrícola de transgénicos para alimentar a sus habitantes (por los daños que supuestamente causa a la salud humana), y porque dice que las semillas genéticamente modificadas están asociadas al uso de agroquímicos, cuya residualidad está presente en los derivados de la producción animal.
“Si Bolivia no usara transgénicos, aportaría a la salud de sus habitantes y tendría más posibilidades de competir en el mercado internacional con alimentos sanos y nutritivos”, precisó Crespo.
Fuente: EL DEBER
