La Contraloría General del Estado detectó deficiencias en la gestión ambiental de 22 botaderos a cielo abierto por la falta de acciones de control y vigilancia en la disposición de residuos sólidos que agravan la contaminación del aire, el suelo y los cuerpos de agua.
Cercado, Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe, Colomi, Entre Ríos, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel, Villa Tunari, Punata, Arbieto, Cliza, Capinota, Aiquile, Mizque, Tiraque, Cocapata e Independencia son los municipios que aún no logran cerrar sus vertederos, pese a que la norma establece que el plazo concluye en diciembre de 2020.
La institución alertó, además, mediante el informe de supervisión K2/GP11/G20-G1 del 5 de octubre de 2020, que la Gobernación de Cochabamba no logró aprobar “planes de cierre” que permitan monitorear y hacer un seguimiento cabal del cumplimiento de las medidas de mitigación para sanear los sitios utilizados como vertederos tal como establece la Ley No. 755.
El documento menciona que todos los botaderos continúan operando sin ninguna mejora significativa y que casi un 90 por ciento no cuenta con licencia ambiental.
“Sólo uno cuenta con un relleno sanitario que tiene su licencia ambiental donde se disponen los residuos sólidos no aprovechables, esto es en el municipio de Sacaba. Otros tres municipios cuentan con la aprobación de operación de los sitios de disposición final a través de la licencia ambiental y de la aprobación del plan de cierre”, detalla el informe.
La situación es crítica en la región metropolitana, debido a que por mes se recolectan 20.798 toneladas de basura, 17.682 se disponen en lugares que no cuentan con licencia ambiental.
En tanto, en la región del trópico se disponen 1.768 toneladas de residuos sólidos en cuerpos de agua, mientras que en el valle alto la cantidad es de 1.137 toneladas. En el cono sur y la región andina la cifra es 215 toneladas.
En su parte conclusiva la Contraloría advierte la ausencia de lineamientos y planificación departamental y municipal para promover el cierre de los botaderos y así frenar daños colaterales.
Solicita a la gobernadora Esther Soria la presentación de un cronograma con fechas para cumplir las recomendaciones de la supervisión.
La entidad finaliza el informe con tres recomendaciones en las que apunta a que la Gobernación debe incluir en la planificación departamental de mediano y corto plazo del sistema de planificación integral del Estado el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos sobre el cierre de los botaderos.
Plantean procesar a Canelas, Soria y otros por no controlar vertederos
Tras revisar el informe de la Contraloría General del Estado, el asambleísta departamental Freddy Gonzales adelantó que iniciará un proceso contra la gobernadora Esther Soria, su antecesor Iván Canelas y otros funcionarios de la Secretaría de la Madre Tierra por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes.
Además, de atentar contra la salud y daños ambientales por no hacer un seguimiento adecuado para que los municipios cierren los botaderos a cielo abierto.
Detalló que el gerente departamental de la Contraloría, Juan Carlos Guerra, remitió una nota al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en la que señala que “el documento debe ser analizado por la instancia que preside para actuar conforme las atribuciones y funciones correspondientes”.
“Analizando el informe vemos que hay incumplimiento de deberes y otros delitos por la grave contaminación que existe en el departamento. Nos corresponde como autoridades presentar la denuncia al fiscal ambiental para que analice éste y otros documentos que tenemos sobre este tema”, afirmó.
El legislador agregó que lo que llama la atención del informe es que este señala que en 2016 la Gobernación hizo un diagnóstico de todos los botaderos del departamento, pero a la fecha no elaboró un plan para cerrarlos.
Fuente: Los Tiempos
