Unas 15 organizaciones productivas rechazan la consulta popular para el uso de los transgénicos que mejorarían los rendimientos. Activistas alertan daños en la salud y el medioambiente.
Unas 15 organizaciones del norte de San Julián (Santa Cruz) plantearon la necesidad de dar curso el Decreto Supremo 4232 que establece la evaluación de cultivos genéticamente modificados como las semillas de soya, maíz, algodón, trigo y caña de azúcar.
Los productores consideran que esto permitirá el acceso a la biotecnología y que esta repercutirá en una mejora de los rendimientos, en una reducción de los costos de producción y en una mayor resistencia, de los cultivos, a las plagas, enfermedades y a los cambios climáticos, en especial el de la sequía.
Tras mantener una reunión de emergencia dichas organizaciones determinaron:
Primero. Ratificar la necesidad de usar y tener accesos a la biotecnología
Segundo. Rechazan la acción popular interpuesta por grupos activistas, que a criterio de los productores perjudican al desarrollo del país.
Tercero. Exigen a la Cámara de Diputados y Senadores elaborar a corto plazo un proyecto de ley sobre biotecnología.
Cuarto. Apostar por la biotecnología en zonas productivas que necesitan potenciarse.
Quinto. En caso de resultar un fallo en contra de la biotecnología las organizaciones productivas se verán a tomar medidas de acción.
Cabe recordar que la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz difirió la audiencia, para el 25 de septiembre, de la acción popular que debía resolver la posibilidad de avanzar para adoptar nuevos eventos biotecnológicos en su sistema de producción agrícola. La medida jurídica fue planteada por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la tecnología.
Rechazo a los transgénicos
El colectivo Bolivia Libre de Transgénicos con el aporte de investigadores de distintos países informó que el uso de semillas transgénicas representa un grave riesgo para la salud humana, acelera la erosión de la biodiversidad y daña al medioambiente por el uso intensivo de plaguicidas.
María Lohman, integrante de dicha plataforma, explicó que los decretos 4232/20 y 4238/20 son una amenaza para las semillas nativas de Bolivia, particularmente sobre variedades autóctonas de maíz.
Lohman sostuvo que al optar por los transgénicos generará un aumento en el uso de plaguicidas que tendrá un efecto negativo en la salud pública y comunitaria, así como en la calidad ambiental.
Fuente: El Deber
