Para los avicultores el acuerdo entre los productores, las agroindustrias oleaginosas y el Gobierno nacional, es claro en cuanto a la fijación del precio para el mercado local de los derivados de la soya, por ello celebran la intervención estatal, que también forma parte de este acuerdo.
Días atrás los productores avícolas denunciaban el incremento no consensuado al precio de la harina solvente, por parte de las Industrias aceiteras. A ellos se sumaron otros sectores productivos también afectados, lo que motivó que el Gobierno nacional interviniera para frenar esta situación.
Según indicó Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), las industrias aceiteras incumplieron los compromisos asumidos en el reglamento del Decreto de Liberación de las Exportaciones que está vigente mediante la Resolución Ministerial número 003 / 2020 del primero de julio.
“Dicha resolución tiene como objetivo establecer los mecanismos para el monitoreo del abastecimiento del mercado interno y de precios de los productos agroindustriales de exportación”, detalló.
El dirigente dijo que, a partir del 01 de septiembre de este año, de manera arbitraria las industrias aceiteras incrementaron el precio de la harina solvente a 2.250 bolivianos por tonelada, sin tomar en cuenta lo establecido en dicho reglamento que indica que el precio de venta local será el precio promedio que el conjunto de la industria aceitera exporte durante la quincena precedente. Esto significaría, el valor de la exportación FCA más el impuesto al valor agregado (IVA).
En ese marco, según Alandia, el precio de la harina solvente no debería superar los 2.034 bolivianos por tonelada, sin embargo, la industria de manera unilateral lo había incrementado por encima de ese valor.
Todo está reglamentado
Recordó que estas disposiciones se habían consensuado entre los subsectores de la (Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) involucrados en el tema (avícola, el porcino, lechero, ganadero y los productores de oleaginosas) y los socios de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (Caniob).
“Ya está todo en la mesa, está puesto el decreto y el reglamento. Lo único que queda es cumplirlo y hacerlo cumplir. ¿A quién le corresponde? El Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) tiene que hacer público el precio de exportación para que todos tengan acceso y el Viceministerio de Comercio Interno es el que tiene que hacer cumplir a ambos, a las industrias y a los productores”, destacó indicando que esperan que esta elevación abusiva del precio no vuelva a ocurrir.
En ese marco, aseguró que una vez que ya se hizo público este precio, se vio que el precio de la harina de soya debiera estar incluso debajo de los 2.000 bolivianos, mismo que debe regir para los próximos 15 días.
“Yo sé que el precio internacional del grano de soya ha subido en estos últimos días, pero será pues para la próxima quincena”, dijo, agregando que ni siquiera entre industrias rige un precio homogéneo y esto lo saben a través de la consulta con los sitios web de las aduanas de los tres países a los que se exporta la producción oleaginosa nacional; Ecuador, Perú y Colombia; así logran controlar si el precio al que pretenden venderles es el correcto o no, una vez corroborado con el publicado por el OAP.
Asimismo, aclaró que este precio es quincenal e incluye el impuesto al valor agregado (IVA).
El gobierno tiene la potestad de intervenir
De no lograrse el cumplimiento por parte de los industriales de este acuerdo, transformado en decreto con su debido reglamento, el mismo decreto establece que en caso haya una elevación injustificada de los precios, tanto de la harina como de lo producido por los agropecuarios, el gobierno está facultado para intervenir.
De este modo, dijo que, aunque no es lo ideal, pero ante esta necesidad, el gobierno debe intervenir cuantas veces sea necesario en el asunto. Una vez dictó las normas, debe hacerlas cumplir, concluyó Ricardo Alandia.
Fuente: Publiagro
