Durante el gobierno de Evo Morales se aprobaron al menos cuatro leyes, además de decretos que tienen afectación directa sobre los bosques.
Desde febrero de 2001 hasta octubre de 2019, al menos 12 normas, entre leyes, decretos supremos y una resolución departamental, promueven la ampliación de la frontera agrícola mediante los chaqueos y quemas, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria. Los activistas afirman que esas normas son “incendiarias”, porque permiten la deforestación de áreas que se convierten en tierras agropecuarias.
El Gobierno informó el miércoles la aprobación de una normativa que deroga el Decreto Supremo 3973, denominado norma del “ecocidio”, la cual autorizaba la ampliación de la frontera agrícola en el departamento de Beni.
Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, afirmó que el Gobierno derogó el decreto 3973, pero este sólo modifica el artículo 5 del Decreto Supremo 26075, vigente desde febrero de 2001.
“Por lo tanto, no tiene efecto sobre la Chiquitania ni otras áreas del oriente, ya que la norma sólo incluye a Beni. Con esta derogación no se soluciona el problema de fondo que está causando este nuevo desastre socioambiental, que afecta principalmente a Santa Cruz”, lamentó el experto.
Agregó que ahora quedan otras normas “incendiarias” que han fomentado los chaqueos y desmontes, entre ellos las leyes 741 o la 1171 que otorga un perdonazo en el pago de multas por quemas sin autorización, entre otros.
Entretanto, Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que la norma que se debe abrogar para frenar la quema en ese departamento es la Ley 741 de 2015, ya que el abrogado 3973, hace mención únicamente a Beni.
“Empezamos la semana con 21 incendios, luego subimos a 24 incendios por la inconsciencia de algunos comunarios que siguen haciendo chaqueos en plena sequía y con vientos fuertes (..)
Nosotros no nos conformamos con que se diga que este año se está quemando menos, porque al final no debemos permitir que se queme una hectárea más en Santa Cruz, que pone en riesgo a los animales y a la biodiversidad”, manifestó en una entrevista en el programa En Portada.
Las normas
A continuación, el desarrollo de cada una de las normas “incendiarias” que están vigentes:
El Decreto Supremo 26075, 16 de febrero de 2001, aprobado por el expresidente Hugo Banzer, tiene que ver con la declaración de Tierras de Producción Forestal Permanente las 41.235.487 hectáreas. En la parte del considerando señala que la Constitución Política, la Ley Forestal y la Ley INRA establecen que “las tierras y bosques son del dominio originario del Estado”.
En otra parte del decreto se indica que en Santa Cruz se permite el desmonte en tierras privadas, sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial (…) y al Plan de Desmonte.
Pero ya durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales se aprobaron al menos cuatro leyes, además de decretos, que tienen una afectación directa sobre los bosques del país.
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Entre ellos: la Ley 337, del 11 de enero de 2013, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, con la condición de que los beneficiarios restituyan sólo el 10% de la cobertura afectada.
En esta norma se fijan sanciones por desmontes sin autorización que van desde 92 bolivianos por hectárea afectada, hasta 552 bolivianos para las propiedades clasificadas como empresa.
El Programa de Producción de Alimentos tenía una duración de cinco; sin embargo, a través de la Ley 502 de febrero de 2014, que modifica la Ley 337, se amplía el plazo por otros 12 meses.
No obstante, a diferencia de la anterior, en esta ley se dispone alcanzar a beneficiarios de predios titulados por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que estén en proceso de saneamiento o sin sanear en donde haya desmontes sin autorización.
Pero luego, el anterior Gobierno volvió a aprobar otras dos normas, la Ley 739 de septiembre de 2015 y la 952 de mayo de 2017, que amplían las leyes 337 y la 502. En el primer caso se amplían por otros 18 meses, y en el segundo se dispone el registro de las propiedades al Programa de Producción de Alimentos, hasta el 31 de diciembre de 2017.
También está la Ley 740 de septiembre de 2015, que tiene por objeto establecer el plazo excepcional de cinco años en la verificación de la Función Económica Social (FES), cuyo fin es garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
El 29 de septiembre de 2015, Evo Morales promulgó la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias, con la cual profundizó la expansión de la frontera agrícola, mediante la quema y la tala. Ahora el Ejecutivo busca su abrogación, para la cual remitirá un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
Además, está la Ley 1171 del 25 de abril de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio boliviano”.
Entre otras son: la Ley 1098 de 2018, de Aditivos de Origen Vegetal, para producir biocombustibles; el decreto 3874 de 2019 sobre el procedimiento de ampliación agrícola, para producir aditivos de origen vegetal y biodiésel; la Ley Departamental 93/2019 de la Gobernación de Beni, aprueba el Plan de Uso del Suelo (PLUS), octubre de 2019.
No obstante, en la gestión de este Gobierno se aprueba el decreto 4232, en mayo de 2020, que dispone la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, lo cual es interpretado por activistas como un ataque al medioambiente.
Tierra identifica quemas en tierras fiscales
Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, afirmó ayer que la mayor afectación por los incendios en Santa Cruz se registra en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde se identifica que el tipo de propiedad con mayor quema es en tierras fiscales.
Fuente: Página siete
