CÓRDOBA.- El cepo reforzado que resolvió el Gobierno afecta a las empresas en el pago de sus deudas y, también, en las importaciones que quedan limitadas. Según varios expertos consultados, además es un golpe para el campo por la suba de costos y porque la brecha cambiaria será un trastorno para los productores.
David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), planteó que las medidas son «parches temporarios» a una situación que lleva «indefectiblemente» a un aumento del tipo de cambio.
«No soluciona los problemas de fondo, que son el exceso de pesos, la falta de confianza y la falta de un programa económico consistente. Sin esto, lo único que sucederá es que los parches serán cada vez más grandes. Además, así como restringe la compra de dólares, también restringe la oferta, ¿quién va a traer un dólar a la Argentina o quién va a sacarlo del colchón cuando la desconfianza crece?», evaluó.
Para su colega del Ieral, Juan Manuel Garzón, el torniquete «incrementa riesgos y genera costos (presentes y/o futuros) al sector exportador» en dos frentes, el comercial y el financiero. Por el primero, el problema está en los precios de los insumos dolarizados que se utilizan para producir. «Sería de esperar que las empresas que los proveen directamente importados y/o elaborados con un elevado componente de importaciones acomoden sus precios mirando al tipo de cambio paralelo, en cualquiera de sus versiones y no al oficial».
De darse esa situación, habría un fuerte descalce entre el precio del dólar que reciben los exportadores (tipo de cambio oficial neto de derechos de exportación) y el que pagan en sus insumos.
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también fustigó las medidas anunciadas. «Desde lo macro, estas medidas que tienen su origen en la falta de confianza no hacen más que socavar, erosionar precisamente la confianza imprescindible para la recuperación y nos alejan aún más de atraer la inversión y generar empleo. Desde la micro, los anuncios del BCRA suman nuevos obstáculos para el acceso a las divisas necesarias para poder exportar, apoyándose en las prefinanciaciones. Seguramente también traerán problemas con los insumos debido a la obligación de cancelar deudas y varios efectos colaterales que incidirán negativamente en las empresas agroindustriales y que terminarán trasladando a los productores», dijo.
El dirigente destacó que «la Argentina necesita inversión interna y externa. Ese sin duda es el camino para crear empleo y desarrollo, y todas estas medidas y señales van en sentido contrario y solo generan mayor incertidumbre».
En un comunicado, Coninagro dijo que «está preocupado por la situación de las exportaciones agropecuarias ya que necesitan un tipo de cambio único, competitivo y no discriminado en contra de la exportación. Es importante estabilizar la economía y dar señales claras para producir más».
«Las nuevas medidas tomadas por el Banco Central en principio no son las mejores, hasta se puede decir son peligrosas porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe. No es verdad que no hay dólares: los hay pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen, mantener el intervencionismo cambiario no generará ingreso de dólares al sistema. Al contrario, el mayor cepo puede reducir algo la demanda de dólares ahorro oficiales pero no genera ingreso de dólares al sistema», agregó.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, expresó «las medidas anunciadas pueden aumentar la brecha cambiaria y esto genera un desaliento, debilita la confianza, con mayor lugar a la especulación y no a la producción».
Frente a ese contexto, Jorge Ingaramo, exsubsecretario de Economía Agropecuaria, indicó que quien compró insumos dolarizados y lo cancela al tipo de cambio oficial «queda calzado, pero el problema es la próxima compra que se tendrá que financiar en pesos». Ahí jugará cuál es la tasa de interés versus la devaluación del dólar oficial. Añadió que como la otra forma de «calzarse» era comprar dólar Rofex, la medida lo empujará hacia arriba.
Respecto de la brecha cambiaria, precisó que «probablemente» subirá por lo que para el productor que cobra un dólar con retenciones la situación «empeorará» porque aumentarán los insumos importados.
«Esto es totalmente negativo para el sector, no hay dudas -agregó-. El Gobierno va a tener que decidir qué hace, porque obligar a un exportador con prefinanciaciones trabajar con financiamiento en pesos es imposible».
Por el lado financiero, Garzón apuntó que las empresas con deudas en dólares, cuyos servicios debían ser cancelados en próximos meses, no dispondrán de las divisas oficiales, sino que deberán presentar un plan de reestructuración de esos pasivos al Banco Central, por lo que están obligadas a renegociar con sus acreedores, lo que implica deteriorar el historial crediticio, generar costos financieros adicionales y una gran incertidumbre en la planificación financiera.
Las nuevas restricciones «limitan el abanico de opciones financieras que disponen las empresas, el esquema actual incrementa los riesgos y costos de financiarse» con banca internacional, reduciendo sensiblemente la posibilidad de acceder a ese tipo de créditos, «lo que es un problema no menor considerando que muchas empresas exportadoras acudían a esa banca para reducir el riesgo de descalce de monedas, conseguir financiamiento de corto plazo a menores tasas que las que ofrece el mercado local y/o conseguir crédito de mediano y largo plazos (financiar inversiones), un financiamiento prácticamente ausente en Argentina».
Miazzo coincidió en que lo más problemático de los anuncios son esos aspectos: «¿Quién le va a prestar a una empresa argentina para ampliar su producción, construir un frigorífico o cualquier planta agroindustrial si el Gobierno no le deja comprar dólares para pagar esas deudas?»
Graficó con que una firma de maquinaria agrícola o de insumos tiene como clientes a productores agrícolas que reciben por cada dólar de soja que producen $50 ($75 menos 33% de retenciones). Esa empresa, si tenía endeudamiento, tendrá que pagar un dólar de $130 si no logra reestructurarla.
Fuente: La Nación
