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El organismo estatal de fiscalización informó que el 19% de los focos de calor se encuentra en “algunas áreas boscosas y áreas protegidas” en el oriente del país.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) admitió el martes que los focos de calor en el oriente del país, en un 43%, son superiores al año anterior, en lo que va del presente año, y que los chaqueos no solo se efectúan en el área tradicional, donde está la agroindustria y ganadera, sino también llegó al área protegida.
“El 81% de los focos de calor se encuentra donde el suelo tiene de vocación productiva, según los Plus (plan de uso del suelo) aprobado, el 19% se encuentra en algunas áreas boscosas, áreas protegidas y en algunas otras zonas de otro tipo de naturaleza o vegetación”, informó a Página Siete el director de la ABT, Víctor Hugo Añez.
El coordinador nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, Rubén Darío Arias Ortiz, informó a Página Siete que las quemas por ahora no son como las que ocurrieron entre julio y septiembre del año anterior, pero, continuó, “no quiere decir que estemos exentos” porque la Chiquitania es “una jurisdicción territorial demasiada grande para nuestros guardabosques” y que solo es observables en su totalidad a través del satélite.
Añez explicó que un total de 1.369 focos de calor (80,7%) se localizaron en áreas ya deforestadas o cuya vocación de uso de la tierra está destinada a la producción agropecuaria, entre el 29 de abril hasta el 9 de mayo. Mientras que 327 focos de calor (19.3%) se ubican en áreas con cobertura de bosques y comunidades naturales o protegida. Dijo que esto significa un incremento del 43% con relación al año anterior en similar periodo.
La autoridad explicó que “las áreas donde se registran los focos de calor no se sobreponen salvo el 3% donde hubo incendio el año pasado (que arrasó más de cuatro millones de hectáreas en 2019), contrastadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el control satelital que maneja la ABT”.
Sostuvo que no todos los focos de calor son incendios, para el satélite, pueden tratarse “de quema controlada, quema ilegal, espejo de agua, alta temperatura, calaminas (de techos de las viviendas) y hay sistema de filtro si es una actividad agropecuaria”.
Añez precisó que las quemas fuera del área tradicional, se registraron en lugares y denominados “cicatrices” por el fuego que arrasó el año anterior: En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde el fuego ingresó desde el Brasil, en el área de San Matías, Río Grande, Samaipata y Laguna Concepción, en un “área de preservación” o protegida, entre Pailón y San José de Chiquitos, en los que las quemas afectaron 6.300 hectáreas, de los cuales “el 90% es pastizal que no afectó al área boscosa”.
Informó que la ABT monitorea los focos de calor y quemas, y en el periodo analizado (29 de abril y el 09 de mayo) se registraron “66 focos de calor que fueron detectados en áreas protegidas” o que constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural del país.
En el área donde se registraron quemas, continuó, en la última semana se realizaron 119 inspecciones con equipos de fiscalización, los que derivaron en 40 “procesos sancionatorios en curso” y dos personas que fueron remitidas a la Fiscalía. “Hemos verificado más de tres mil o cuatro mil focos de calor que estaban fuera de la zona de uso productivo, uso agropecuario o fuera de la zona (tradicional) que tienen permisos de derechos (en el área protegida) que hemos heredados (del gobierno anterior)”.
El titular de la ABT aseguró que durante su gestión al frente del organismo (desde el 19 de noviembre de 2019) ,con sede en Santa Cruz, no autorizó nuevos asentamientos fuera del área tradicional. “Desde que asumimos la ABT (2019) no ha habido ningún tipo de otorgación de permisos o de derechos referentes a zonas que son ilegales o que no están dentro (de áreas protegidas) o que no cumplen con la vocación de suelo de plan de uso de suelos (Plus)”.
Añez afirmó que tampoco recibió ninguna resolución de nuevos asentamientos en la Chiquitania. “No he recibido ninguna resolución de nuevos asentamientos; no hemos otorgado derechos de asentamientos nuevos”. Aseguró que en la zona restringida de la Chiquitania, después del incendio de 2019, “se preserva y sigue la pausa ecológica, determinada con una Ley departamental (de Santa Cruz), se respeta y resguarda estos pequeños porcentajes de focos de calor en la zona de cicatrices”.
Denuncian que 12 comunidades revertidas irían para soyeros
El coordinador nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, Rubén Darío Arias Ortiz, denunció que los 12 asentamientos ilegales en el área de la Chiquitania, durante el gobierno de Evo Morales, si bien fueron revertidos por este gobierno en febrero, ahora se prepara para “negociar” con “terratenientes soyeros”, pues son tierras adecuadas para la producción de la soya.
“Por lo menos esas tierras (revertidas) son de alta de producción agropecuaria, lo que está de trasfondo del Gobierno de quitar esas tierras no va a favor del Estado sino para negociar con otros terratenientes soyeros, dentro de lo que es el municipio de Pailón, donde hay soyeros”, afirmó Arias, pues esos asentamientos estaban en Pailón y en alrededores del refugio de la Laguna Concepción, ahora devastada por el fuego y pretendida por los agronegocios.
Arias afirmó que los guardabosques no dan abasto con 18 patrimonios nacionales existentes en la Chiquitania: Kaa-Iya, Ñembi Guasu, Copaibo, Represa Sapoó, Orquídeas del Encanto, Ríos Blanco y Negro, Pantanal Otuquis, Sucuará, El Paquió, Tucabaca, Noel Kempkf Mercado, Laguna Marfil, San Ignacio, Santa Cruz La Vieja, Laguna Concepción, San Matías, San Rafael y Chiquitos. Dijo que todos tienen que ver con Área Natural de Manejo Integrado, Área Protegida, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Ecológica, Parque Natural Histórico y Arquelógico.
Los 12 asentamientos ilegales revertidos en febrero son: Che Guevara, Filadelfia, Nueva Israel, Cañada Larga, Los Tajibos, Los Sauces I y II, Guayacán, El Trébol, El Cardo, Monte San Miguel I y II. Sobre estas colonias anuladas, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Áñez, informó que su despacho en coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) hace seguimiento hasta la consolidación de la reversión de los asentamientos ilegales. Precisó que los colonizadores no pueden desarrollar ningún tipo de actividad agrícola en la zona. “Se anularon los asentamientos que hubiesen existido”, añadió.
Informo que en los casos donde se verifica quema ilegal, se procede a notificar y sancionar según norma existente.
Fuente: Periódico Página Siete
