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A la par del debate en favor y en contra que se ha generado por un decreto de abreviación para evaluar el uso de semillas genéticamente modificadas en Bolivia, diferentes organizaciones se unieron en un encuentro de análisis y concluyeron solicitar al gobierno que se impulse y fortalezca la agricultura familiar, más aún durante esta situación de emergencia por la pandemia por coronavirus (Covid-19).
En un reciente encuentro virtual, representantes y líderes indígenas y campesinos de diferentes regiones del país se congregaron para encaminar su rechazo al uso de semillas transgénicas, pero además demandaron a las autoridades la promoción de una alimentación sana durante esta etapa del Covid-19.
“Exigimos al Gobierno Central, que promueva una alimentación sana, mediante el fortalecimiento a la agricultura familiar parcelaria y pequeños productores con enfoque agroecológico, también para hacer frente a la pandemia”, detalla el pronunciamiento.
Tras haberse aprobado el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas de maíz, trigo, soya, caña de azúcar y algodón, destinados para el consumo interno, los representantes de 38 organizaciones aseguraron que el posible uso de estos productos “tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud de todos los bolivianos y en especial de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y de los pequeños productores”.
De igual forma afirmaron que la norma vulnera la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de revolución productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra y Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica.
El análisis y pronunciamiento son fruto de la participación de organizaciones como: Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Conejo Indígenas del Pueblo Tacana (CIPTA), Asociación Provincias y Markas Unidas por Oruro, Bloque de Organización Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia, Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, Nación Indígena originaria Yampara, Asociación de Productores Semilleristas de Monteagudo (APROSAM), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, entre otras.
El documento también establece la demanda “del reconocimiento del rol histórico de los pueblos indígenas originarios, de los pequeños productores, como custodia de la biodiversidad, el aporte a la seguridad alimentaria y el respeto a la salud”.
Tras la polémica por la aprobación del decreto 4232, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, apuntó al impulso de la biotecnología en Bolivia. “Ante esta crisis mundial del coronavirus, tenemos que pensar cómo producir más y cómo rendir más, por eso creemos que es importante que podamos utilizar esta biotecnología que está siendo utilizada en todo el mundo y que más allá que nuestros productores no puedan competir con el resto del mundo porque no tienen acceso a esta biotecnología, creo que lo más importante es garantizar el alimento para todos los bolivianos”.
La autoridad aseguró que se darse esta aprobación en el uso de estas semillas, se llevará adelante un procedimiento técnico que podría demorar entre 2 o 3 años.
Fuente: Agencia de Noticias Fides ANF
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