La propuesta busca que el sector tenga mayor liquidez para afrontar la recuperación una vez termine la cuarentena por el coronavirus. Desde hace tres años los agricultores sufren pérdidas por el mal clima y precios bajos de los granos.
A los tres años de malas campañas, la llegada de la pandemia del coronavirus fue el golpe de gracia para el sector agrícola de Santa Cruz. La paralización de actividades por la cuarentena mermó al sector, que, si bien tiene el aval de seguir trabajando, soporta dificultades logísticas y climáticas para entregar granos a las industrias. Ante este panorama poco alentador la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y otras organizaciones plantearon una prórroga impositiva de hasta cinco años y el diferimiento de créditos de hasta 12 años.
A estas medidas, se sumó la propuesta de dar hasta dos años de gracia para el sector en sus obligaciones con las entidades financieras.
Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, señaló que las propuestas fueron elaboradas de manera conjunta con todos los subsectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en varias reuniones virtuales que sostuvieron debido a la cuarentena que vive el país.
Dentro del debate de propuestas toda la cadena productiva coincidió en que un tema medular es el impositivo. Por eso, surgió la idea de plantear una prórroga impositiva, sin el cobro de intereses o multas, para que el agro pueda trabajar con mayor liquidez.
“Queremos tratar de sacar una moratoria para pagar a mediano o largo plazo, algo que realmente nos está afectando. El golpe que se nos viene será muy duro para los productores porque venimos de tres años malos, por el mal clima y los precios bajos”, matizó.
En este contexto, Pantoja, informó que en el tema de la reprogramación de los créditos proponen que la banca analice la posibilidad de que la reprogramación llegue al tope máximo, establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de hasta 12 años.
“Estas medidas no se ven de forma inmediata. Por eso estamos pidiendo (en el tema de créditos) entre uno y dos años de gracia, para que el agricultor pueda recuperar la productividad que se ha perdido en todo este tiempo”, dijo.
El dirigente señaló que en estos momentos el sector agrícola necesita de un fondo de reactivación que permita a los productores pagar a las casas comerciales que financian parte de la producción, en especial de los pequeños agricultores.
“En estos momentos ellos llegaron a un tope, no están pudiendo obtener crédito ni de la banca ni los comercializadores de agroquímicos, van a llegar a un punto en que no podrán financiarnos”, explicó.
Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), señaló que este paquete de medidas planteadas por el sector podría beneficiar a 96.600 productores de todo el departamento.
Sostuvo que actualmente el productor está endeudado debido a las malas campañas que se arrastran desde hace tres años. A esto se suma el bajo precio de la soya, principal grano que se cultiva en Santa Cruz, que ronda entre los $us 245 y $us 250 la tonelada.
“Necesitamos que nos reprogramen los créditos para que podamos pagar a las casas comerciales”, señaló el productor.
A su vez, Freddy García, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), explicó otra de las medidas que plantean los agricultores es la creación de un fondo agropecuario, además, de postergar el pago a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las obligaciones patronales.
“El primer análisis es que ahora el productor no tiene para pagar estas obligaciones porque no hay venta”, explicó.
El agricultor señaló que también se ha propuesto restituir la obligatoriedad de que los bancos coloquen hasta un 60 % de sus créditos al sector productivo.
Para estimular el consumo, los actores del sector productivo sugieren que los bancos emitan una línea de crédito de hasta Bs 2.000 a las personas de bajo ingresos.
García dijo que todas las propuestas se han hecho llegar al ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo y la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.
Fuente: Periódico El Deber
