La Gobernación de Cochabamba advierte que no permitirá el traslado de la empresa pública. El Gobierno analiza como una de las alternativas para su reactivación.
El traslado de la Planta de Amoniaco y Úrea puede costar al menos 500 millones de dólares y el ensamblado puede demorar hasta dos años, según el cálculo de los expertos del sector, quienes piden hacer diferentes estudios para ver a qué otras opciones se puede recurrir para reactivarla.
La anterior semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que le habían comentado que un traslado de la planta productora de fertilizantes a Puerto Suárez, Santa Cruz, puede demandar unos 160 millones de dólares. Allí tendrá mercados asegurados, como el agrícola cruceño y Brasil.
Al respecto, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, advirtió que no permitirán que la planta se mueva a otra región. “Como autoridad, no vamos a permitir que se traslade y creo que también el departamento no permitirá que se mueva la planta, porque ya es una empresa pública cochabambina. Seguro que habrá movilización de las organizaciones sociales”, anunció.
El experto Hugo del Granado afirmó que antes de hablar de traslados se debe hacer un estudio detallado de las causas que originaron el problema de la planta, ya que una decisión de esa magnitud no se la puede tomar de la noche a la mañana.
“Creo que el proyecto de la úrea no es malo, porque hay mercados para el producto. Hubo errores en la localización y sobreprecios que excedieron las estimaciones del costo total de la planta”, señaló el experto.
En su criterio, lo primero que se tiene que hacer es estabilizar el ritmo de producción, es decir, que la planta no esté paralizada como sucede ahora; segundo, se deben ajustar los costos de producción y evaluar por qué produce a un costo alto y no procesa en el rango que tienen países como Rusia o China, grandes productores de fertilizante; evaluar el tema del gas subvencionado.
También se tiene que ver por qué la vía férrea Bulo Bulo-Montero no está concluida, ya que empezó a ser construida en 2013. Por último, buscar mercados, ese fue uno de los mayores problemas del gobierno del MAS.
Sobre este punto, se preguntó qué pasó con el contrato que se tenía con Keytrade, que firmó una compra de 330 mil toneladas por año. Entonces la tarea debe ser negociar con los países vecinos que requieren úrea.
Del Granado apuntó que la otra opción puede ser la conformación de una sociedad con empresas privadas. Si esas opciones no funcionan, recién se debería pensar en mover la planta.
“La peor solución que le pueden dar en este momento es paralizar de forma indefinida, bajo el argumento que sólo genera pérdidas. Sobre su traslado, técnicamente es posible, el problema es el costo y el tiempo que demandaría. Según estadísticas internacionales y antecedentes, los traslados de plantas de esa magnitud se acercan incluso a la inversión inicial (950 millones de dólares), en el mejor de los casos costará el 50%, 500 millones”, dijo.
Precisó que el traslado demandará ese costo porque se tiene que desmontar la planta, empezar con las obras civiles, transportar las piezas y volver a ensamblar. Todos esos trabajos demorarán al menos dos años.
Agregó que también habrá que tomar en cuenta que durante es tiempo se perderá ingresos, porque ya no se producirá nada.
Para el experto Francesco Zaratti, la ubicación de la planta es uno de los graves errores del MAS y uno de los problemas que enfrenta ese proyecto, aunque no es el único ni el mayor.
“Aun si fuera factible el traslado y a un costo razonable, quedaría el problema de fondo: el mercado, tamaño, suministro y costo del gas a precio de mercado interno. De modo que la respuesta a la crisis del proyecto debe venir de un análisis global de los problemas”, sostuvo.
Agregó que para mover la factoría se requiere un estudio detallado que analice si el ahorro del transporte del producto a la frontera con Brasil logra amortizar en tiempos razonables el costo que supone desmantelar, transportar y rearmar la planta.
Fuente: Periódico Página Siete
