Una facción de los indígenas se declaró en emergencia. Aseguran que la normativa compromete sus territorios y denuncian que no fueron consultados sobre el tema.
El nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) de Beni categoriza el territorio y asigna la vocación para el agronegocio a 10 millones de hectáreas. Con esta medida el departamento cambiará riqueza forestal por la producción de soya y ganado en un modelo de desarrollo que los expertos califican de obsoleto.
El plan fue promulgado por la Asamblea Departamental de Beni, el 27 de noviembre. La medida fue aprobada en medio de la crisis ocasionada por la renuncia del gobernador de ese departamento, Alex Ferrier, y la asunción de Fanor Amapo.
“El PLUS es una promesa política más que un plan técnico viable. Es una barbaridad lo que se pretende hacer con este supuesto nuevo modelo, que en realidad es un modelo obsoleto que en todo el mundo está acabando con los bosques. La gente lamenta la Chiquitania y no se da cuenta que en Beni arderán más de ocho millones de hectáreas”, advirtió el biólogo Vincent Vos.
El PLUS contiene cinco categorías generales y nueve subcategorías, entre las que están: uso agropecuario, uso agrosilvopastoril, uso forestal, uso restringido y áreas naturales protegidas. La sesión ordinaria que aprobó el documento contó con 19 de los 28 asambleístas que integran el legislativo, que posee mayoría del Movimiento Al Socialismo.
La promulgación se hizo en asamblea extraordinaria en un hotel de la ciudad de Trinidad, donde los disidentes no asistieron. Aseguraron que se ausentaron para no ser “cómplices de la destrucción” del territorio.
El anterior plan de uso de suelo del departamento fue aprobado mediante decreto supremo, en 2002. Más de una década después, en junio de 2016, se promulgó una ley departamental para actualizar el documento.
El exgobernador Ferrier utilizó este tema como propuesta de su campaña electoral en 2015. El nuevo PLUS fue aprobado el 17 de octubre, tres días antes de las elecciones nacionales, pero fue promulgado recién a finales de noviembre, cuando Ferrier ya había abandonado el cargo de gobernador del departamento.
El sector ganadero del departamento se mostró complacido con el nuevo PLUS, que creían “extremadamente necesario”.
Juan Carlos Abularach, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), aseguró que el PLUS incrementará la producción de la región que -según sus estimaciones- es la más pobre de toda Bolivia.
“Con la implementación del decreto 3973 y el nuevo PLUS, siendo que los dos se complementan, tendremos un ingreso per cápita de más de 27.880 bolivianos anuales. Esto generaría nuevos empleos, mayor inversión, certeza y estabilidad económica en el departamento”, indicó el representante del sector.
El Decreto Supremo 3973, modificó el Decreto 2675, de modo que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni.
Esta normativa se convirtió en blanco de críticas luego de los incendios en la zona chiquitana, estableciéndose una relación entre la normativa “permisiva” y la catástrofe ambiental en el departamento de Santa Cruz.
Varios fueron los sectores, sobre todo ambientalistas e indígenas, que pidieron la abrogación de este decreto, al que calificaron como “incendiario”.
El dirigente de los ganaderos condenó que se pretenda derogar el Decreto Supremo 3973. al afirmar que es un intento de “coartar las pretensiones justas de seguir creciendo”. Además, remarcó que “no se desmontará ningún bosque, sino que se utilizará territorio cubierto actualmente por pastizales”.
Para el biólogo Vincent Vos, que el sector ganadero y agroindustrial no quiera la abrogación del decreto delata que hay un plan para ampliar la frontera agrícola a través de la quema y el desmonte del territorio que posee vasta riqueza forestal.
“En el municipio de Guayaramerín, según la ABT, el 80% de su territorio es bosque pero en el nuevo PLUS, este no llega ni al 20%, por lo que se proyecta que habrá una severa deforestación”, cuestionó el especialista.
Puso en duda que con el modelo agroindustrial haya mejores condiciones para la colectividad. “Es el mismo modelo paraguayo de soya donde si bien ha aumentado el producto interno bruto, no hay precisamente reducción de pobreza, de desigualdad o de conflictos por la tierra. Es una pequeña élite en convenio con transnacionales la que se enriquece. Además, hay que considerar que Beni tiene grandes problemas de inundación y sequía. No es nomás decir tumbemos todo el bosque y después vemos qué hacemos… es una irresponsabilidad”, manifestó el biólogo consultado.
El asambleísta Paul Bruckner, quien no participó en la promulgación del nuevo PLUS, aseguró que sus mayores reparos están en la cantidad de hectáreas aprobadas para agroindustria.
“Inicialmente Ferrier propuso que sean 12 millones de hectáreas y la comisión del PLUS la redujo a nueve millones porque no se estaban considerando áreas protegidas, los parques y las áreas de producción de chocolate y castaña”, dijo la autoridad.
Explicó que no aprobó el PLUS porque le parece “una barbaridad” la cantidad de hectáreas. Aseveró que no se opone al sector productivo agroindustrial.
“Pero lo que se quiere hacer con el PLUS es desequilibrar el ecosistema. El plan de uso del suelo tiene que ser un instrumento técnico normativo que permita ordenar nuestro territorio con el objetivo de manejar y usar de manera sostenible nuestros recursos naturales”, afirmó Bruckner a Página Siete.
Pero el problema va más allá. El 16 de diciembre, varias organizaciones indígenas de Beni emitieron un voto resolutivo pronunciándose sobre la promulgación del nuevo PLUS. Se declararon en estado de emergencia y denunciaron que la aprobación del plan careció de la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, lo que compromete la seguridad de sus territorios. Decretaron desconocer el PLUS aprobado hasta que este sea trabajado de manera conjunta por todos los actores involucrados.
La Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB Orgánica) y la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB Orgánica) junto con otras organizaciones de base, elaboraron un documento en el que señalan que existen irregularidades de proceso en la promulgación del PLUS. Añaden que hay un desconocimiento de lo aprobado porque no se socializó el contenido con las bases.
Indica que si hay algún estudio técnico realizado antes de los incendios, este pierde veracidad debido al grave daño que sufrió el territorio beniano luego de que más de un millón de hectáreas fueron devoradas por los incendios. “Solicitamos detener cualquier acto de inicio de las correspondientes medidas avaladas por esta ilegal e irregular ley del PLUS”, cita el documento.
Otras reacciones
- Conade El presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia del Beni, Óscar Saavedra, cuestionó que el 42% de las tierras del departamento estarán destinadas para los trabajos agropecuarios.
- Socialización La dirigente Marybel Ubano, de la Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Diez, señaló que se desconoce el contenido del PLUS. “Estoy un poco molesta, pedí que nos den para socializar con todos mis compañeros pero lo aprobaron nomás”, dijo.
Indígenas a favor y en contra del PLUS
Marcial Fabricano, dirigente indígena de Beni, manifestó su preocupación por el PLUS. Aclaró que no se oponen al desarrollo pero que rechazan el enriquecimiento de unos pocos a costa del despojo de sus territorios.
“Estamos en emergencia. Hemos elevado cartas al Ministerio de la Presidencia y al de Medio Ambiente, hemos seguido los pasos para hacer llegar nuestra preocupación. No permitiremos que se destruya nuestra casa por intereses transnacionales”, dijo.
Cuando el PLUS fue aprobado, durante la gestión de Alex Ferrier, la autoridad aseguró que hubo socialización con todos los sectores, incluidos los indígenas. Fabricano aclara que el exgobernador sólo se reunió con dirigentes indígenas alineados al MAS, quienes -a su criterio- no cuestionaron ni contribuyeron para que el PLUS proteja a la Madre Tierra.
“El actual gobernador, Fanor Amapo, no conoce a profundidad lo que implica el PLUS. Se dejó engatusar con los que querían que la norma salga sin análisis”, afirmó el dirigente refiriéndose a ganaderos y agroindustriales.
Entre los asambleístas que aprobaron el PLUS, están Amapo y Ana María Arana. Ambos son parte de la bancada indígena de la Asamblea.
Arana defiende el nuevo PLUS y asegura que generará ingresos y desarrollo para el departamento. “Los hermanos indígenas que rechazan el PLUS no lo entienden, piensan que perderán territorio y no es así, todos los planes se harán con consulta previa. No se tocará el territorio protegido”, dijo la autoridad.
Arana aseguró que es inconcebible pensar que como dirigentes indígenas vayan a atentar contra el bosque. “¿Cómo iríamos contra nuestro propio hogar?, dicen que son ocho millones de hectáreas, pero en realidad son menos porque hay zonas protegidas que no se tocarán”, aseguró.
Agregó que “son los ambientalistas cruceños los responsables de meterles ideas a nuestros hermanos para que sigamos estancados y empobrecidos en Beni”.
Fuente: Periódico Página Siete
