Ante las denuncias de irregularidades en la autorización de resoluciones de asentamiento y dotación de tierras fiscales a grupos afines al MAS, que supuestamente traficaban madera y tierra en la Chiquitanía, la directora departamental de Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eliane Capobianco, sugirió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras iniciar una pausa en la dotación hasta que se investigue las irregularidades.
El investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini, califica la determinación como un “buen síntoma” y afirma que corresponde iniciar sanciones administrativas, civiles y penales en caso de comprobar las irregularidades.
Capobianco dijo que sugirió a la dirección nacional del INRA y al ministro de Tierras, Mauricio Ordóñez, el inicio de una pausa en la entrega de nuevos asentamientos, porque es necesario reorganizar las actividades para determinar “qué es lo que hicieron mal” las autoridades del anterior Gobierno.
“Esta gente que ha sido ahí asentada es gente que al final va a ser perjudicada porque, de repente, algunos han iniciado trabajos y no van a poder seguir trabajando”, dijo Capobianco antes de mencionar que existen asentamientos en tierras con vocación forestal, lo cual va en contra de las normas.
Además, la directora del INRA en Santa Cruz informó que se llevará a cabo una auditoría al cuestionado proceso de dotación de tierras que llevó a cabo el Gobierno del MAS, ante la evidencia de que la repartición benefició a personas provenientes del interior del país y no a los vivientes de la zona, puesto que ello contradice a la Ley INRA.
Consensos
En opinión de Tamburini, es necesario consensuar los criterios de la auditoría que se llevará a cabo al proceso de dotación de tierras al interior de la Comisión Agraria Departamental.
El experto indicó que existen denuncias de actividades ilícitas, como tráfico de tierras y de madera, sobre todo desde las gestiones 2013 y 2015, aspectos que deben investigarse y sancionarse en el ámbito administrativo, civil y penal.
Tamburini explicó también que en caso de confirmar irregularidades corresponde la nulidad de los títulos o resoluciones entregados y la posterior reversión de predios a dominio del Estado, determinando así el grado de participación de funcionarios públicos y de beneficiarios.
En septiembre pasado, el exsecretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, informó que las comunidades asentadas en la Chiquitanía alcanzaban a 1.532.
ALISTAN REUNIÓN DE COMISIÓN AGRARIA
La directora del INRA Santa Cruz, Eliane Capobianco, garantizó asistir a la reunión de la Comisión Agraria Departamental que debe abordar los asentamientos irregulares en la Chiquitanía.
Capobianco señaló que dicha comisión no se reunía, pese a los incendios, debido a que el exdirector departamental del INRA, afín al MAS, no asistía a las reuniones de la comisión.
Fuente: Periódico La Prensa
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