La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), atribuyó el problema emergente de los incendios de la Chiquitania y el Pantanal boliviano, del que llevan más de 1 millón de hectáreas arrasadas, a la inseguridad jurídica de parte de las instituciones del Estado a causa de la redistribución de tierras fiscales y el avasallamiento de predios por parte de colonizadores del occidente, como consecuencia del “recorte” de propiedades productivas por una superficie superior a 1,3 millones de hectáreas.
En este sentido, solicitó que de manera urgente se active la Comisión Agraria Departamental (CAD), como el órgano interinstitucional llamado por ley, que no funciona desde hace 10 años, para participar en las políticas públicas de las dotaciones de tierras planificadas, que impulsen el desarrollo productivo cruceño, además de otras atribuciones consultivas.
Dentro del tema contra la inseguridad jurídica, se encuentra la modificación a las normativas vigentes que afectan al sector, para lo cual la institución planteó la derogación del art.3, en sus numerales 1 y 2 de la cuestionada Ley 741, del 29 de septiembre de 2015, que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas con trámites muy simples.
Dentro de este paquete de propuestas se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías en el agro con el fin de incrementar los rendimientos, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, y a la vez disminuir las prácticas poco amigables con el medio ambiente, como el uso de fuego para el chaqueo.
Además, que la FES reconozca las actividades complementarias en el campo, toda vez que por el momento se coarta al productor a ejercer la práctica de ganadería, agricultura y manejo forestal en un mismo predio, sino que tiene que ser solo una de estas tres, siendo el hermano departamento de Beni el más perjudicado por esta normativa, el cual solo tiene vocación pecuaria impuesto por ley.
Entre los planteamientos que ya se están ejecutando, la CAO destacó la conformación de un comité de reacción inmediata y alerta temprana contra los desastres naturales, por medio del cual ya se ha conformado un comité con 11 instituciones. De hecho, desde el pasado 28 de agosto se ha enviado una brigada de bomberos, la cual la entidad agropecuaria y sus subsectores les brindan la logística y les provisión de alimentos y cisternas con aguas para combatir el fuego en los lugares donde hay mayores focos de calor.
Esta posición fue asumida por el directorio de la CAO, con ocasión de un desayuno ante periodistas, en el cual se hizo una presentación sobre la problemática del sector ante las estrategias de emergencias asumidas por la institución, además de dar a conocer la situación actual y las propuestas para salir del estancamiento económico agropecuario.
El Presidente de la CAO, Reinaldo Díaz dijo que debe reactivarse la CAD para que por intermedio de esta institución no vuelva a permitirse más incendios a causa de la dotación ilegal de tierras, así como también, las autoridades competentes deben identificar a los culpables de los incendios y estos deben ser sancionados conforme a ley.
Piden no ser tratados como “ciudadanos de segunda”
El vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, en la exposición titulada “Análisis de la problemática actual”, en el detalle sobre las trabas de las instituciones del Estado para el desarrollo de las actividades agropecuarios, calificó que las leyes vigentes separan a los bolivianos entre “ciudadanos privilegiados”, en referencia a quienes forman parte de las comunidades que en el último tiempo han ocupado tierras que han sido recortadas a propiedades, y “ciudadanos sin privilegios”, que son los productores individuales, formado por los pequeños, medianos y grandes productores o empresas agropecuarias, también llamadas de de segunda.
Por tal motivo, expresó que esta actitud contradice el espíritu de la Constitución Política del Estado que pregona la igualdad jurídica entre todos bolivianos para ejercer sus derechos y obligaciones.
Fundamentó su posición con respecto a la desigualdad ante la ley con datos que demuestran que solamente para la “solicitud de habilitación de nuevas áreas”, a las nuevas comunidades apenas se les piden cuatro requisitos básicos, cuya tramitación está exenta de pagos; mientras, que a los productores se le exigen 12 pasos obligatorios por cumplir, que en total sobrepasan los 20 para el mismo proceso, siendo obligatorio el pago de patentes a la ABT.
Indicó que la CAO representa a más de 100.000 afiliados con todos sus subsectores, de los cuales el 70% está compuesto por pequeños productores, el 26% por medianos y solo el 4% por grandes.
De la misma manera, descartó que los propietarios privados ocupen la mayoría de las tierras, en el sentido que, de las áreas tituladas según propiedad, 7,3 millones de hectáreas (ha) pertenecen a la categoría comunaria, que constituye el 46%; 3,5 millones de ha a la empresarial (22%); 3,1 millones de ha a la pequeña (20%), y 1,9 millones de ha a la mediana (12%), haciendo un total de 16 millones de ha en el departamento de Santa Cruz.
Fuente: Comunicación CAO
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