Desde la gestión 2013 a agosto de este año, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó al menos 974 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades campesinas, interculturales e indígenas en la región de la Chiquitanía (Santa Cruz). Además,en los últimos seis años el desmonte subió aproximadamente un 317 por ciento. En 2013 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizó desmontar 62 mil hectáreas, mientras que en 2018 aprobó 259 mil.
Sin embargo, solamente en 2019 se ha desmontado cerca de 1,5 millones de hectáreas producto de los incendios forestales en la Chiquitanía. Esta superficie equivale a más de la mitad del área desmontada desde 1980, cuando inició en Bolivia el cultivo de soya, pues esta actividad requirió de 2,5 millones de hectáreas desmontadas hasta 2018.
Instituciones dedicadas o relacionadas a la investigación de asuntos agrarios como Fundación Tierra, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) refieren que en los últimos años el Gobierno nacional ha impulsado una política de fomento a la producción de soya y ganado bovino con fines comerciales y eso implicó la expansión de la frontera agropecuaria.
Por ello, consideran que el desastre en la Chiquitanía es una consecuencia de dichas políticas.
El pasado 27 de marzo, el entonces director del INRA, Juan Carlos León, informó que en la Chiquitanía se otorgaron al menos 900 autorizaciones de asentamiento entre el 2013 y 2018 y anunció que los permisos continuarán dándose en cumplimiento a las normas.
León precisó que en dicho periodo se otorgó aproximadamente 1.400 resoluciones de asentamientos a comunidades campesinas, interculturales e indígenas en tierras fiscales ubicadas en distintas regiones del país. Con este dato se puede inferir que más del 64 por ciento de los asentamientos autorizados están en la Chiquitanía.
Los Tiempos solicitó al INRA información actualizada sobre la dotación de tierras, ya que a fines de abril -posterior a los datos brindados por León- se entregó 48 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades, mientras que a fines de agosto circuló por las redes sociales una lista de 26 resoluciones para que un total de 753 familias se asienten en los municipios de Roboré, Concepción, San José de Chiquitos, Charagua, Pailón, Puerto Suárez, Carmen Rivero Torrez y Santa Rosa del Sara, zonas que actualmente son devastadas por los incendios forestales.
Sin embargo, el director general de administración de tierras del INRA, Roly Yujra, informó a este medio que todavía están trabajando en el tema junto al director nacional, Roberto Polo, y que en los próximos días se proporcionará los detalles en conferencia de prensa. “Por el momento estamos recabando toda esa información para poder brindar una información correcta y fidedigna”, señaló.
Sin embargo, datos del informe de gestión 2018 de la ABT reflejan que las autorizaciones de desmonte se incrementan de forma significativa justamente desde la gestión 2013. Ese año, la ABT autorizó desmontar 62 mil hectáreas, en 2014 subió a 96 mil, en 2015 a 168 mil, el 2016 a 224 mil, el 2017 a 228 mil y el 2018 a 259 mil.
En el documento, la ABT refiere que las autorizaciones de desmonte en 2018 fueron otorgadas a actores privados en un 63 por ciento, a campesinos en 31 por ciento y a comunidades indígenas en un 6 por ciento. Además, señala que los focos de quema en 2018 llegaron a 49.839 a nivel nacional, de los cuales el 61 por ciento se concentra en Santa Cruz. “Los focos de quemas se produjeron en un 60 por ciento en tierras ganaderas y en un 40 en tierras agrícolas”, explica el informe.
Al respecto, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sostuvo que los incendios forestales en la Chiquitanía son consecuencia de una serie de causas acumuladas que permitieron “crear incentivos perversos para la quema y la deforestación”.
Explicó que el 70 por ciento del área quemada en la Chiquitanía (cerca de 1,5 millones de hectáreas) corresponde a tierras fiscales -donde están asentadas las comunidades- y a predios privados con reciente titulación y consolidación de derecho propietario pertenecientes a empresas agropecuarias.
En opinión del investigador del Cejis, Leonardo Tamburini, los incendios en la Chiquitanía se producen por una serie de normas aprobadas desde 2013, año en que también se puso en vigencia la Ley 337 que establece un “régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011”. Tamburini califica a esta ley como un perdonazo forestal.
“Con la Ley 337 lo que se hace es poder hacer un borrón y cuenta nueva de la cantidad de desmontes y las multas acumuladas y los procesos administrativos que tenían fundamentalmente los medianos y grandes propietarios”, explicó.
Por su parte, la directora del Cipca regional Santa Cruz, Sheyla Martínez, aseguró que los incendios en la Chiquitanía representan un “desastre que se veía venir” en un contexto político en Bolivia caracterizado por la aprobación de leyes en favor del agronegocio exportador de soya y carne bovina, actividades que involucran quema y deforestación.
La investigadora resaltó el impacto de los incendios en el cambio climático, puesto que, en cuestión de un mes y “de un solo golpe”, se han deforestado más de un millón de hectáreas (1,5 millones según datos de la Gobernación de Santa Cruz), una cantidad significativa en relación a los 2,5 millones de hectáreas desmontadas en casi 40 años, desde el ingreso del cultivo de soya en Bolivia.
Indicó que los incendios surgen no solamente por responsabilidad de las nuevas comunidades asentadas, sino también de quienes fomentan su traslado.
Fuente: Periódico La Prensa
 otorgó al menos 974 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades campesinas, interculturales e indígenas en la región de la Chiquitanía (Santa Cruz). Además,en los últimos seis años el desmonte subió aproximadamente un 317 por ciento. En 2013 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizó desmontar 62 mil hectáreas, mientras que en 2018 aprobó 259 mil.){kind=link}