Algunos políticos intensificaron una arremetida contra normas jurídicas a las cuales culpan por los incendios en la Chiquitania, sin embargo, estas disposiciones, en esencia, buscan garantizar la soberanía/ seguridad alimentaria y ampliar la frontera agrícola para diversificar la economía.
Por ejemplo, el candidato de CC, Carlos de Mesa, en su cuenta de Twitter, culpó al presidente Evo Morales por el siniestro y luego lanzó una ofensiva contra la Ley 741, mientras que activistas pidieron que se anule el Decreto 3973.
Estas críticas a esas disposiciones jurídicas plantean un falso dilema: ampliación de la frontera agrícola o desarrollo sostenible ambiental.
Esta falsa disyuntiva sataniza la ampliación de la frontera agrícola para hacerla ver como algo negativo para el país y contraria al desarrollo sostenible.
Empero, la realidad es otra debido a que, por ejemplo, el Decreto 3973 no entró en vigencia, ya que falta su reglamento, según informó el gobernador del Beni, Álex Ferrier.
Esta disposición legal fue solicitada por los benianos para ampliar su capacidad de producción agrícola y ganadera. Esa norma solo amplía el artículo 5 del decreto de Hugo Banzer e incluye al Beni en la quema controlada de tierras para actividades agropecuarias.
“Ese decreto se promulgó después de 18 años que los benianos pedimos que nos incorporen para ampliar nuestra capacidad agropecuaria”, sostuvo Ferrier, quien calificó ese decreto como el punto de partida para el desarrollo beniano.
Esta disposición no tiene como objetivo cultivar coca ni autoriza quemar hectáreas de bosque. Autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, no de manera indiscriminada.
Ese decreto, en sus consideraciones, se fundamenta “ante el crecimiento poblacional, incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de la población, hacen necesario asumir medidas estratégicas tendientes a ampliar las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera, a través de la apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción de alimentos”.
Este crecimiento poblacional de Bolivia es un proceso natural, especialmente en condiciones de estabilidad política, social y de crecimiento económico. Es decir, en condiciones de bienestar, aumenta la población.
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística a 2018, el Estado Plurinacional de Bolivia contaba con aproximadamente 11.307.000 habitantes. Para 2025 se estima que la población boliviana llegará a 12.454.000.
Este crecimiento demográfico hace surgir varias necesidades, entre ellas de alimento. De acuerdo con el reporte del INE a 2018, el total de la superficie cultivada en Bolivia fue de 3.498.203 hectáreas, entre oleaginosas, cereales, tubérculos y raíces, hortalizas, frutales y forrajes.
Otra norma observada por los políticos es la Ley 741, pese a que esta tiene por finalidad ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Esta ley no se aplica en reservas forestales y áreas protegidas.
Esta importancia de fortalecer al agro como otro pilar para el desarrollo de Bolivia ya fue anticipada por el Jefe de Estado, quien dijo: “Quisiéramos que la economía nacional tenga como la mesa cuatro patas”, en referencia a los sectores hidrocarburos, energía, minería y agropecuaria, como el sostén del crecimiento futuro del país. En ese sentido, las críticas de los activistas parecen apuntar más a dificultar el crecimiento de la frontera agrícola, uno de los cimientos del país para los siguientes años.
Fuente: Periódico Cambio
