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El colectivo de defensores del medio ambiente que se oponen al uso de cultivos transgénicos en Bolivia anunció que de no ser escuchados por la justicia en el país, llevaran el caso a nivel internacional.
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El pasado lunes 13 de julio se presentó ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, una Acción Popular para suspender la ejecución del Decreto Supremo (D.S.) 4232/20 y su modificación establecida en el D.S. 4238/20, a través de los cuales el Órgano Ejecutivo de Bolivia autoriza el establecimiento de procedimientos abreviados para productos genéticamente modificados (OGM).
Los denunciantes destacan que el D.S. 4232/20 amenaza al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia, traducido en sus semillas nativas, en especial al maíz del que se tienen más de 70 variedad en el país; a la biodiversidad y a la Madre Tierra, ambos sujetos de derechos en aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 300 de la Madre Tierra; a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa que se verían afectados por los componentes, como el glifosato, de los que vienen acompañados los transgénicos; a los bosques y suelos por la deforestación para la expansión de los cultivos; y a la salud humana.
Ante esta acción, Publiagro consultó con Leonardo Tamburini, abogado e investigador argentino especializado en temas indígenas, además de director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), los objetivos que se persiguen con la misma.
Inicialmente justificó que este es un recurso constitucional de defensa de los derechos colectivos y los derechos difusos de los ciudadanos frente a violaciones o amenazas de violación a los derechos colectivos de un conjunto determinado de personas o poblaciones específicas.
En este caso, dijo que había sido firmada por once personas entre las cuales está tres representantes indígenas, más diversos activistas, profesionales y representantes de instituciones defensoras de la ecología que conforman una gran asamblea por los bosques, con más de 700 miembros, conformada para buscar frenar la destrucción de la Chiquitania ante el incendio que sufrió en 2019.
Este grupo reclama que el actual Gobierno no solo decidió continuar con las políticas extractivistas y destructoras del medio ambiente que había iniciado el Gobierno del MAS, sino impulsarlas, acelerarlas y darles mayor expansión y por ello se conformó diversas comisiones para, entre otras cosas, presentar esta demanda.
Tamburini cuestionó que la definición de una política estratégica agropecuaria no puede ser tomada por un gobierno de transición en medio de una pandemia.
“Me parece canalla haber adoptado estos decretos, además sabiendo la altísima resistencia que hay de sectores sociales, populares, de sectores intelectuales que se oponen a este tipo de políticas. Por esta está prevista en la Constitución la prohibición expresa de que se importen, comercialicen u produzcan este tipo de semillas y este tipo de productos derivados y sus paquetes tecnológicos”, reclamó a tiempo de mencionar que para eso está la justicia y a través de ella intentarán lograr los resultados previstos.
En caso de no ser escuchados en el ámbito nacional, dijo, se solicitará inicialmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que en el caso de aprobarse este tipo de cultivos generaría”.
Riesgos identificados
Se citó como ejemplo que de aprobarse el uso de maíz OGM se pondría en riesgo a las diferentes variedades de semillas de maíz que ha desarrollado el pueblo guaraní en la zona del Chaco, como también manifestaciones culturales que giran en torno a la producción de maíz, como el Arete Guazu.
Otros reclamos
Otras acciones que se ha decidido encarar son cuestionar la legitimidad de la composición del Comité Nacional de Bioseguridad, también se busca probar mediante estudios técnicos cuáles serán los impactos de los cultivos transgénicos.
Convivencia de cultivos
Consultado si según su visión podrán convivir los cultivos orgánicos con los transgénicos, el representante de los demandantes expresó las leyes a los que se acogen en su protesta son claras y se tendría que construir de manera consensuada una salida a los transgénicos.
“La producción transgénica, en varios países está siendo eliminada. No es una opción productiva a largo plazo. Nos puede generar renta económica, pero genera destrucción del medio ambiente. Argentina perdió más del 30% de sus bosques nativos a partir de la introducción de estos cultivos y ha generado migraciones de millones de personas hacia las ciudades (…) y en Brasil y Paraguay, exactamente lo mismo”, defendió.
En su lugar, Leonardo Tamburini, indicó que la coexistencia debe ser de modelos productivos que tengan todos como lógica intercultural el respeto del medio ambiente, agregando que a la producción transgénica le estorba todo elemento que no sea privilegiar el cultivo que protege.
Fuente: Publiagro
